El presidencialismo asediado, por Omar Awapara

Aunque el lunes por la noche el presidente Pedro Castillo logró sortear una segunda moción de vacancia en tan solo ocho meses de gobierno (la primera, en realidad, ni siquiera alcanzó los votos para ser debatida), no es descabellado anticipar que una tercera moción surja en las próximas semanas o, al menos, antes de que complete su primer año en el poder. A medida que avancen las múltiples investigaciones que lo involucran, directa o indirectamente, la vacancia presidencial volverá a la palestra.

El uso de la vacancia, así como de otras armas nucleares en nuestro ordenamiento constitucional, se ha ya normalizado. Por ahora, Castillo comparte con Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el haber enfrentado dos mociones de vacancia, aunque con mejor suerte (o correlación de votos) que sus predecesores. Desde que se promulgó la Constitución de 1993, y desde la vacancia de Alberto Fujimori en el 2000, las siguientes seis mociones se han concentrado todas en los últimos seis años, en el período que se abre con la victoria pírrica de PPK sobre Keiko Fujimori y sus 73 congresistas en el 2016.

Un informe de ECData dejaba muy en claro la volatilidad de los últimos años: tan solo un año antes, en marzo del 2015, Ricardo Gareca firmaba contrato para asumir el comando técnico de la selección y, desde entonces, ha visto pasar seis gobiernos, 15 gabinetes y 240 ministros. La prensa internacional se pregunta si somos ingobernables y el conocido blog de Tyler Cowen (“Marginal Revolution”) rebotaba la nota, haciendo énfasis en el hecho de que, en promedio, un ministro de Estado es cambiado cada nueve días.

¿Hay un problema con nuestro diseño institucional? En principio, pareciera que no, porque no son las reglas de juego las que han cambiado. Son las mismas que nos gobiernan desde 1993 o, si se quiere, desde el 2000 y, sin embargo, algo cambió solo a partir del 2016. El desequilibrio producido en las elecciones de ese año, con un presidente con solo la tercera bancada en número, pareció accidental, pero la dinámica conflictiva ha sobrevivido.

A diferencia de PPK y de Vizcarra (en los dos Congresos que enfrentó), Castillo cuenta con los votos en el Congreso para defenderse en el Parlamento. En retrospectiva, y pensando en términos de sistemas de Gobierno y relaciones Ejecutivo-Legislativo, PPK tendría que haberse resignado a dar un paso al lado, informalmente, como si tuviéramos un semipresidencialismo, cediendo el poder a un presidente del Consejo de Ministros fujimorista, como reflejo de la correlación de fuerzas dentro del Parlamento. Eso, claro, era una imposibilidad, dado que fue elegido en segunda vuelta gracias al antifujimorismo.

Castillo, hoy, gobierna con lo mínimo necesario, habiendo renunciado a cualquier esfuerzo por impulsar algún cambio que requiera pasar por el Congreso y limitado a buscar cómo copar el aparato estatal y repartir cuotas de poder a sabiendas de que los parlamentarios no tienen ningún incentivo para ejercer control político. Nuestro diseño actual permite que el Congreso, en ocho meses, le haya dado la confianza a tres gabinetes de este Gobierno y haya promovido dos mociones de vacancia.

El 25 de noviembre del 2020, poco después de la vacancia de Vizcarra, pero antes de la elección presidencial, escribía que, ante la renuencia del Tribunal Constitucional de pronunciarse en torno del artículo referido a la vacancia, “un presidente enfrentado a una mayoría opositora como en el 2016 debería buscar conformar un gobierno de coalición o una alianza por la gobernabilidad que logre sacar de la ecuación los números requeridos para una vacancia”. Hasta ahora, Pedro Castillo y su Gobierno han hecho lo necesario para alcanzar esos números. Pero eso no quita que la vacancia se haya vuelto moneda corriente en nuestro sistema y que este y los próximos presidentes gobiernen bajo la amenaza permanente de ser removidos de su cargo.