Marcha atrás

La congresista Patricia Chirinos ha presentado un proyecto de ley que propone eliminar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y devolver las competencias que ella ostenta a la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao. El argumento que esgrime para sustentar la iniciativa es que “la ejecución presupuestal de la ATU ha sido baja e ineficiente”, por lo que no se ha logrado traducir tal presupuesto en “obras, expansión de cobertura, mejoras de flota ni desarrollo de sistemas de información ciudadana”. Alega, además, una supuesta “necesidad de rectificar la ineficaz centralización operada por la ATU”. Y la verdad es que negar que en los seis años que lleva funcionando la mencionada entidad no ha logrado lo que se esperaba de ella sería descabellado… Pero, como ha declarado a este Diario el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, por lo menos ha terminado el plan regulador y el plan de movilidad urbana, y finalmente todos los sistemas de transporte operan bajo una misma autoridad. Retroceder al escenario en el que cada alcalde gestionaba por su cuenta el transporte de la provincia o distrito que gobernaba sería una necedad. Aquello fue una situación calamitosa en la que reinaba el caos y prosperaba la prestación ilegal del servicio en cuestión.

Según el proyecto, por supuesto, lo que se plantea no es “un regreso al pasado, sino una corrección constitucional, técnica y legal del modelo actual”. Pero una lectura cuidadosa del documento sugiere exactamente lo contrario. De acuerdo con un informe publicado por este Diario que rescata la opinión de especialistas, algunos de los argumentos y justificaciones que se mencionan en el proyecto de ley no se ajustan a la realidad. Tal es el caso de la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre en el país, que señala que no puede haber dos municipios provinciales contiguos gestionando el transporte urbano, y los obliga a constituir una sola autoridad para tal fin; o sobre la “pobre ejecución presupuestal”, cuando en realidad, según José Aguilar, expresidente de la ATU, esta “es una de las entidades que tienen más ejecución, mayor del 95% todos los años”.

Preocupa, entonces, que la real intención de los congresistas que propiciaron este proyecto de ley sería de índole político, ganar votos y congraciarse con un sector descontento con la regulación de la ATU. ¿Es eso lo que está detrás de esta iniciativa de la legisladora Patricia Chirinos o solo un profundo desconocimiento de la materia que se pretende abordar? Ninguna de las dos opciones es buena, pero la primera sería particularmente grave.

De cualquier modo, la marcha atrás que se procura poner en práctica con esta contrarreforma es injustificable. Tiene el aspecto de ser un paso atrás, no para ir luego hacia adelante, sino para posteriormente seguir retrocediendo. Esperemos que desde la propia bancada de la parlamentaria que nos ocupa surja pronto una voz de alarma y una reacción contra la insensatez que se nos quiere imponer con esta subrepticia restauración del desorden que, lenta pero verificablemente, habíamos empezado a superar.