La iniciativa fue impulsada por mujeres que denunciaron maltrato, racismo y discriminación por su opción sexual (Foto: Zenaida Condori)
La iniciativa fue impulsada por mujeres que denunciaron maltrato, racismo y discriminación por su opción sexual (Foto: Zenaida Condori)
Zenaida Condori Contreras

cuenta con una ordenanza regional contra la . La norma, que tiene rango de ley en toda la región, fue impulsada por dos mujeres que fueron maltratadas por su condición, una por racismo y la otra por su opción sexual. La Defensoría del Pueblo promovió la ordenanza y este martes fue aprobado con el respaldo total del Consejo Regional.

Ha pasado más de un año y Elena Viza todavía recuerda los maltratos raciales que recibió de la ingeniera Zuleika del Rosario Alatrista. Viza trabajaba como vigía en la obra de la Variante de Uchumayo cuando recibió insultos racistas por parte de la mujer, quien quería pasar con su camioneta por una vía restringida.

El caso de Elena Viza fue judicializado. La denuncia fue interpuesta en el Ministerio Público y en febrero de este año se conoció que fue archivado. La agraviada explicó que la Fiscalía  no había encontrado elementos objetivos de discriminación cuando existían videos que registraron el hecho. La Defensoría del Pueblo intervino y el caso se reaperturó. Ahora se encuentra en la etapa de investigación preparatoria.

“No solo hubo discriminación. Hubo varios actos, humillación, atropello, insultos denigrantes cuando a mis hijos donde les dicen porquerías. Hay varios delitos. Me afectó a mí y a mis hijos, vivimos con temor porque la señora tuvo amenazas para mí. Lamentablemente muchas personas todavía no toman conciencia cuanto pueden afectarnos esos insultos. Todos somos personas y debemos respetarnos por igual. Una sanción ejemplar podría frenar más actos como esto”, declaró Elena Viza para El Comercio.

En la administración pública

En enero de este año, Ana Flavia Chávez, una mujer trans y activista LGTB, fue a la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para tramitar unos documentos. Al ingreso de la institución le pidieron su DNI para que pueda ingresar. Mientras ella realizaba gestiones, el trabajador Félix Paredes Villavicencio, tomó una foto de su DNI lo subió al facebook y junto a sus contactos se burlaron de su condición de mujer trans.

Ana Flavia realizó la queja en el GRA, retiraron la publicación y desde el GRA comunicaron que el trabajador fue cesado de su cargo. “A raíz de este caso es cuando impulsamos con más fuerza la ordenanza regional contra la discriminación. En realidad, no sabemos si el trabajador fue sancionado como se debía. De ahora en adelante se sancionará todo tipo de discriminación y esta ordenanza es muy importante porque por primera vez fue incluida la categoría de orientación sexual e identidad de género”, manifestó Ana Flavia Chávez.

Ordenanza

La norma regional indica que se rechaza toda forma de discriminación por razón de raza, sexo, religión, condición económica, clase social, posición política, indumentaria, orientación sexual, identidad de género, condición de salud, discapacidad, lugar de origen, nacionalidad o residencia, edad, idioma o cualquier otra índole, en todo el ámbito de la región.

La ordenanza de igualdad y no discriminación prohíbe, elimina y sanciona las prácticas discriminatorias en todas sus formas o modalidades, principalmente los que se desarrollen sectores de educación, salud y trabajo. Configura un acto discriminatorio impedir el acceso a educación, a becas o a cualquier otro beneficio del sistema educativo por alguna forma de diferenciación.

En adelante, las instituciones educativas no pueden exigir la presentación de documentos o declaraciones juradas que certifiquen el estado civil de sus progenitores. No se puede negar el ingreso o expulsar a estudiantes por embarazo, apariencia física, vestimenta, creencia religiosa, política o filosófica, orientación sexual o identidad de género.

En el trabajo

La ordenanza regional también advierte que restringir la oferta laboral, establecer diferencias remunerativas o restricciones y privilegios en base a opinión política, es considerado como un acto discriminatorio.  Los empleadores no pueden exigir test de embarazo o de VIH como requisito de admisión para un empleo. Tampoco deberán incluir como requisito la presentación de una fotografía o buena presencia para la contratación.

“Hay personas en Arequipa que han construido su identidad regional sobre exclusiones hacia otros y pretenden crear un tipo de arequipeño. Eso es un error que tenemos que denunciar, no podemos permitir que discursos racistas se impregnen en nuestra sociedad. Nuestra identidad regional no se puede garantizarse por aspectos de raza, sino por valores”, apuntó el representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique.

La norma regional indica que, si estos actos son cometidos por un funcionario público o trabajador del Estado, estos serán sancionados disciplinariamente según sea su falta, al margen de las responsabilidades civiles y penales.

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