Sistema judicial en jaque

Un importante sector del Congreso está a punto de aprobar un proyecto de ley que reduce de cinco a cuatro los votos que requiere el Tribunal Constitucional (TC), de siete integrantes, para tomar decisiones sobre las demandas competenciales.

Esto ocurre cuando existe una demanda del propio Congreso contra la Corte Suprema –órgano del Poder Judicial– por la reintegración de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Si tal “urgente” modificación se produjese y se terminara por excluir a los magistrados Tello y Vásquez, se abriría la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la JNJ con su participación fuesen anuladas. Incluida, ciertamente, la ratificación de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Algo más: la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) advierte que, “en abierta contravención al principio de separación de poderes por el que se rige el sistema democrático”, otro proyecto del mismo paquete que pretende modificar el Código Procesal Constitucional abre la posibilidad de que se prohíba “controlar judicialmente las actuaciones del Congreso, creando solo para ellos una arbitraria zona exenta del control de la constitucionalidad” (5/10/24).

Por si fuera poco, como informa la misma Jusdem, el Congreso pretende establecer “sanciones penales a los jueces y juezas que dicten medidas de detención preliminar o de prisión preventiva e incluso sentencia condenatoria cuando su decisión sea revocada por la instancia superior, como también sanciones a fiscales que soliciten dichas medidas u obtengan una sentencia condenatoria, si estas fueran revocadas” (4/10/2024). Esto atenta peligrosamente contra la independencia de los jueces y del sistema de justicia, que, además de ser una garantía democrática, está consagrada en el artículo 139 de la Constitución.

El sistema judicial peruano no está exento de errores, como el uso excesivo de las prisiones preventivas y los discutibles criterios utilizados por algunos jueces y fiscales para considerar a decenas de investigados como integrantes de organizaciones criminales. Sin embargo, esto no justifica en modo alguno los propósitos contenidos en los proyectos de ley que el pleno del Congreso está próximo a votar.

De aprobar estos tendenciosos proyectos, los congresistas implicados no harán sino resentir aún más el Estado de derecho. No es otra cosa que eso modificar las reglas de funcionamiento del TC a medio camino de una demanda competencial, dejar al Congreso fuera del control constitucional y amedrentar a jueces y fiscales. Dicho esto sin olvidar el riesgo de que las elecciones del 2026 se conviertan en una mascarada.