Grandes exportadores de madera de la Amazonía de Perú hicieron millonarios envíos a México y Estados Unidos a sabiendas de que su origen no era necesariamente legal, según denuncia una investigación de la ONG Global Witness.En el documento “Compradores de buena fe”, la organización ambientalista obtuvo, con una cámara oculta, testimonios de tres exportadores con cargamentos en la embarcación Yacu Kallpa, que en 2015 fue impedida de zarpar de Perú porque la fiscalía detectó que el 96% de su envío tenía procedencia irregular. La carga estaba valorizada en unos 4 millones de dólares.Ellos admiten que en muchos casos la madera que se extrae de una área sin permiso en la Amazonía es validada por una productora, que tiene concesiones y permisos legales. Así, la madera queda “lavada” y ellos la pueden comprar con documentación en regla para luego exportarla.“Sabiendo que probablemente la madera que estoy comprando tiene ese origen, no me preocupaba porque yo era un comprador de buena fe”, asegura Dante Zevallos de Sico Maderas, en el video.William Castro, de Inversiones WCA, explicó que, en el caso de la especie cumala, “se saca (extrae) la madera de otro lado (no autorizado) pero ya tienes los papeles y mandas (exportas)”. Castro asegura que el gobierno regional de Loreto, encargado del mayor territorio amazónico del país, está al tanto.“Por más que viene con documentación del gobierno, lamentablemente hay mucha corrupción aquí”, explicó Adam Andrews de Corporación Industrial Forestal, según el video de Global Witness.En 2016 Perú perdió 164.662 hectáreas de bosques húmedos amazónicos por deforestación, un incremento de 5,2% en relación al 2015, según cifras oficiales.- La travesía del Yacu Kallpa -En noviembre de 2015, el buque Yacu Kallpa estaba a punto de salir del puerto fluvial de Iquitos, en la Amazonía del Perú, con un cargamento de madera de las especies cumala, capirona y marupa, para clientes en México y Estados Unidos.Pero los exportadores ya estaban en la mira. En agosto de ese año, un cargamento del mismo barco ya había sido inmovilizado cuando llegó a Houston, Estados Unidos, bajo sospechas sobre la legalidad de su origen.A su retorno a Perú, y bajo esa premisa, la fiscalía peruana en Materia Ambiental -con ayuda de Interpol y la superintendencia de aduanas- intervino al Yacu Kallpa antes de que volviera a zarpar.Tras la inmovilización, el estatal Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) determinó que de los más de 9.600 m3 de madera que llevaban, 9.268 m3 “no sustentaban su origen legal”. El documento llegó a pedido de la fiscal Flor de María Vega, quien había ordenado la incautación.La madera incautada fue exportada por 11 firmas peruanas. La mayor parte corresponde a La Oroza, una de las mayores del rubro en el país, y a la que Estados Unidos anunció en octubre que no le comprará sus productos, tras las denuncias de presencia de madera ilegal en su cadena de envíos.- Zarpó y la liberaron -La incautación fue revelada en aquella ocasión por el portal Ojo Público. Ante la imposibilidad logística de descargar la madera, la fiscalía permitió zarpar al Yacu Kallpa para que cumpla con otros compromisos comerciales, pero con la prohibición de vender el producto.El barco surcó el Amazonas hacia Brasil. Estuvo detenido varios días por orden de Interpol. Continuó viaje a República Dominicana y luego al puerto de Tampico en México. Allí también estuvo detenido. Sin embargo, en octubre se supo que el cargamento fue liberado.Según dijo a W Radio de México, el presidente de la Cámara de Comercio Mexicano Peruano (CCMP), Eduardo Guiulfo, la liberación de la carga se logró “gracias al accionar de la Cámara de Comercio y al apoyo de Relaciones Exteriores de Mexico”. Guiulfo representa a Sud America Lumber, una de las importadoras de la madera.De acuerdo con Ojo Público, los compradores se ampararon en una carta que la entonces ministra de Comercio de Perú, Magali Silva, le envió a mediados de 2016 al secretario de Economía en México, Ildefonso Guajardo, donde le dice que “en ese momento no era posible poder conocer sobre un presunto origen ilegal de cualquier de estos productos forestales”, pese a los argumentos de los fiscalizadores.
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