“¿Cómo se van todos?”, por Fernando Tuesta Soldevilla

En casi ocho meses, más allá del acecho que pueda sufrir de sus opositores, el deterioro del Gobierno es enorme y el dispendio de la cosa pública sirve para reproducir a un grupo de personas que esquilman y se reparten sectores del Estado hasta donde pueden. Este Gobierno no conduce; paraliza y, sobre todo, sobrevive. Sus banderas de campaña hace rato que han sido desechadas.

Pero este Gobierno se mantiene en pie, en parte, porque la oposición en el Congreso ha sido incapaz de mostrar alternativas creíbles y sensatas y, principalmente, porque comparten y defienden intereses. De esta manera, el Parlamento no ejerce un control político adecuado, por eso solo ha censurado a un ministro de una larga lista que merecía pasar por el cadalso de la censura.

La crisis política que se viene arrastrando desde el 2016 ha llegado a un nivel insostenible, pero estamos delante de un entrampamiento entre Gobierno y oposición. No es la oposición que sometió a Pedro Pablo Kuczynski, entre el 2016 y el 2018, ni el Gobierno de Martín Vizcarra que sometió al Congreso, entre el 2018 y el 2019. Ahora, más allá de bravatas, ninguno quiere presionar lo suficiente al otro, pues temen perder el control de los acontecimientos. Lo cierto es que, para ambos, si no hay vacancia ni renuncia presidencial que pueda llevar a elecciones adelantadas, es mejor no hacer nada. Las marchas por la vacancia, promovidas por la derecha, y las manifestaciones contra el indulto del sentenciado expresidente Alberto Fujimori, por la izquierda, no han tenido impacto en el curso de los acontecimientos.

En ese escenario, ha aparecido la propuesta del expresidente Francisco Sagasti que plantea –como otros– el adelanto de elecciones, a través de un proyecto de ley de reforma constitucional, como ocurrió en el 2000, pero utilizando el mecanismo contemplado en la Ley de Control y Participación Ciudadana. Para ello, se deben conseguir poco más de 75 mil firmas de adherentes y que esta iniciativa sea aprobada por el Congreso en dos legislaturas. Si no se consiguen los 87 votos, pero sí se supera la mayoría absoluta, se convocaría a un referéndum. Esta propuesta, que incluye modificaciones en las reglas de juego electorales, tiene algunos problemas que debe enfrentar. El más claro es que quienes tienen que aprobarla no quieren elecciones adelantadas. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que el Congreso, como en el 2000 y el 2018, ha aprobado modificaciones constitucionales que la mayoría no compartía porque la presión del contexto obligó a los legisladores a hacerlas. El otro tema es que sea asumida por un abanico importante de sectores políticos y sociales. Sin eso, la propuesta no sería viable. Finalmente, el tiempo entre el recojo de firmas, la presentación al Congreso y el trámite correspondiente convierte la propuesta en una salida de mediano plazo, en términos peruanos.

Comparada con una vacancia o renuncia, que tiene efectos casi inmediatos, esta salida requiere de sus promotores convicción, persuasión, organización y movilización que no se consigue rápidamente, como lo saben los que han recogido firmas tanto para convocar como para impedir una asamblea constituyente, sin haber presentado, hasta ahora, absolutamente nada. No obstante, si la propuesta tiene un cierto impacto, podría activar a una ciudadanía por ahora distante de las principales fuerzas en conflicto. Y, si logra tener éxito, el Congreso se vería obligado a pronunciarse y una negativa suya no sería fácil, sobre todo por la escasa legitimidad de la que goza y la alta desaprobación que tiene entre la opinión pública. El que “se vayan todos” podría colocarse en un punto de agenda que hoy solo aparece como un deseo inalcanzable.