José Domingo Pérez: Autoridad de control del Ministerio Público inicia “actuaciones previas” contra el fiscal por declaraciones sobre José Miguel Castro

La Autoridad de Control del Ministerio Público inició un proceso contra el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Java Jato, por las declaraciones que brindó a El Comercio y otros medios de comunicación sobre la muerte de José Miguel Castro, uno de los investigaos en el caso contra Susana Villarán.

El Comercio tuvo acceso a la disposición de la Autoridad Desconcentrada de Control donde donde “advierte una presunta inconducta funcional” por parte de Pérez Gómez como integrante del Equipo Especial Lava Jato.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

LEE TAMBIÉN: Aportes, confesiones y un juicio pendiente: la cronología del caso de Villarán y el rol clave de José Miguel Castro

Específicamente se refieren a las declaraciones que brindó a El Comercio y otros espacios periodísticos en los últimos días.

A El Comercio, José Domingo Pérez descartó que la muerte todavía no esclarecida del exgerente general de la gestión de Susana Villarán, José Miguel Castro, pueda llevar a que se caiga el juicio oral contra la exalcaldesa, acusada por presunto lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

La autoridad de control liderada por José Fernández Jerí inició “actuaciones previas” que incluyen pedir a la vocería institucional del Ministerio Público que informe si había necesidad de que se brinden declaraciones por este caso, y si la labor había sido delegada a José Domingo Pérez.

En caso la tarea de declarar ante la prensa haya recaído en manos del fiscal provincial, solicitan toda la información que sustente la “excepcionalidad” de esta decisión. Caso contrario, solicitan que se detalle si Pérez cumplió con informar sobre su actuación ante el despacho de la vocería institucional.

Por este caso, se imputa a Villarán supuestamente haber lavado más de US$11 millones de Odebrecht, OAS, Graña y Montero, a través de la campaña del No a la revocatoria en el 2013 y su intento de reelección en el 2014.