La falsificación no puede quedar impune

En los cinco días transcurridos desde que nos ocupamos por primera vez de las afiliaciones fraguadas con las que distintos partidos consiguieron su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, la situación se ha desbordado. Ya no se trata solo de las denuncias de ciudadanos que descubren su nombre en la nómina de un conglomerado político sin haberla jamás firmado, sino también del destape periodístico sobre auténticas fábricas de falsificación de rúbricas y huellas digitales que han ofrecido sus turbios servicios al mejor postor... y han encontrado varios.

Los más comprometidos son hasta ahora Nueva Gente, Primero la Gente (que tiene como precandidata visible a la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello), Perú Primero (alentado por el expresidente Martín Vizcarra, a pesar de que no puede postular a cargo alguno por haber sido inhabilitado por el Congreso), Voces del Pueblo (acaudillado por el congresista Guillermo Bermejo) y Ciudadanos por el Perú (vinculado al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte).

Un informe del programa dominical “Panorama” reveló recientemente que, en los últimos tres años, en medio de los esfuerzos de organizaciones políticas nacionales o regionales por lograr su inscripción, se registró un total de 238.335 firmas que debieron ser descartadas por indicios de falsificación. En muchos casos, además, se ha detectado que múltiples firmas corresponden a un mismo puño; es decir, que fueron hechas por un solo individuo. Y algo parecido ha sucedido con las huellas dactilares.

Se trata, claramente, de un esquema de timo que no puede quedar impune, y que tiene responsables en cada etapa. Para empezar, quienes hayan ofrecido el servicio tendrán sin duda sanción penal, y luego también los encargados de hacer las verificaciones a nombre del Estado, si es que se demuestra voluntad de dolo en el fallido cumplimiento de su labor. De lo contrario deberían ser objeto, al menos, de severas sanciones administrativas. Por último, pero no por ello menos importante, es indispensable sancionar a los partidos mismos. No es aceptable que organizaciones que han querido competir en las elecciones sobre la base de un engaño sigan en carrera. Entre otras cosas, porque si son capaces de colocarse en el partidor con semejante disposición fraudulenta, es de imaginar cómo podrían gobernar si es que saliesen triunfantes.