Editorial: Ya estuvo bueno

Las semanas siguientes a la segunda vuelta vienen poniendo a prueba nuestro sistema democrático. Aún permanecemos a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame a un ganador y hoy queda claro que lo que empezó con el empleo de recursos legales legítimos para cuestionar la idoneidad de algunas actas por parte de Fuerza Popular (a través de impugnaciones y pedidos de nulidad) ha empezado a transformarse en un intento de diferentes sectores políticos por dilatar el proceso lo más posible. Todo amparado en acusaciones de fraude que hasta ahora no han sido comprobadas y que, también, ya han sido usadas como pretexto para sugerir el quiebre del Estado de derecho, ya sea a través de un golpe o anulando los comicios del 6 de junio. Todo en medio de un clima de polarización y crispación nacional, amenazando con llevar al país al abismo.

Buena parte de la incertidumbre recae en el mismo JNE. Sus idas y venidas con respecto a la ampliación de los plazos para presentar nulidades y, en general, su renuencia a analizar el fondo de las denuncias presentadas, eligiendo quedarse en la forma, no han contribuido a comunicar la transparencia que un proceso como este demanda. Todo ello se refleja en el 37% de aprobación que tiene el organismo, según una encuesta de El Comercio-Ipsos. La ONPE, según el mismo sondeo, solo registra 45% de aprobación. Aquí cabe condenar tajantemente los ataques que sufrió ayer el jefe del organismo, Piero Corvetto. Nada puede justificar un suceso como ese. Frente a las dudas de la ciudadanía, el antídoto es claro, como dijo Gonzalo Zegarra en una entrevista a este Diario: “El JNE se debe tomar el tiempo que sea necesario y razonable para descubrir la verdad electoral de la manera que le dé mayor legitimidad a quien quiera que sea el beneficiario”.

Pero hay varias acciones que han estado fuera de las manos de los entes electorales. La “declinación” de Luis Arce Córdova a sus funciones como miembro del pleno del JNE, por ejemplo, es una muestra de los intentos claros que ha habido para dilatar el proceso. Algunos han buscado revestir su decisión como un acto heroico, toda vez que ha acusado –sin prueba alguna– a sus pares de politizar las conclusiones alcanzadas por la autoridad electoral, pero lo suyo, más que cualquier otra cosa, es una claudicación a sus funciones y responsabilidades. La clara y legítima discrepancia con sus colegas tenía que expresarla a través de su voto, tal como ocurre en múltiples instituciones con reglas similares. Pero eligió entrampar el proceso con la anuencia de quienes insisten con la narrativa del fraude. Una circunstancia que solo ha servido para atizar la incertidumbre.

En todo caso, buena parte del daño ya está hecho. Con argumentos o sin ellos, pero definitivamente sin pruebas sólidas, se ha logrado tejer dudas –que calan con más fuerza en los grupos de la ciudadanía a los que el resultado del conteo oficial ha disgustado– sobre la asepsia de la elección. Ello a pesar de que, incluso, varios organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos, y hasta un estudio de Ipsos, han certificado la limpieza de la jornada de sufragio.

En concreto, según la encuesta publicada hoy, 26% del país cree que hubo fraude, 27% que hubo irregularidades marcadas y 39% que, aunque hubo algunas irregularidades, las elecciones fueron limpias. Un escenario lejos de ser el ideal, sobre todo cuando faltan pruebas claras de lo primero.

No ha ayudado a aliviar la tensión que Pedro Castillo, sus adláteres y algunos representantes de la izquierda internacional proclamen la victoria del primero antes que el JNE. Ante un escenario tan complejo y tenso, esto solo ha añadido leña al fuego de manera innecesaria.

En todo caso, lo que necesita el país está claro: certeza y conocer quién será el próximo presidente. Para ello, los candidatos tendrán que prepararse para guiar a sus seguidores por el camino del respeto escrupuloso al Estado de derecho y a los resultados electorales. Al mismo tiempo, las maniobras para dilatar el proceso, en perjuicio del país, tienen que parar y ser denunciadas por lo que son, en lugar de ser celebradas. Y, por último, el JNE tiene que hacer su trabajo de manera transparente y, de una vez por todas, permitirnos pasar la página.

Ya estuvo bueno.