(Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
(Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
Fernando Vivas

Sincerémonos. PPK no jala como presidente con autoridad política y moral hasta el 2021. O lo vacan de a de veras o renuncia o –esta es la salida menos cruenta– se mantiene en perfil bajo y delega más responsabilidades en su Gabinete, mientras se allana a las investigaciones por las faltas que podría haber cometido en su pasado de veleta de la inversión público-privada. 

Más trascendente e importante que PPK es el proyecto que encarnó –y ganó en las urnas– junto a decenas de técnicos y políticos intachables. Para que ese proyecto lo sobreviva es fundamental que Meche Aráoz y quien la suceda marquen su absoluta distancia frente a las cuitas presidenciales. Que él se defienda solo ante la fiscalía y que defienda solo las irregularidades del indulto a Fujimori. Fue su gracia presidencial y si resulta una de sus desgracias, que no contagie al Gabinete.  

Por eso, ha sido una metida de pata descomunal que Aráoz se involucre en esa trama de la que, en salvaguarda de su cargo, tenía que mantenerse a buen recaudo. Para colmo, en un artículo publicado en El Comercio alude al indulto como una herramienta de conciliación, cuando ha quedado clarísimo para cualquier político avezado que la gracia se concibió y se ejecutó como un golpe contra el enemigo Fuerza Popular.  

Meche no puede seguir metiendo la pata en el mismo hueco de poder. El Gabinete tiene que responder a ella –hasta donde sé, la mayoría de fichajes son de su autoría– frente a cualquier intemperancia presidencial. No podemos volver a vivir el paralelismo de poder que se estableció la semana fatal de la vacancia e indulto, en la que se asentó en la casa de Choquehuanca un grupo de amigos y operadores políticos de PPK, para su salvataje. Ente ellos, estaba el ex primer ministro Fernando Zavala. La gestión de Aráoz, y de cualquier primer ministro, no podría tolerar que el presidente delegue mando a gente sin ‘accountability’. 

Aráoz tampoco podría tolerar que Peruanos por el Kambio, el partido con el que su fundador ha hecho las paces –hasta ahora esa es la única reconciliación efectiva de PPK–, caiga en la tentación de usar recursos del Estado en pleno año de elecciones locales. 

El fujimorismo aún está restañando sus heridas y procesando sus dudas existenciales tras el indulto de Alberto Fujimori; pero no tardarán en volver a la fiscalización activa. El nuevo pedido de delegación de facultades no será otorgado con la ligereza con la que se otorgó en el 2016. Y la fiscalización de los avances en la reconstrucción del norte y los grandes proyectos de infraestructura va a ser severa. Al menos tenemos a Martín Vizcarra en Ottawa, una reserva de gobernabilidad bien lejos de las cuitas de PPK.