CIDH presenta informe sobre Perú: ¿cuándo fue su visita, con quiénes se reunieron y qué dijeron sobre las protestas?

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La visita de la CIDH se realizó entre el 11 y el 13 de enero pasado. Fue anunciada oficialmente por el órgano, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), el 9 de ese mes, el mismo día en que 17 manifestantes murieron y más de 70 resultaron heridos en Juliaca, Puno, en medios de las protestas contra el gobierno.

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El objetivo, en palabras de la propia CIDH, era “observar la situación de derechos humanos en el marco de la crisis institucional y de las protestas sociales que se desarrollan desde los primeros días diciembre del 2022″. Para esto, se reunieron con autoridades del gobierno, poderes del Estado y organismo autónomos, además de familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, se indicó que luego de la visita se iban a publicar sus “observaciones, conclusiones y recomendaciones el Estado peruano”. Eso es lo que se prevé que finalmente se dé a conocer este miércoles luego de tres meses y medio de concluida la visita. Inicialmente, se había estimado que el plazo iba a ser de 30 días.

El grupo fue liderado por el comisionado Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH y Relator para Perú. Los otros integrantes fueron el comisionado Joel Hernández; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación; y Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión. También estuvo un equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Todos ellos llegaron al Perú e iniciaron sus reuniones el 11 de enero. Estuvieron en Lima, Puno, Arequipa, Ayacucho e Ica. Stuardo Ralón también sirvió como vocero principal del grupo en la conferencia de prensa que dieron el 13 de enero, a manera de conclusión de la visita.

Las visitas tuvieron como objetivo, según dijo Ralón en dicha conferencia, “observar la situación de derechos humanos en el marco de la crisis institucional y de las protestas sociales que se desarrollan desde el 7 de diciembre del 2022, a partir del golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo, su posterior vacancia y la pronta acción de la institucionalidad para restablecer el orden constitucional”.

Como se tenía previsto, la delegación de la CIDH se reunió con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con representantes de órganos como la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo; con familiares de los fallecidos y heridos en las protestas; y con organizaciones civiles.

“Las delegaciones sostuvieron más de 60 reuniones con víctimas y sus familiares, altas autoridades de los poderes del Estado en sus distintos niveles, el sistema electoral, distintas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, entes de control y gremios [...] La comisión dividió su delegación en grupos para poder abarcar la mayor cantidad de observación en terreno”, explicó Ralón.

El 11 de enero, fueron recibidos en el inicio de su recorrido por la canciller Ana Gervasi. Luego se reunieron con la presidenta Dina Boluarte y con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en Palacio de Gobierno; y con Eliana Revollar, titular de la Defensoría del Pueblo.

Luego, la delegación se desplazó a Ica, donde se reunió con representantes locales de la Defensoría, la Policía y el Ministerio Público, y con familiares de las víctimas. Al día siguiente, en ciudades como Juliaca y Arequipa, también hubo reuniones similares con autoridades locales y con familiares de las víctimas. De vuelta en Lima, hubo más reuniones con familiares, organizaciones civiles y representantes de la Iglesia.

El 13 de enero hubo una reunión con el presidente del Congreso y representantes de la Mesa Directiva, y luego encuentros sucesivos con representantes de todas las bancadas parlamentarias. Ralón destacó que todas estas se realizaron con respeto y sin mayores incidentes.

Finalmente, hubo reuniones con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otros funcionarios del Ministerio Público en Lima; y con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela.

Adicionalmente, la CIDH realizó lo que llamaron “visitas preparatorias” al Perú entre el 20 y 22 de diciembre. En ese lapso, el 21 de diciembre, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneau, visitó al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, en compañía de un representante de la Defensoría del Pueblo.

“El objetivo de esa visita ha sido verificar sus condiciones de detención, en las cuales eran condiciones que cumplían con los estándares, donde no ponían en riesgo o su vida o integridad personal o condiciones de hacinamiento; también poder escucharle”, explicó Rolón sobre esta visita. Pese a ello, abogados ligados al expresidente han asegurado desde entonces que la CIDH nunca lo ha visitado.

El mismo 13 de enero, a modo de cierre de su visita, la CIDH ofreció la mencionada conferencia de prensa. Allí, Stuardo Rolón remarcó que la CIDH no está “señalando ningún camino político a seguir para Perú, lo que estamos instando es a un diálogo amplio, que puede contener acuerdos. “Si hay decisiones de carácter jurídico, político, como consecuencia de esos acuerdos, en el marco del Estado de derecho, corresponde a los peruanos llegar a esos acuerdos como consecuencia del diálogo amplio”, afirmó

Al inicio de la conferencia, el comisionado recordó que desde el inicio de las protestas sociales hasta la fecha de su visita, se había registrado 47 personas fallecidas, entre ellas 7 adolescentes. Adicionalmente, habían resultado heridas al menos 650 personas y 290 integrantes de las fuerzas de seguridad.

Luego, puso énfasis en las muertes en Ayacucho y en los “hechos de extrema violencia” en Puno. “Frente a estos hechos, la comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la fiscalía especializada en Derechos Humanos, así como juzgar y sancionar a las personas responsables”, dijo.

“Considerando la naturaleza de los hechos, debe tener un enfoque étnico racial y eventuales responsabilidades por cadena de mando, o bien establecer quiénes fueron las personas que activaron las armas de fuego, lo que debe ser resultado de las investigaciones”, agregó.

También se remarcó que “corresponde a las autoridades adoptar las medidas necesarias para reparar de manera integral este daño, incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad. Asimismo, que no se le limite al tipo económico, sino que también incluya la restitución, rehabilitación y garantías de no repetición”.

Sobre las manifestaciones, se recordó que el derecho a la protesta es “esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia” y “un derecho que en contextos de crisis políticas sostenidas puede constituirse como la única vía de participación política para comunidades sobre las que se ejerce discriminación estructural o exclusión política y social”.

No obstante, también indicó que se demanda “un especial cuidado por parte de los liderazgos para que se convoquen y desarrollen de manera pacífica”. “Se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos de violentistas que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen el contexto de protesta para otros fines alejado a la misma y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema. Los actos de violencia o violencia sistemática no son parte del derecho de la protesta”.

En cuanto a la represión de las marchas, indicaron que “la CIDH reconoce lo difícil que puede ser armonizar los derechos en tensión”; pero que los estados “deben evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir la protesta y en particular la prohibición del uso de la fuerza letal”. “En caso de violencia sobre infraestructura crítica, los planes de seguridad y protocolos de actuación deben estar de acuerdo con los estándares interamericanos del uso de la fuerza, como lo son legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

También señaló que recibieron denuncias sobre “disparos dirigidos a puntos vitales [de los manifestantes] con armas letales y de alto calibre, en violación al principio del uso gradual de la fuerza”. “El esclarecimiento de estas denuncias es algo a lo que las investigaciones que se realicen deben darle la máxima prioridad y esclarecer así lo ocurrido”, afirmó el comisionado.

Respecto al origen de las protestas, indicaron que esto responde a “factores complejos” como la debilidad institucional y que se enmarcan en las crisis políticas sucesivas que vive el Perú desde el 2016: “Como consecuencia [...] el país ha tenido seis presidentes y tres parlamentos en siete años, así como períodos de intensas protestas sociales con lamentables e injustificables saldos de personas fallecidas y heridas”.

Así, la CIDH reiteró su advertencia sobre el riesgo que representan para el equilibrio de poderes en el Perú las figuras de acusación constitucional por infracción a la Constitución; la vacancia por incapacidad moral permanente y la disolución del Congreso por dos denegatorias de confianza.

“Se insta al Estado de manera urgente a reglamentar y delimitar con parámetros objetivos y claros estas tres figuras constitucionales para asegurar objetividad, imparcialidad, legalidad, debido proceso [...] Aunado a lo anterior, preocupa a la comisión los múltiples testimonios recibidos sobre la desconfianza generalizada en las instituciones en un contexto de graves denuncias de corrupción en distintos poderes”.

La comisión también advirtió un factor de discriminación y estigmatización detrás de la crisis. “Se ha constatado un deterioro generalizado del debate público, una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades que se han referido con generalizaciones a todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas.

La CIDH advirtió este tipo de mensajes “contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esa población, especialmente cuando provienen de autoridades públicas y generan una ofensa generalizada a personas indígenas y campesinas, que como ciudadanos peruanos desarrollan sus proyectos de vida con mucho esfuerzo y adversidad con su trabajo cotidiano”.

Finalmente, se destacó que la salida a la crisis pasa por el diálogo: “Se requiere un diálogo amplio, genuino, inclusivo, con enfoque intercultural y territorial que conduzca a acuerdos respetuosos del Estado de derecho y donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados”.

En cuanto a lo que vendría con su informe final, manifestaron al Estado peruano su oferta de cooperación para instalar ”un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que serán presentadas próximamente en un informe de país relacionado a esta visita”.