César Villanueva, durante su presentación ante el pleno del Congreso, confirmó el pedido de facultades legislativas por un plazo de 60 días. (Andina)
César Villanueva, durante su presentación ante el pleno del Congreso, confirmó el pedido de facultades legislativas por un plazo de 60 días. (Andina)
Redacción EC

El Gobierno, a través de un documento que presentó el primer ministro, , ante el pleno del Congreso, ha pedido por un plazo de 60 días facultades legislativas en diversos aspectos que ha considerado prioritarios y que fueron mencionados en el discurso para que el Gabinete obtenga el voto de confianza.

El pedido de facultades se hizo a través de un documento de unas 51 páginas que, a continuación, resumiremos en 5 puntos clave.

1. Aspectos económicos

En materia tributaria y financiera, el Gobierno espera modificar la Ley de Impuesto a la Renta para fomentar la inversión y otorgar seguridad jurídica. También espera reducir la evasión y elusión tributaria. Buscan modificar la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

El Ejecutivo espera fortalecer al Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), así como la Ley Penal Tributaria y la Ley de Delitos Aduaneros.

En materia económica, la prioridad será fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del Fondo para la Estabilización de precios de combustibles y rediseñar el Fondo de Promoción a la Inversión Pública y Local (Foniprel). Asimismo, impulsarán el desarrollo productivo y empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El documento asegura que también fortalecerán la educación técnico-productiva para elevar la empleabilidad y competitividad, especialmente de jóvenes.

2. Cambios a la reconstrucción

El Ejecutivo modificará la Ley N°30556 que creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. El enfoque será la atención de la población damnificada con viviendas colapsadas e inhabitables con el uso del Bono Familiar Habitacional y el desarrollo de sistemas de drenaje pluviales para evitar más inundaciones.

Así como anunció César Villanueva, otra prioridad será mejorar el marco legal de Obras por Impuestos y otras modalidades que permitan acelerar el cierre de brechas de inversión y equipamiento de infraestructura y servicios.

3. Lucha contra la corrupción

El Gobierno busca aplicar medidas para impedir que condenados por lavado de activos, narcotráfico y financiamiento de terrorismo ingresen a la administración pública, así como para "regular" la presentación de la declaración jurada de intereses y gestión de intereses en el Estado.

Mencionan medidas preventivas de denuncia por delitos de corrupción a través de cambios en el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales.

Un aspecto específico en el documento de facultades legislativas promete incorporar mecanismos que permitan perseguir propiedades obtenidas a través de actividades ilícitas (como corrupción) y poder revertir su situación a favor del Estado.

4. Protección de poblaciones vulnerables

El Gobierno asegura que fortalecerá el marco jurídico para prevenir y proteger a la mujer en casos de violencia, ya sea a nivel familiar o ante el acoso, acoso en espacios públicos, tentativa de feminicidio y violación sexual. Aquí también hablan de protección de menores de edad.

También se enfocarán en medidas para promover la inclusión de personas con discapacidad a través del ejercicio de su capacidad jurídica y ante casos de desaparición de estas personas y otras poblaciones que puedan ser consideradas como vulnerables.

5. Modernización del Estado

Aunque no entran en detalles o mencionan medidas específicas, el Gobierno asegura que modernizará sistemas administrativos del Estado. Sin embargo, indican como excepción las áreas de Defensa Judicial del Estado y Control Gubernamental.

También promoverán la actuación administrativa para supervisar, fiscalizar y sancionar actos indebidos a través de cambios en la Ley de Procedimiento Administrativo General y en el Decreto Legislativo 1310.

Otro punto importante es el uso de servicios y espacios compartidos por entidades públicas y la creación de plataformas multiservicios para promover el gobierno digital y las mancomunidades municipales y regionales.