Editorial: Subsanar e insistir

Este proceso electoral nos enfrenta a ciertos problemas de tipo institucional, cuya solución debe servir para sentar jurisprudencia y mejorar la seguridad jurídica. Si bien la neutralidad de las autoridades es un principio evidente de nuestras convenciones constitucionales y legales, la imprudencia de algunos actores puede abrir la puerta a tentaciones, errores y excesos en esta dimensión de la democracia.

En ese sentido, a fines de diciembre el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 (JEE) determinó que el presidente Ollanta Humala había incurrido en una infracción del principio de neutralidad tras haber atacado en 13 oportunidades a diversos candidatos y agrupaciones políticas en carrera. La resolución no disponía sanción alguna, sino que ponía el hecho en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A la vez exhortaba a todos los funcionarios de la administración pública a “cumplir con el principio de neutralidad como debe ser esencial de toda autoridad”.

No obstante, ayer, el JNE emitió una resolución en la que objeta la emitida por el JEE. Según el documento, la infracción carecería de regulación legal y reglamentaria, habría afectado el derecho de defensa del mandatario –pues el JEE no notificó personalmente a Humala– y tendría “vicios de motivación” (es decir, carecería del sustento necesario).

El JNE, sin embargo, no determina que el presidente no haya atentado contra la neutralidad electoral. De hecho, la objeción a lo planteado por el JEE responde más a la forma que al fondo de los hechos. El JNE, entonces, ordena la devolución de los actuados para que el JEE pueda renovar los actos con cumplimiento de los parámetros expuestos en la resolución.

Si bien es cierto que las intervenciones que menciona el JEE no empañaron de manera definitiva o irreparable el proceso electoral, no cabe duda de que el mandatario tiene una posición de ventaja y puede acaparar con facilidad la atención de la ciudadanía (en ocasiones con mayor efectividad que algunos candidatos). Por ello, debe guardar especial cautela en sus declaraciones.

No olvidemos, pues, que en reiteradas ocasiones el presidente Humala criticó con severidad a Alberto Fujimori –llamándolo “ladrón de marca mayor”– y al ex presidente y hoy candidato presidencial Alan García –a quien habría aludido con menciones a su silueta–. De igual manera, se refirió a los discursos de los candidatos en CADE como “populismo empresarial” e indicó que creía que estos no se acercaban a zonas necesitadas de ayuda social, pues “normalmente no tienen nada que ofrecer”.

Humala no ha sido, por supuesto, el primer mandatario en intervenir durante procesos electorales. Se recuerda, por ejemplo, el apoyo de Alan García a Jorge del Castillo durante la campaña municipal de 1986, y el de Alberto Fujimori a Jaime Yoshiyama en los comicios de 1995. Con este contexto histórico, resoluciones como la del JEE cobran mayor importancia, pues muestran la intención de las instituciones responsables de salvaguardar los principios democráticos (a diferencia de lo visto en casos anteriores).

Una de las principales responsabilidades de un jefe de Estado es, justamente, velar por la transparencia de las elecciones y facilitar que estos procesos sean un reflejo cabal de la voluntad ciudadana.

Nos interesa, después de todo, alentar a las autoridades de hoy y de mañana a que se inhiban de infringir un principio que resulta esencial para el ejercicio libre del voto. 

Por ello, es tarea del JEE subsanar las observaciones del JNE e insistir con el llamado de atención, para así evitar intervenciones de funcionarios que pudieran inclinar la balanza electoral. La decisión sobre quién debe gobernarnos, finalmente, debe gozar de las mayores seguridades y, para ello, el Estado y sus representantes deben quedar fuera del proceso.