Desacuerdo con el Acuerdo Nacional, por Iván Alonso

El Acuerdo Nacional es una institución semioficial que se dedica a excogitar políticas de Estado, esto es, políticas públicas que deberían estar por encima de las diferencias ideológicas y partidarias. Su nombre mismo apela al sentimiento de unidad. Quizás por eso nadie se anime a cuestionar sus pronunciamientos, como el que se publicó a fines de abril a toda página, en distintos medios, con el título de “Visión del Perú al 2050” (sic). Pero no podemos, lamentablemente, estar de acuerdo con una visión del desarrollo económico basada en el “planeamiento estratégico concertado”.

No parece un término que el Acuerdo Nacional use a la ligera. Es el instrumento que ha permitido, dice, hablando figurativamente en pretérito, el crecimiento de las economías regionales y locales. El instrumento que propone, evidentemente.

La teoría y la historia económica han demostrado que el mercado (o, mejor dicho, la descentralización de las decisiones económicas) es una forma de organización más eficiente que la planificación central. Ninguna comisión planificadora puede recopilar toda la información relevante para calzar las preferencias de los consumidores con las posibilidades de producción; y aunque pudiera, no sería capaz de recalcular el plan rápidamente cada vez que hubiera un cambio en alguna de ellas. En una economía de mercado, en cambio, los precios suben y bajan todos los días buscando el equilibrio entre la oferta y la demanda.

El planeamiento estratégico concertado, se supone, es distinto: menos rígido y más eficaz que la planificación central. En su sentido original, que proviene del mundo empresarial, consiste en definir un objetivo de negocios y alinear todos los recursos necesarios para alcanzarlo. Trasladado a la esfera de la economía nacional, consistiría en establecer uno o unos cuantos objetivos prioritarios, a los cuales (inevitablemente) deberán subordinarse los planes individuales. Ese no es el ideal de una sociedad libre y no es tampoco una receta comprobada para el crecimiento económico.

El plan estratégico concertado puede declarar la investigación científica como un objetivo nacional y disponer que el tercio superior de los egresados de las carreras de ciencias e ingeniería tenga un lugar en un laboratorio financiado por el Estado. Pero quién sabe algunas empresas también estén interesadas en esa masa de egresados para ocupar posiciones gerenciales o reforzar la línea de producción. Si eso pone en riesgo la viabilidad del plan estratégico, siempre se puede pedir más presupuesto para aumentar los sueldos a un nivel con el que el sector privado no pueda competir. Ahora sí, el plan se cumple a la perfección. Con la plata de los contribuyentes, no de los planificadores. Se alcanza eventualmente el objetivo de crear mucho conocimiento, monopolizando el talento, pero se produce muy poco de las cosas que la gente realmente valora.

Quienes tengan a su cargo concertar el plan estratégico concertado pueden soñar con las estrellas, y con las estrellas soñarán. No importa cómo sean elegidos. Su vida no dependerá de que el plan pase la prueba del mercado: que los beneficios sean mayores que los costos. Una prueba que ayuda a detectar y corregir errores. La planificación siempre tendrá éxitos visibles que mostrar. Lo que nunca muestra es la mala asignación de recursos que hay detrás.