El Congreso 2021-2026 deja una cifra difícil de igualar: 101 leyes promulgadas por insistencia, pese a las observaciones del Ejecutivo, con un costo fiscal anual que el Consejo Fiscal estima en más de S/36 mil millones. Es casi 65 veces lo que costaron las aprobadas por esa misma vía entre el 2006 y el 2021.
El diseño parlamentario actual lo hizo posible. Una sola cámara podía convertir un proyecto en ley con una votación y, si el Ejecutivo observaba la autógrafa, bastaba insistir con la mitad más uno del número legal de congresistas. Según el IPE, una de cada cuatro normas publicadas desde la pandemia se aprobó por esta vía excepcional, frente al 7% registrado entre el 2000 y el 2019.
Ante esta problemática, la figura de un Senado de carácter revisor surge como una posible solución para lograr un contrapeso. En Colombia, por ejemplo, cuando ambas cámaras aprueban textos distintos, comisiones de conciliación negocian una versión única antes de la promulgación. La segunda cámara no repite simplemente el trabajo de la primera, sino que lo corrige.
Pero el diseño importa tanto como la existencia de la cámara. En el Congreso bicameral, que inicia funciones este año, el Senado revisará lo aprobado por Diputados y podrá modificarlo o rechazarlo. Sin embargo, ser senador no exige ninguna calificación técnica ni académica adicional, algo que diversos juristas han cuestionado. Esto podría dar un peso mayor al juego político que a una fiscalización adecuada.
La bicameralidad no garantiza mejores leyes, pero crea la oportunidad de tenerlas. Que se aproveche dependerá de que el Senado revise con criterio técnico y no bloquee o apruebe por cálculo político. La calidad de una ley nunca dependió del número de cámaras que la aprueban, sino del rigor con que se discute.
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