Editorial: Cambios eléctricos

Cualquier economía de mercado funcional necesita calibrar de manera muy fina las intervenciones del Estado en el quehacer de las empresas, de los consumidores y en la manera cómo interactúan. La regla general es que una sociedad libremente organizada, en la que los productos, servicios y precios son determinados por la oferta y demanda –y no desde una oficina burocrática–, suele alcanzar mejores resultados.

Esta regla general, como todas, admite algunas excepciones. Una de las más obvias es el caso de los servicios públicos regulados. Aquí, al no haber suficientes espacios para la competencia entre empresas, el sector público interviene para garantizar que el precio, el acceso y la calidad del servicio sean adecuados para empresas y consumidores.

Intervenciones de esta naturaleza en la actividad empresarial, pues, tienen que darse de manera sumamente técnica, predecible y sin los sobresaltos propios de arenas más políticas. Es precisamente por ello que preocupa sobremanera lo acontecido recientemente entre Osinergmin y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La historia se ha hecho conocida. A mediados de agosto de este año, Osinergmin publicó el proyecto de fijación de tarifas de distribución eléctrica. Como es usual, este recibió comentarios y sugerencias de parte de las empresas interesadas que el regulador debía evaluar para, a mediados de octubre, concluir el proceso con la publicación de la tarifa de distribución eléctrica final. Esta regiría por los siguientes cuatro años.

En los primeros días de octubre, sin embargo, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo (DS) N° 027-2018-EM. La norma modificaba el procedimiento en curso, exigía la incorporación de estudios técnicos más detallados –por lo cual aplazaba la determinación final del precio–, y, según Osinergmin, iba a impedir una reducción del 6% en el precio de las tarifas eléctricas.

Ante ello, el regulador emitió un comunicado en el que manifestaba su disconformidad con el decreto en cuestión y denunciaba una vulneración de su autonomía para fijar tarifas según los criterios técnicos que considere pertinentes y en los plazos adecuados. Según Osinergmin, el DS “no fue puesto previamente en conocimiento del regulador, ni prepublicado para ser sometido a comentarios de la opinión pública, a pesar de la implicancia directa en la economía de los usuarios del servicio público de electricidad”. El Gobierno acusó la queja y, a los pocos días, dejó sin efecto el DS. El remezón tuvo como consecuencia la salida del viceministro de Electricidad, Raúl García Carpio.

Más allá de la discusión de fondo sobre si el cambio propuesto por el DS era adecuado o no, las idas y venidas del Minem frente a Osinergmin restan credibilidad a la política regulatoria y demuestran, en el mejor de los casos, descoordinación interna. Al mismo tiempo, los eventos abonan incertidumbre en un sector de grandes inversiones, con proyectos de larga maduración, que afectan a millones de peruanos, y que debe manejarse bajo principios estables y técnicos.

Si hubo o no intereses subrepticios en esta historia no queda del todo claro, pero la imagen de regulación del sector sin duda se ve dañada. La independencia de los reguladores públicos de la actividad privada, sea Osinergmin, Osiptel, Ositrán, la SBS, o cualquier otro, de intereses políticos o empresariales es fundamental para que el modelo mantenga legitimidad frente a sus empresas reguladas y frente a la sociedad en general.

Como decíamos al inicio, al Estado se le da excepcionalmente la facultad de regular de manera directa a ciertos sectores de la economía. Esta facultad tiene que ser asumida de manera seria y responsable.