Editorial: El deber y el haber

Cualquier plan de negocios elemental o presupuesto familiar básico tiene dos componentes centrales: los ingresos y los gastos. Calzar ambos flujos –siquiera de forma aproximada en un tiempo prudencial– es fundamental para que la empresa no naufrague o la familia no se encuentre en una situación de apremio financiero en el futuro próximo.

No obstante, durante el último debate entre candidatos presidenciales organizado por este Diario e IDEA Internacional, los postulantes ofrecieron solo la mitad de la receta: aquella referida a los nuevos programas, proyectos y gastos que se ejecutarían durante su eventual administración. Cuestionados específicamente sobre la manera en que financiarían estas promesas de campaña, los postulantes ignoraron la pregunta, la malentendieron o, en el mejor de los casos, tuvieron aproximaciones sumamente generales de respuesta.

Fue curioso que, por ejemplo, como parte de la explicación sobre las maneras de captar ingresos públicos, algunos candidatos profundizaran en lo opuesto: los modos que tienen en mente de gastarlos. Fue el caso de Daniel Urresti, candidato presidencial de Podemos Perú, quien –aparte de hacer una evasiva referencia a su plan de gobierno aludiendo que “ahí está perfectamente explicado”– incidió en que crearía un fondo de US$1.000 millones para las mypes. Fue también el caso de Yonhy Lescano, candidato por Acción Popular, quien ofreció más inversiones públicas y préstamos subsidiados para pequeñas empresas. Esta última oferta fue también mencionada por la representante de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, junto con más bonos para las familias vulnerables y empleo temporal con planilla pública –todos asuntos que se cuentan en los débitos del Estado más que en los créditos–.

Entre las respuestas se incluyeron también referencias al combate de la evasión fiscal, mencionada por George Forsyth (Victoria Nacional); a la necesidad de incrementar la formalidad, señalada por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), o a una reforma tributaria integral, punto hecho por Verónika Mendoza. Estos temas, dependiendo cómo se estructuren, sí podrían ayudar a generar ingresos para el Tesoro Público, pero la generalidad con la que se elaboraron apunta a que debajo de la frase efectista podría no haber demasiado fondo. Peor aún, ensayos de reforma tributaria pobremente concebidos o improvisados tendrían el efecto opuesto al que se busca, al disminuir los incentivos para declarar, trabajar o invertir.

Naturalmente, para quienes aspiran a un cargo público es más cómodo explayarse sobre las promesas de nuevos y grandes proyectos que sobre cómo se va a saldar la cuenta. Pagar más impuestos no es asunto popular y, al poner en blanco y negro la fuente de esos ingresos frescos, quienes soportarán la carga impositiva podrían verse menos atraídos por esa opción política. Los candidatos que aluden a la reducción de exoneraciones tributarias, por ejemplo, harían bien en especificar que las principales exoneraciones se orientan a la agricultura y a la selva.

Este cálculo electoral, sin embargo, no exime de modo alguno a los candidatos a la presidencia de tener una respuesta sólida respecto al equilibrio financiero de su plan de gobierno. Si las propuestas no vienen acompañadas de una manera concreta de ser financiadas se convierten o bien en un riesgo para el balance macroeconómico si se implementan, o bien en un timo a los votantes si no se implementan.

Por supuesto, la otra opción es que la debilidad de las respuestas de los candidatos sobre los mecanismos de financiamiento no se deba tanto a un cálculo electoral, sino a una –más pedestre– ausencia de ideas. Cuál de estos dos sería la peor alternativa para el país no queda del todo claro.