Peritaje revela que obras del MTC se decidieron antes de buena pro

Unidad de Investigación

Cuando Karelim López comenzó su colaboración eficaz con la fiscalía, en febrero pasado, declaró que en la red criminal que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estaba el Consorcio Conservación Vial Mazocruz, integrado por INIP Ingeniería Integración de Proyectos y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) Sucursal del Perú.

“[...] Sé que hay una mafia en el MTC, conformada por el presidente Pedro Castillo, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras, siempre con participación de la empresa peruana INIP [...], conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, [...]; así también participan en esta mafia Zamir Villaverde, quien es el cajero; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rudbel Oblitas Paredes, y congresistas de Acción Popular”, afirmó el 21 de febrero ante la fiscal de lavado de activos Luz Taquire.

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Junto con su declaración, López entregó un USB con archivos. Uno, “proyectos 2021″, contenía una lista de siete obras: Mazocruz y otras seis de empresas y consorcios que firmaron contratos con Provías Nacional durante los primeros meses del gobierno de Castillo, cuando Juan Silva, ahora prófugo, era titular del MTC.

Cuatro contratos fueron adjudicados a INIP en asociación con empresas chinas (ver cuadro). Otro al Consorcio Bellavista, formado por China Railway N° 10 Engineering Group Sucursal del Perú y Grupo Constructor. Esta última compañía fue fundada por Roberto Aguilar Quispe, el joven de 27 años que es propietario de INIP. Las otras dos obras fueron para China Railway Tunnel Group Sucursal del Perú. La suma total de esos contratos ascendió a S/891′855.814.

Como López declaró, la información sobre esos procesos la obtuvo de la computadora de Bruno Pacheco, el ex secretario general de Palacio de Gobierno que, tras estar prófugo, se acogió a la colaboración eficaz.

Para analizar la información que el USB contenía, la fiscal Taquire –quien investigaba el caso hasta que se lo remitió al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder– pidió un informe pericial de análisis digital forense a peritos especializados del Ministerio Público. El objetivo “era extraer una copia espejo, recuperar y asegurar digitalmente la información contenida en el USB presentado”. El Comercio accedió al resultado del análisis al USB.

Lo llamativo es que el archivo ‘proyectos 2021′, que contiene la información sobre las siete obras, se modificó por última vez el 2 de setiembre del 2021 a las 12:54 p.m. Es decir, un mes antes de que se diera la buena pro al Consorcio Mazocruz sobre el que López declaró.

—Los otros casos—

Mazocruz no fue la única obra que, según el archivo ‘proyectos 2021′, estaba decidida antes de la buena pro.

Provías adjudicó a Mazocruz un servicio de gestión y conservación vial que se desarrolla entre Puno y Tacna el 1 de octubre del 2021. El mismo día, el Consorcio Vial Sondor Vado Grande, formado por INIP y CCECC Sucursal del Perú, logró la buena pro de un servicio de gestión y conservación vial en Piura. El monto: S/125′466.346.

Días antes, el 21 de setiembre, el Consorcio Vial Sullana Tambogrande (INIP y CCECC Sucursal del Perú) ganó un servicio de gestión y conservación vial en Piura y Tumbes por S/105′981.236.

Además, el 13 de setiembre, Provías adjudicó al Consorcio Bellavista (China Railway N° 10 Engineering Group Sucursal del Perú y Grupo Constructor) el servicio de gestión, mejoramiento y conservación de un corredor vial que pasa por Cajamarca, por S/158′347.521.

El 9 de noviembre, China Railway Tunnel Group Sucursal del Perú (CRTG) se adjudicó el servicio de gestión y conservación vial en Junín por S/64′950.961. El 29 del mismo mes, CRTG ganó otra licitación de la lista por S/225′727.698. Se trata de un servicio de gestión y conservación vial en Apurímac.

De la relación de obras, solo una se otorgó antes de la última modificación del archivo del USB, aunque también a un consorcio entre INIP y CCECC. El 26 de julio del 2021, el Consorcio Vial Grupo Tripartito logró un servicio de gestión y conservación de un corredor vial que pasa por Moquegua y Tacna. No obstante, el contrato se firmó el 25 de agosto, durante el gobierno de Pedro Castillo.

—¿Por qué INIP?—

En su declaración a la fiscalía, Karelim López dijo que INIP, de Roberto Aguilar, tenía vinculación con ‘Los Niños’, los congresistas de Acción Popular. “[...] Estos a su vez tienen conexión con Alejandro Aguilar Quispe, verdadero dueño de la empresa”, quien dio la compañía para que participara con empresas chinas en el otorgamiento de buenas pro en el MTC que “ya fueron beneficiadas con contratos millonarios”.

Durante su quinta declaración a la fiscalía, López señaló que el primer desembolso para los congresistas de AP y miembros de la presunta mafia fue el día de la primera censura a Juan Silva, en noviembre del 2021. “Villaverde era el que se encargaba de repartir el dinero a los congresistas, a través de su empresa de seguridad. [...] ‘Los Niños’ eran la parte de AP, pero hay otra parte con César Acuña de Alianza para el Progreso”.

En la conversación sobre los “cien grandes”, grabada por Villaverde, el empresario le dijo al entonces ministro Silva: “Van a salir 18 conservaciones en Descentralizado y en la parte de Nacional van a salir como 11, entonces digamos a diciembre [del 2021] va a ver cantidad, pero siempre hay un intervalo de esperar la buena pro, los documentos y todo ese tema”.

—Empresas de papel—

En julio del 2019, Roberto Aguilar fundó INIP con su hermano Alejandro Aguilar Quispe. Según las fichas registrales, constituyó la empresa con un capital social de S/100 millones. El dinero lo sustentó presentando un bono de reconstrucción emitido en 1983 por el fenómeno de El Niño.

Grupo Constructor tiene como socios fundadores a Roberto Aguilar y parientes suyos, según Registros Públicos. La empresa se fundó en el 2017 con un capital de S/60.000, pero siete meses después se le inyectó un capital de S/99 millones, también con bonos de 1983.

A través de comunicados, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que los bonos ya prescribieron y no tienen valor. A El Comercio, el MEF respondió: “Este ministerio no admite ningún requerimiento de pago de los bonos”.

César Nakazaki considera que, con la información que Karelim López dio, y con la verificación de las evidencias que Bruno Pacheco entregó (ambos son defendidos por el abogado), se establece “cómo funciona la vinculación entre el presidente” Castillo y ‘Los Niños’. El abogado sostuvo que la hipótesis que se está consolidando es que en el MTC había dos ramas de “negocios directos”: una de Villaverde con empresas chinas, la otra de “acuerdos” con ‘Los Niños’.

Rechazan arreglos antes de adjudicaciones

Consultado por este Diario, el representante de China Civil Engineering Construction, Li Qingyong, sostuvo: “Todos nuestros proyectos de Provías Nacional fueron ganados de manera transparente, bajo sorteo electrónico. Nadie puede controlar”.

Manuel Rojas, representante legal de Roberto y Alejandro Aguilar Quispe, propietarios de INIP y Grupo Constructor, indicó: “Las buenas pro han sido otorgadas como consecuencia de un sorteo electrónico que lo hace el OSCE, que depende del MEF y no del MTC. Luego el MTC publica la adjudicación”.

Este Diario también se comunicó con las empresas China Railway N° 10 Engineering Group y China Railway Tunnel Group, pero no respondieron.

Por su parte, Zamir Villaverde dijo a El Comercio: “Mis declaraciones las estoy dando a las autoridades competentes”.