El Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) confirmó la destitución de Edgar Alarcón Tejada como contralor general de la República al encontrarse debidamente acreditada la transgresión a las normas éticas imputadas.
La entidad, a través de la Resolución Nº 001760-2021-SERVIR/TSC - Segunda Sala, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el excongresista contra la resolución de la Secretaría General de la Contraloría General de la República (CGR).
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De esta manera, ratificó que Alarcón Tejada consignó su sello y rúbrica en 89 recibos, en su calidad de área usuaria, por honorarios profesionales emitidos por diez personas, entre diciembre de 2013 y marzo de 2017, que no realizaron la prestación de servicios, generando que se les pague en total S/ 319 mil 356.22.
“Este hecho, ocurrido cuando Alarcón Tejada era vicecontralor de la República, evidencia la contravención al principio de probidad y la transgresión del principio de veracidad, al generar ventajas indebidas a favor de terceras personas”, señaló.
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En ese sentido, Servir enfatizó que al dar la conformidad de servicios que generaron el pago de una contraprestación dineraria, se ha causado un perjuicio económico a la Contraloría General de la República.
Por todo lo expuesto, la Segunda Sala del TSC estimó que la sanción de destitución contra Edgar Alarcón impuesta por el órgano de control se encuentra debidamente sustentada, por lo que fue declarada procedente.
Cabe indicar que en junio pasado, el Poder Judicial impuso impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses al excontralor, quien es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.
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Del mismo modo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público de acumulación de los dos procesos seguidos contra Alarcón Tejada.
Al también excontralor general de la República se le atribuye un desbalance patrimonial por S/201 mil 337.24 entre los años 2016 y 2017. Asimismo, existirían diversos ingresos bancarizados por S/275.644.90, cuyos orígenes y depositarios se desconocen.
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El presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó la norma que permite la cremación de los restos de cabecillas terroristas, como en el caso del genocida de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. La política peruana reaccionó de esta manera.
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