“Sicarios atacaron a balazos una combi informal en un paradero de Huachipa. El chofer recibió un disparo y un transeúnte también resultó herido. El chofer está grave. La policía llegó horas después del ataque, cuando los comerciantes ya habían limpiado la escena del crimen” (publicado en X por la periodista Verónica Linares).
He escrito sobre esta cruel carnicería hace solo tres semanas. Lo vuelvo a hacer porque la situación pavorosa que describí es ahora mucho peor.
El Índice del Crimen y la Violencia (IDCV), que no solo registra los homicidios, sino también los intentos de homicidio –“trataron de matarlos, pero no lo consiguieron”–, registró 99 víctimas entre enero y mayo, casi todas en la metrópoli. Ahora, solo en junio y lo que va de julio ha habido 67. Por tanto, en los primeros 188 días del año contamos 166 víctimas, casi una por cada día. Con esa tendencia, al finalizar julio esa barrera será superada.
No es extraño, pues, que Martín Ojeda, dirigente de las empresas de transporte, sostenga que el 35% de las unidades tienen dificultades para conseguir conductores. Es que estamos exportando a España a nuestros mejores choferes y quedándonos con los jóvenes aprendices y los viejos que ya no consiguen otro empleo. La más golpeada últimamente ha sido la empresa Emmanuel, que sufrió tres ataques en 48 horas. Habría que agregar que los informales están peor y, entre ellos, sufren más los mototaxistas.
Vaya herencia que dejan Balcázar y su ministro del Interior, cuyo nombre escapa a mi recuerdo. Ellos lograron empeorar lo que hizo Jerí, quien, por cierto, será premiado con la máxima condecoración del Congreso por haber trapeado el piso con la institución presidencial.
El crimen violento es la principal preocupación de los peruanos. Entre ellos, de los empresarios, que son conscientes de que esta situación es insostenible. Así, una encuesta de la Sociedad Nacional de Industrias entre empresarios pregunta por las prioridades para los primeros 100 días. Para el 74%, la principal es reducir la inseguridad y, en un lejísimo segundo lugar, aparece la estabilidad socioeconómica (37%).
¿Qué viene con el nuevo gobierno?
Lo que parece venir –porque Keiko Fujimori está aún a tiempo de cambiar– es lo malo conocido y lo pésimo por conocer.
Sobre lo primero, ella ha anunciado que los militares saldrán a patrullar las zonas críticas. Mientras no cambie la Constitución, ello nos remite a repetir los estados de emergencia que fracasan desde los tiempos de Pedro Castillo.
La extorsión no se evita con patrullajes. Los militares no saben del manejo de la seguridad. Y, lo decisivo, no hay en ningún cuartel miles de efectivos sentados esperando que los convoquen. Ellos tienen muchas cosas que hacer y las tendrán aún más con los fenómenos naturales que se asoman. Más bien, con los que cuentan no pueden cumplir cabalmente las tareas que ya tienen.
Lo peor: quieren dar impunidad absoluta, vía el fuero militar-policial, a los miembros de ambas instituciones. Un desastre anunciado, ya que los delincuentes, sabiendo a lo que vienen, defenderán su vida disparándoles y muchas balas perdidas alcanzarán a gente ajena a la ‘matazón’, como dirían los colombianos.
La citada constatación de Linares: “El chofer recibió un disparo y un transeúnte también resultó herido...”, pertenecerá al pasado, y no porque se haya reducido, sino porque las víctimas se multiplicarán.
CODA: el presidente Balcázar sigue jugando con la posibilidad de dar un indulto humanitario a Pedro Castillo. Algo totalmente ilegal, como se ha explicado, y que le serviría para fugarse a México y evadir los procesos penales por descarada corrupción que debe enfrentar desde la cárcel. Cuidado, señor Balcázar: no vaya a ser que termine usted pasando sus últimos años tomando el sol a cuadritos.
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