Editorial: Desenlace crudo

La disfuncionalidad ha sido una de las improntas más notorias de la administración del presidente Pedro Castillo. Un ejemplo reciente, de la semana pasada, fue el cortocircuito entre el propio mandatario y, por lo menos, parte de su Gabinete a propósito de su estrategia política. Según el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, el motivo de la intrascendencia del mensaje del presidente ante el Congreso del martes pasado fue que, “a última hora”, este decidió no anunciar la propuesta de adelanto de elecciones generales. No queda claro si la idea del cambio del cronograma electoral fue una iniciativa consultada en el Consejo de Ministros (dos ministros han dicho ya que no fue el caso) ni, de cualquier modo, qué motivó la indiscreción de Torres.

Pero probablemente el cortocircuito más grueso de la semana anterior se dio alrededor de la empresa estatal Petro-Perú. El mismo día en que el presidente Castillo se presentaba en el hemiciclo, la agencia Standard & Poor’s (S&P) rebajaba la calificación de los bonos de la petrolera a BB+, lo que los colocaba en una categoría conocida como deuda especulativa. La negativa de PriceWaterhouseCoopers (PwC) para auditar los estados financieros de Petro-Perú, y que catalizó la decisión de S&P, ponía a la empresa en una posición sumamente vulnerable ante sus acreedores. Fitch Ratings había ya rebajado la calificación de la deuda una semana antes.

En ese contexto, los ministerios de Energía y Minas (Minem) y de Economía y Finanzas (MEF) ventilaron sus diferencias respecto del futuro de Petro-Perú. El Minem, como se recuerda, es liderado por Carlos Palacios, anterior funcionario del Gobierno Regional de Junín y cercano a Vladimir Cerrón. Impasible ante al cúmulo de escándalos recientes y la precaria situación de la empresa pública, Palacios defendió la gestión del renunciante gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, e intentó forzar la mano del MEF mediante la convocatoria a una junta de accionistas cuyo punto central era la “aprobación de respaldo absoluto a favor de Petro-Perú por parte del MEF”.

El sábado, el MEF, con Óscar Graham a la cabeza, rechazó la convocatoria por no ajustarse a “las disposiciones contenidas en el estatuto social de Petro-Perú”. Era claro que Graham no quería reforzar la imagen de debilidad que había quedado para su ministerio tras la pérdida de diversas batallas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Para entonces, la tensión había subido demasiado y un desenlace tajante ya era inevitable. Durante la jornada del sábado, se escucharon rumores sobre la inminente salida de Graham del MEF, que habría supuesto un espaldarazo tanto para Chávez como para el ministro Palacios. Sin embargo, en medio de todo este desaguisado, otra situación vino a darle un giro de tuerca más al asunto y –todo hace indicar– empujó a Chávez a presentar su renuncia como gerente de la petrolera estatal. Anoche, el programa “Punto final” destapó otro escándalo más referido a licitaciones bajo su gestión.

A pesar de lo que algunos quisieran leer, con la renuncia de Hugo Chávez no hay ningún final feliz aquí. Si bien se evitó que la principal empresa del país continuase en manos de un personaje deleznable, mucho del daño ya está hecho. La institucionalidad de Petro-Perú ha sido progresivamente demolida en estos meses, junto con la credibilidad de sus procesos de compra y de sus estados financieros. Sus pérdidas de capital humano y de calificación crediticia no son fáciles de recuperar. Y queda por ver quién será el reemplazo de Chávez en la gerencia.

No hay que olvidar que el responsable central de todo esto se sienta en Palacio de Gobierno. En un audio propalado a inicios de año, Chávez se jactaba de que dejaría el cargo “al día siguiente de que se vaya el presidente” Pedro Castillo. Su percepción de seguridad laboral se demostró exagerada, pero el problema de fondo sigue siendo la continuidad de quien lo catapultó al cargo y ahí lo mantuvo. Y por eso, aunque cambie a su cabeza, la situación de la petrolera estatal seguirá siendo muy poco prometedora.