Rafael López Aliaga nombra a exministro José Tello gerente del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, nombró al exministro de Justicia, José Tello Alfaro, como gerente del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, mediante una resolución fechada el 3 de mayo.

¿Qué funciones tiene?

Según se consigna en el portal del PGRLM, “la gerencia regional es el órgano de dirección responsable de la marcha administrativa y operativa del Gobierno Regional Metropolitano de Lima”.

“Por delegación del alcalde metropolitano, ejerce las funciones de presidente regional, dirige y coordina el proceso de transferencias y competencias sectoriales a la Municipalidad, asumiendo también las atribuciones de coordinar y supervisar las materias administrativas que corresponden a éste. Está a cargo de un gerente Regional, quien depende del Gerente Municipal”, se precisa en la web oficial de dicho programa.

El Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana se constituyó como órgano desconcentrado en la Municipalidad Metropolitana de Lima el 7 de mayo de 2003.

Su misión es “promover el desarrollo sostenible de la población de Lima Metropolitana, a través de una adecuada gestión y coordinación del proceso de transferencia y recepción de funciones y competencias sectoriales del Gobierno Nacional de manera transparente, eficaz y eficiente”.

Tello y su salida del Gabinete Otárola

El 23 de abril, cuando Dina Boluarte realizó los cambios en el gabinete, El Comercio reveló que, según fuentes del Ejecutivo, Otárola le había solicitado a José Tello presentar su carta de renuncia por una serie de discrepancias. Una de ellas fue la política de reparaciones económicas adelantadas que la oficina del abogado experto en derecho electoral concretó en beneficio de los deudos de los ciudadanos fallecidos durante los enfrentamientos en las protestas en contra del gobierno y del Congreso, entre diciembre y marzo últimos.

Sin embargo, El Comercio conoció que el motivo principal del retiro de la confianza a Tello se debió a la proximidad de la emisión del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el fallecimiento de más de 50 civiles en las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso.