Este lunes se registró un enfrentamiento entre la Policía Nacional y un grupo de manifestantes que exigen a la minera Glencore-Antapaccay una transferencia por S/50 millones, para que –según sostienen– cumpla con la entrega de un bono extraordinario de S/1.000 a cada adulto elector de la provincia de Espinar (Cusco).
Durante el incidente registrado en un tramo del Corredor Vial del Sur, hubo un detenido y una persona herida, pero incontables daños materiales. Dos camiones que circulaban por la ruta fueron apedreados y quemados por las personas que protestaban en el lugar.
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Según la minera Las Bambas, los manifestantes rociaron gasolina a los vehículos, que eran parte de un convoy que prestaba servicios a su empresa. “Ellos exigen de manera violenta un beneficio económico que no está vinculado a Minera Las Bambas, y han causado disturbios en la zona [...] Los conductores de ambas unidades, quienes fueron amenazados por los manifestantes, sufrieron daños personales y actualmente se encuentran en un lugar seguro, siendo atendidos para verificar su estado de salud”, indicaron en un comunicado.
Como la vía resultó bloqueada, decenas de camiones quedaron varados por varias horas. La PNP llegó a los sectores Aeropuerto y Paraccaypata para dispersar a los moradores con gas lacrimógeno. Esto provocó un enfrentamiento mayor.
La mujer de 35 años de edad que resultó herida en el pie izquierdo por impacto de perdigón dijo: “La policía nos ha provocado, nosotros estamos haciendo un paro pacífico. Ellos de frente nos han disparado al cuerpo”.
En tanto, el morador detenido por el personal de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinos) fue identificado como Wilbert Usca Soto, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, violencia y resistencia.
El Convenio Marco es un acuerdo firmado entre la Municipalidad de Espinar y la empresa minera Glencore-Antapaccay para la entrega del 3% de las utilidades anuales. Este dinero debe ser invertido en proyectos de salud, educación, afianzamiento hídrico, seguridad alimentaria, entre otros.
Sin embargo, la población demanda ahora que se cumplan los compromisos sobre la ejecución del proyecto de “Mejoramiento de servicios de capacidades socioeconómicas para la reactivación económica familiar frente a la situación de emergencia COVID-19″ en los ocho distritos de la provincia cusqueña.
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Este consiste en la entrega de un bono solidario de S/1.000 por cada adulto que sea parte de la población electoral. Además, exigen que se refórmale el Convenio Marco para que dichos fondos sean usados a favor de los más vulnerables por la emergencia sanitaria.
A la fecha, las partes involucradas no han llegado a ningún consenso en las mesas de diálogo. Hoy se reanudaron las negociaciones, pero luego de tres horas se suspendió el encuentro. La representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, Paola Bustamante, rechazó los actos violentos ocurridos esta tarde.
La empresa minera Antappacay mostró su desacuerdo con las demandas de los dirigentes de Espinar. Voceros de la compañía han explicado que el proyecto no es un mecanismo asistencial, y que la propuesta de su Comité de Gestión es entregar los S/1.000 a cada elector de la provincia, sin ninguna clase de consideración adicional (residencia, condición socioeconómica, etc) más que estar habilitado para votar.
Según dijeron, también se han propuesto alternativas para mitigar el impacto del COVID-19 en la economía de las familias locales, a través de proyectos de infraestructura, agricultura y alimentos que generen empleos.
El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, indicó que esta semana culminará el proceso de diálogo entre las partes, pero que se deben buscar alternativas de solución. “Ellos [la población de Espinar] están pidiendo un bono de S/1.000, pero no se puede dar. Ya tienen un fondo acumulado de S/100 millones para proyectos de desarrollo sostenible. Estamos planteando otras salidas y, en estos días, se debe concretar algunas comunicaciones”, concluyó.
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