No mantengan el informe en secreto, por Noah Bookbinder

Cuando el presidente Donald Trump despidió a James Comey, ex director del FBI, muchos estadounidenses estaban preocupados de que a los investigadores nunca se les permitiera llegar al fondo del ataque de Rusia en las elecciones del 2016. A pesar de los continuos intentos del presidente por impedir la investigación, Robert Mueller, el fiscal especial, ha presentado un informe para su revisión al fiscal general William Barr.

Ahora que la investigación de Mueller está completa, el Departamento de Justicia debe revelar formalmente sus hallazgos al Congreso y al pueblo estadounidense, que tienen responsabilidades separadas e importantes.

Mueller y su equipo ya han establecido que el Gobierno Ruso emprendió un ataque múltiple en nuestra democracia. Para repasar: los oficiales de inteligencia militar rusos hackearon computadoras, redes y cuentas de correo electrónico asociadas con la campaña de Hillary Clinton y el Partido Demócrata, y luego lanzaron el material pirateado a través de Wikileaks. Por separado, los rusos utilizaron cuentas de redes sociales fraudulentas para influir directamente en las opiniones estadounidenses sobre la elección del 2016.

También sabemos que los principales miembros de la campaña de Trump se reunieron con los rusos, que prometieron información que podría dañar a Clinton.

Si bien estos y otros hallazgos ya se han hecho públicos, quedan aún muchas preguntas. La principal de ellas es si el fiscal especial encontró evidencia de que Trump obstruyó la justicia para impedir las investigaciones de su campaña y su administración. La obstrucción de una investigación es una afrenta a nuestro sistema de gobierno y la fe que el pueblo estadounidense tiene en él.

Asimismo, el informe debe comenzar a responder la pregunta crucial que se cierne sobre toda la presidencia de Trump: ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Es posible, por ejemplo, que Mueller haya descubierto evidencia de que Trump sabía de antemano las numerosas interacciones entre los operativos de campaña de alto nivel y los operativos rusos, o que conocía el plan para difundir los correos electrónicos hackeados en momentos estratégicamente importantes.

El informe también puede arrojar luz sobre por qué el fiscal especial aparentemente se ha negado a acusar a Trump. Que es política del Departamento de Justicia no acusar a un presidente en funciones es bien conocido. Dado esto, Mueller puede haber decidido que parte de la conducta de Trump, si bien es profundamente preocupante, inaceptable o incluso potencialmente ilegal, no se eleva al nivel de un delito imputable en el contexto presidencial. En tales circunstancias, el Departamento de Justicia debe transmitir al Congreso cualquier material que sea relevante, particularmente sobre posibles abusos de poder.

Es precisamente por eso que todo el informe debe estar disponible no solo para los representantes del público en el Congreso, sino también para el público en general. La responsabilidad de culpabilizar a los malos actores identificados en el informe, incluido Trump, ahora recae en el pueblo estadounidense y el Congreso. Sin acceso directo al informe de Mueller, el Congreso no puede decidir responsablemente si ejercer sus poderes de supervisión o juicio político, y el pueblo estadounidense no podrá tomar una decisión totalmente informada sobre si se puede confiar en Trump con el alto cargo que ocupa.

El informe y los hallazgos que lo respaldan deben publicarse.

–Glosado y editado–
© The New York Times