El Congreso de la República ha cometido un error histórico e imperdonable al elegir al congresista José María Balcázar (Perú Libre) presidente de la Mesa Directiva y, con ello, presidente de la República interino. Esta decisión no solo constituye una afrenta a la dignidad de las mujeres y niñas peruanas, sino que representa una clara manifestación de la irresponsabilidad y desconexión moral que caracteriza a una parte de la actual representación nacional. Los congresistas que votaron por Balcázar cargan sobre sus espaldas la responsabilidad de haber colocado en el poder a una persona cuyas declaraciones y convicciones resultan absolutamente incompatibles con los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales.
Balcázar ha reiterado su justificación del matrimonio infantil, argumentando que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer” y que las menores de 14 años tienen “madurez psicológica” para casarse. Sus declaraciones no son errores del pasado que haya rectificado. Por el contrario, hace apenas días, cuando fue consultado sobre su postura frente a la posibilidad de asumir la presidencia, lejos de mostrar arrepentimiento, afirmó que sus palabras fueron “sacadas de contexto” y se negó a ofrecer una disculpa. Insistió en que habla “siempre con propiedad” y que no tiene nada de qué arrepentirse.
Como si lo anterior no fuera suficientemente alarmante, fuentes de este Diario han señalado que Balcázar estaría dispuesto a ofrecer el indulto humanitario a Pedro Castillo, el expresidente sentenciado por golpista. Esta posición evidencia un profundo desprecio por la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Otorgar indulto a quien intentó disolver el Congreso y subvertir el orden constitucional sería un mensaje catastrófico para el país.
Esta propuesta no es casualidad ni simple “compasión humanitaria”. Responde a una agenda política alineada con sectores que nunca han aceptado la caída de Castillo y que buscan revertir las consecuencias legales de sus actos delictivos. Colocar en la presidencia a alguien dispuesto a materializar este perdón es entregar el poder a quien trabajará activamente contra los principios republicanos que debería defender. Y, aunque Balcázar ha señalado ayer que el indulto no está en su agenda “por el momento”, habrá que estar vigilantes para que esta afrenta a la democracia no se concrete.
El Legislativo es absolutamente culpable de esta irresponsabilidad. Los congresistas que votaron por Balcázar conocían perfectamente su historial y sus declaraciones. No pueden alegar ignorancia ni sorpresa. Eligieron conscientemente a un candidato cuestionado por defender el matrimonio infantil, priorizando cálculos políticos mezquinos sobre el interés nacional. Un legislador que, además, representa a la izquierda retrógrada y antidemocrática de Perú Libre. Esta decisión revela la bancarrota moral de quienes la respaldaron y confirma la percepción ciudadana de que el Legislativo está completamente divorciado de las demandas y valores de la sociedad peruana.
La elección de Balcázar es una traición a las miles de niñas que cada año son forzadas a matrimonios que destruyen sus vidas, sus oportunidades educativas y su desarrollo integral. Es una burla a las organizaciones que durante años han luchado por erradicar esta práctica que constituye una forma de violencia de género. Y es un insulto a la ciudadanía que exige instituciones comprometidas con la protección de los más vulnerables, no con la normalización de su explotación.
La historia juzgará severamente a quienes propiciaron este momento optando por la censura de José Jerí, cuando el camino era la vacancia (Renovación Popular, Podemos Perú y otros partidos no pueden escapar de su responsabilidad). Asimismo, a quienes permitieron que Balcázar asumiera el poder, y acá resalta la complicidad de Alianza para el Progreso de César Acuña. Pero aún más duramente a quienes, pudiendo corregirlo, optaron por el silencio y prefirieron no votar en la jornada de ayer. Lo único que le toca al hoy encargado de la presidencia es garantizar elecciones transparentes y no cambiar el rumbo del Ministerio de Economía y Finanzas en estos pocos meses que tendrá el país a su cargo.
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