Editorial: Otros cuatro años

La detención de Elías Cuba Bautista, alcalde de La Victoria, la semana pasada en medio de un escándalo de corrupción tuvo un sabor amargo pero conocido. Como se sabe, Cuba Bautista es sindicado de ser el líder de una banda criminal que se apropió de S/25 millones anuales en cobros ilegales a ambulantes y de estacionamiento en Gamarra y el Mercado de Frutas. Según el Ministerio del Interior, esta red además habría estado involucrada en cuatro asesinatos.

Decíamos que el sabor es conocido porque no es, ni de cerca, la primera de estas detenciones edilicias. El alcalde de Villa María del Triunfo, Ángel Chilingano, cayó en diciembre pasado y enfrenta 18 meses de prisión preventiva por presuntamente dirigir una banda dedicada a la extorsión y al cobro de cupos. Un mes después se detuvo al alcalde de Santa Rosa, Carlos Arce, con acusaciones de usurpación agravada, sicariato, falsificación y corrupción. Jorge Luis Barthelmess (San Bartolo) –prófugo–, Richard Ramos (Chilca) e Ismael Fernández (Huarochirí) tienen procesos similares. Y eso solo en la región Lima y solo en año y medio.

La situación no es mucho mejor en el resto del Perú. De Tumbes a Tacna, el número de alcaldes procesados es alarmante. Según indicó el contralor Nelson Shack el año pasado, “hay presencia del control en no más del 8% de los municipios distritales”, lo que explica que tengan “cancha libre para hacer lo que quieren con el dinero público” y que ser alcalde sea “un gran negocio para aquellos que han traicionado su vocación de servicio”.

En esto hay una responsabilidad profunda de los partidos políticos nacionales y movimientos regionales que sirven de instrumento para que bandas criminales accedan al poder público. Algunas agrupaciones llevan especial culpa. Solidaridad Nacional, por ejemplo, tiene cuatro alcaldes detenidos en Lima, incluyendo al mismo Elías Cuba, pero difícilmente es el único. Chim Pum Callao cobijó entre sus filas a más de un procesado. Ramos y Fernández pertenecen a Concertación para el Desarrollo Regional–Lima, en tanto movimientos regionales de Apurímac, Huánuco, Áncash, Cajamarca y otras provincias tienen representantes con mayor prontuario que experiencia profesional en gestión pública.

Esta situación es especialmente preocupante en vista de las elecciones regionales que se avecinan en menos de dos meses. ¿Qué reformas ha tenido el sistema político y de representación que permita anticipar un mejor resultado que el obtenido en las elecciones del 2014? Luego de cuatro años e innumerables casos de corrupción y crimen organizado del más alto nivel en los pasillos municipales de todo el país, ¿qué acciones preventivas han tomado los partidos y el Congreso para que escenas como estas no vuelvan a suceder? Las leyes que prohíben la participación electoral de personas condenadas por terrorismo, tráfico de drogas y otros delitos graves, y que promueven la bancarización de los aportes de campaña, fueron un avance. Sin embargo, el marco general de partidos sin bases, falta de supervisión, financiamiento opaco, ausencia de filtros internos para candidatos y mecanismos de rendición de cuentas inexistentes sigue tan igual como hace cuatro años.

La política del día a día, la que se relaciona de manera más directa con el ciudadano y que es la cara del Estado en cada punto del país, se construye desde las representaciones distritales y provinciales. Así, en muchas ocasiones, lo que se ve a nivel nacional es solo un reflejo de las limitaciones y desvíos que se arrastran desde la política local y que van trepando y tomando forma. Si se pretende un cambio serio en la política nacional, no hay ya más excusa para continuar pasando por alto lo que sucede elección tras elección en la política local.