No ratifiquen el despropósito

El jueves el presidente del Congreso, José Williams, decidió aplazar una semana la segunda votación de la ley que endurece las penas por difamación y calumnia en nuestro país, también conocida como ley mordaza. Ello, luego de recibir en Palacio Legislativo a algunos representantes del sector que se verá directamente perjudicado por esta iniciativa, como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).

Esta decisión, por cierto, será positiva solamente en la medida en que les permita a los 69 legisladores que aprobaron esta insensatez en primera votación reflexionar seriamente sobre las consecuencias que esta ley tendrá para el país. Unas que están amarradas no solamente a la persecución penal de reporteros –contra quienes ya se ha venido usando el ordenamiento jurídico vigente para castigarlos por su trabajo–, sino contra la ciudadanía en su conjunto, pues es evidente que tendrá un efecto de autocensura en los periodistas que preferirán no revelar destapes particularmente sensibles si la consecuencia por ello será terminar en una audiencia del Poder Judicial.

Como ha informado este Diario, al menos dos bancadas que apoyaron la iniciativa de manera mayoritaria vienen evaluando su postura final: Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular (RP). Por parte del primero, el vocero de la agrupación, Eduardo Salhuana, le explicó a este Diario que “hay que ser prudente cuando uno legisla y saber escuchar a la opinión pública. En el caso de APP, vamos a hacer eso, hemos coordinado telefónicamente con algunos colegas, vamos a conversar antes y tomaremos una decisión”. Mientras que en RP el portavoz alterno de la bancada, José Cueto, manifestó que “lo vamos a evaluar ahora, todavía no lo hemos definido”. Aunque luego precisó que, a su juicio, la iniciativa “no es una ley mordaza de nada”.

Como sabemos, para aprobar el dictamen en segunda votación se requiere el respaldo de apenas la mayoría simple de los parlamentarios (esto es, la mitad más uno de los asistentes a la sesión), por lo que, tomando en cuenta que tanto APP como RP concentran 20 votos, estos grupos podrían terminar inclinando la balanza.

Lamentablemente, en otros grupos como Acción Popular, Perú Libre o el Bloque Magisterial no parecen estar dispuestos a dar marcha atrás en este atropello. Para eso, insisten en repetir una serie de falacias que, a estas alturas, nadie más que ellos podría creerse. La verdad es que esta ley no parece otra cosa que una venganza del Congreso contra la prensa que, en los últimos dos años, ha venido exponiendo la catadura moral de sus integrantes.

No es casualidad, por ejemplo, que este Diario haya encontrado que al menos 25 de los 69 congresistas que dieron su respaldo al proyecto en primera votación enfrentan investigaciones en el Ministerio Público, abiertas, en muchos casos, luego de sendos destapes periodísticos. Es el caso, por ejemplo, de las legisladoras de APP María Acuña y Magali Ruiz, y de Heidy Juárez (Podemos Perú), a quienes las autoridades investigan por el presunto delito de concusión, luego de que diferentes medios de comunicación revelaran testimonios que las comprometen en un supuesto recorte de sueldo a los trabajadores de sus despachos. O del legislador Américo Gonza (Perú Libre), que sustentó el proyecto el pasado 4 de mayo en el pleno, quien afronta una investigación por presunta organización criminal y tráfico de influencias en el caso de los ascensos irregulares en la policía durante el gobierno de Pedro Castillo. O de los 13 ‘Niños’ investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Y la lista sigue.

Más allá del dilema evidente que implica que quienes hayan sido puestos en aprietos por la prensa ahora apoyen una ley contra esta, esta circunstancia puede ayudar a entender por qué tantos parlamentarios le han dado su endose a la iniciativa.

Ojalá que, aunque no sea lo usual, por esta vez primen la sensatez y la cordura entre los parlamentarios.