La bancada de Acción Popular (AP) anunció que el martes 18 de octubre a las 12:00 p.m. evaluará la permanencia como integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de los legisladores Darwin Espinoza, Ilich López y Jorge Flores, sindicados como “Los Niños”. Ello luego de que el titular del Poder Legislativo, José Williams, enviara un documento a todos los bloques con los nombres de los parlamentarios con procesos judiciales que no pueden integrar dicha comisión.
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El oficio de la citación lleva la firma del vocero de AP, Elvis Vergara, también involucrado en el caso. En diálogo con El Comercio, el portavoz alterno de este bloque, José Arriola, adelantó que lo más probable es que se retire a los legisladores del grupo de trabajo.
“Mejor para ellos para que hagan, hasta cierto punto, un deslinde [...] La fiscalía ha manifestado que en ciertos casos va a tomar en cuenta las votaciones [de los parlamentarios en mociones de vacancia, interpelación y censura]”, dijo Arriola.
Según la denuncia interpuesta por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, ante el Congreso contra el presidente Pedro Castillo, estos tres parlamentarios junto a Elvis Vergara,Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo integrarían el ‘brazo congresal’ de la red criminal que supuestamente dirige el jefe de Estado. La tesis fiscal señala que los congresistas habrían intercambiado votos a favor del Ejecutivo en mociones de vacancia e interpelaciones por obras y designaciones irregulares en diversos ministerios.
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—Participan en sesión—
Pese a las voces de diversos congresistas y dirigentes de Acción Popular que demandan su salida de la subcomisión, Darwin Espinoza, Ilich López y Jorge Flores participaron de la sesión de ayer de este grupo de tranajo, en la que se dio cuenta de la denuncia constitucional que presentó la fiscal Patricia Benavides contra el jefe de Estado y los exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), este último permanece prófugo de la justicia.
Con este paso se dio inicio al trámite del proceso que seguirá la denuncia contra el mandatario. El próximo 28 de octubre se debe presentar ante la subcomisión el informe de calificación de la demanda y someterse a voto para que pase a la Comisión Permanente.
- Si se admite y es declarada procedente por el grupo de trabajo, se elabora un informe de calificación que pasa a la Comisión Permanente.
- En la Comisión Permanente se evalúa y se vota el informe de calificación. Si es declarado procedente se ordena que un plazo de 15 días hábiles la subcomisión investigue y elabore un informe.
- El presidente de la subcomisión debe designar un congresista delegado de la denuncia, que deberá realizar un informe de determinación de los hechos y pertinencia de las pruebas.
- Posteriormente, viene la etapa de audiencias, en la que se cita al denunciante, el denunciado y los testigos.
- Luego de ello, el presidente de la subcomisión le otorga al delegado del caso 5 días hábiles para elaborar un informe final, en este puede recomendar acusar al alto funcionario o archivar el caso.
- Dicho documento será debatido y aprobado o rechazado por el grupo de trabajo. Luego pasa a la Comisión Permanente, si aquí se declara procedente, se nombra una subcomisión acusadora.
- En el pleno del Congreso se debate y se vota
- Se necesita del voto de la mitad de los presentes más uno para ser aprobado, sin contar con los miembros de la Comisión Permanente. Si esto ocurre, se remite el caso a la fiscalía. Si no alcanza los votos, se archiva
Espinoza participó de manera presencial, mientras que Flores y López registraron su asistencia a través de la plataforma virtual. Este último dijo a El Comercio que “estuvo de manera híbrida”, es decir, algunos minutos de forma presencial y otros a través de Microsoft Teams debido a que tuvo una reunión.
Cuando la subcomisión todavía se encontraba sesionando, Espinoza declaró a la prensa que evaluaría su permanencia en el grupo de trabajo, pero que pedirá también que se retire de esta y otras comisiones a los parlamentarios que también tengan investigaciones en curso.
“Si nosotros vamos a dar un paso, que ellos también se vayan”, expresó el congresista de lampa.
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En otro momento, Espinoza afirmó que lo que la oposición pretende al pedir su salida “es sacar [de la subcomisión]” a quienes se oponen a la vacancia presidencial.
En tanto, su colega Ilich López aseveró en diálogo con este Diario que corresponde a su bancada evaluar su permanencia en la subcomisión, debido a que el bloque decidió proponerlo como miembro. Asimismo, aseguró que se encuentra a la espera de que lo convoquen para abordar el tema.
“Yo estoy cumpliendo un encargo de mi bancada, yo he consultado antes de que me elijan las previsiones legales. En ese sentido, todos, no solo yo, deben de cumplir las normas. Vamos a evaluar este tema (como bloque) y yo haré lo que me diga mi bancada”, agregó el legislador.
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Asimismo, afirmó que los asesores de la agrupación en el Congreso le indicaron que no había inconveniente si integraba la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debido a que su investigación se encuentra en “etapa preliminar aún”.
“Se entendió que el artículo 20 [del Reglamento del Congreso] era para quienes tengan algún tipo de acusación. Es por eso que yo acepté el encargo de mi bancada”, añadió.
Referido artículo señala que no pueden integrar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales los congresistas con procesos penales.
En otro momento, López señaló estar a favor de la vacancia presidencial.
Este Diario también buscó las declaraciones del parlamentario Jorge Flores, pero al cierre de esta edición no respondió.
- El documento de 375 páginas fue alcanzado el martes 11 de octubre por la tarde a la mesa de partes del Parlamento.
- A Castillo se le imputa ser el presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, agravada por su condición de líder de una estructura vertical, así como por tráfico de influencias agravado y colusión.
- La supuesta red criminal liderada por el mandatario operó, de acuerdo con la fiscalía, en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro-Perú.
- La fiscalía ha identificado que la supuesta red criminal cuenta con siete brazos en la estructura piramidal denominados: ‘Gabinete en la sombra’ o ‘Buró político’, brazo congresal, brazo familiar, brazo lobbista, brazo Secretaría General (coordinación), brazo ministerial y altos funcionarios, y brazo obstruccionista.
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