Editorial: Ministerio de desempleo

No son pocos los críticos del Gobierno que argumentan que la presente administración carece de norte y que, en consecuencia, no ha avanzado en su agenda política. De hecho, desde estas mismas páginas hemos realizado apuntes en tal sentido. Pero la fustigación –reconocemos– no es del todo exacta. Hay espacios en los que el Gobierno sí ha tomado acciones y presentado una visión concreta: el problema es que la perspectiva que ofrece es precisamente la opuesta a la que el país necesita. El ejemplo más claro de esto último es su política laboral.

Desde el inicio, la llamada agenda 19 –presentada por el entonces titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) Iber Maraví– ofrecía un conjunto de medidas orientadas a hacer más rígidas y costosas las contrataciones en los sectores público y privado. A pesar de los serios cuestionamientos que recibió Maraví, su sucesora, la actual ministra Betssy Chávez, decidió continuar con su agenda.

Y la ministra ha sido especialmente proactiva. El MTPE viene empujando, por ejemplo, un aumento del salario mínimo a pesar de que existe amplia evidencia de que los costos de este incremento –en términos de informalidad y desincentivos a la contratación– superan de largo los beneficios. Más aún, según el propio MTPE, ni las centrales sindicales ni los gremios empresariales agrupados en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) estaban de acuerdo en empezar a discutir el tema. La batuta, en solitario, la lleva aquí la ministra Chávez.

Con el mismo ímpetu, el MTPE habría planteado duplicar la indemnización por despido arbitrario y eliminar el tope de pago, según “Gestión” (actualmente, se abona un mes y medio de salario por cada año trabajado, con un máximo de 12 sueldos). La norma contribuiría a hacer aún menos dinámico un mercado laboral que, vale reconocer, todavía no se recupera a los niveles anteriores a la pandemia. Desde el campo del sector público, la ministra también ha promovido que Servir forme parte del MTPE, en una clara concesión a los sindicatos de trabajadores estatales y en desmedro de la meritocracia y el servicio al ciudadano.

La semana pasada, además, la ministra Chávez –que también es congresista por Perú Libre– envió un oficio a la Comisión de Economía del Congreso en el que solicitaba priorizar la revisión del proyecto de ley para el retiro del 100% de fondos de las AFP. El pedido –lo sabe de sobra la ministra– es un golpe mortal para el sistema y dejará desprotegidos a millones durante su vejez, además de afectar el mercado financiero nacional. Pero en la visión del MTPE, el componente ideológico pesa más que las consecuencias reales de sus acciones.

El MTPE no solo ha planteado soluciones perjudiciales para la protección social y para el empleo; también las ha implementado. A través de un decreto supremo, y yendo en contra de la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno restringió la tercerización de servicios. La regulación pone en riesgo decenas de miles de empleos y atenta contra la especialización laboral y la libertad de empresa.

La ministra Chávez, pues, ha estado ocupada, y su agenda es sistemática y consistente. Se trata, principalmente, de complicar lo más posible a las empresas que operan formalmente y reducir los incentivos para la contratación formal. Después de todo, era injusto, decíamos, señalar que en este Gobierno nadie hacía nada. También hay quienes destruyen.