Agenda para la reforma electoral

Las elecciones regionales y municipales 2026 han reabierto un debate necesario sobre la aplicación de la prohibición de reelección inmediata de gobernadores y alcaldes. Determinadas candidaturas han generado cuestionamientos respecto de si el marco normativo vigente responde plenamente a la finalidad que inspiró la reforma constitucional aprobada hace más de una década.

Es natural que estas situaciones susciten preocupación. Sin embargo, también es importante recordar que el Jurado Nacional de Elecciones resuelve las controversias conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia electoral. Como máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, interpreta e integra el ordenamiento jurídico para garantizar los derechos de participación política y la integridad del proceso electoral. Pero esa función tiene límites: no puede crear impedimentos o restricciones que el constituyente o el legislador no establecieron expresamente. Lo contrario supondría sustituir al Congreso de la República y afectar la seguridad jurídica que debe caracterizar todo proceso electoral. Precisamente por ello, esta experiencia debe convertirse en una oportunidad para mejorar nuestras reglas.

Las lecciones acumuladas tras más de 10 años de vigencia de la reforma constitucional sobre la no reelección inmediata, y especialmente las que deja el presente proceso electoral, hacen oportuno revisar integralmente su regulación y evaluar con un equipo técnico si el régimen vigente responde adecuadamente a las distintas realidades, competencias y responsabilidades de los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Es un debate que corresponde conducir al Congreso, con el aporte técnico y jurídico de las instituciones del sistema electoral.

El JNE no permanecerá ajeno a ese desafío. En ejercicio de la iniciativa legislativa que la Constitución le reconoce, pondremos en marcha, culminado el presente proceso electoral, una agenda institucional para el perfeccionamiento de la legislación electoral.

Con ese propósito, conformaremos un grupo de trabajo técnico interno que sistematice las lecciones aprendidas e identifique las reformas que demanda la experiencia reciente. Nuestra aspiración es avanzar progresivamente hacia la construcción del primer Código Electoral del Perú, moderno, coherente y sistemático, que armonice la dispersa legislación vigente. Somos conscientes de que una reforma de esa magnitud, así como los eventuales ajustes constitucionales que pudiera requerir, exige amplios consensos y un proceso de maduración institucional; precisamente por ello, es necesario comenzar ese camino desde ahora.

Asimismo, impulsaremos un Diálogo Nacional para la Reforma Electoral, convocando a los organismos del sistema electoral, los poderes públicos, las organizaciones políticas, la academia, los colegios profesionales, la sociedad civil, los medios de comunicación, los organismos internacionales especializados y a todos los actores comprometidos con el fortalecimiento de nuestra democracia, con el propósito de construir una agenda de reformas amplia, plural y técnicamente sólida.

Finalmente, solicitaremos al nuevo Congreso que el perfeccionamiento del marco normativo electoral constituya una de las prioridades de su agenda legislativa. Las mejores reformas nacen del diálogo, del consenso y, sobre todo, de las lecciones que dejan las propias elecciones.

El JNE pondrá toda su experiencia técnica, jurisdiccional e institucional al servicio de ese gran propósito nacional. Porque las elecciones no solo eligen autoridades; dejan enseñanzas para fortalecer nuestras instituciones. Aprender de ellas y transformarlas en mejores reglas constituye una responsabilidad compartida. La democracia no se fortalece únicamente el día de la elección; se fortalece cuando somos capaces de convertir la experiencia en instituciones más sólidas, reglas más claras y una mayor confianza ciudadana.