La Defensoría del Pueblo lamentó la muerte de 18 personas en Puno en el marco de las manifestaciones que exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de Elecciones y el cierre del Congreso. Además, condeno la violencia por parte de protestantes y policías.
“Expresamos nuestro profundo pesar y condenamos el fallecimiento de 17 civiles y un efectivo policial, en el contexto de las protestas ciudadanas, y extendemos nuestras sinceras condolencias a los familiares de las víctimas. El efectivo policial S2 PNP José Luis Soncco Quispe ha perdido la vida al ser calcinado, mientras hacía patrullaje. Lamentamos este condenable hecho, perpetuado con un nivel de violencia extrema al haber sido presuntamente torturado antes de dejar de existir”, señala el comunicado.
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En otro momento, exigió a todas las instituciones competentes que investiguen las circunstancias de cada una de las muertes. “También que se juzgue y sancione con celeridad y oportunidad a los responsables de dichos actos de violencia y prevenir su repetición, adoptando medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas”.
Asimismo, invocó al Ministerio Público, como encargado de la acción penal, y al Poder Judicial administrar justicia. “Ello conllevará a que se sancione de manera oportuna y célere a los responsables materiales de los hechos, y a los posibles autores intelectuales que por acción u omisión también pudieran serlo”.
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En otro punto, reiteró que el derecho a la protesta debe ser ejercido de manera pacífica. “La afectación a la vida de otras personas, a la propiedad privada y pública, entre otros actos de violencia, no están amparados por nuestro ordenamiento y constituyen delito”, indica.
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