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Bancada Nueva Constitución solicita se refuerce la defensa legal de la ley que establece la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). (Foto: Cesar Campos / GEC)
/ La bancada Nueva Constitución le solicitó a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, reforzar la defensa legal de la ley que establece la devolución de los aportes a los aportantes activos e inactivos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
MIRA: Retiro ONP: ¿Quiénes podrán retirar S/4.300 y quiénes la totalidad de sus aportes?
“Resulta necesario que la defensa legal del Parlamento ante el Tribunal Constitucional sea realizada por destacados constitucionalistas que expliquen y defiendan adecuadamente la constitucionalidad de esta norma”, indica el oficio.
El Poder Ejecutivo interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley N° 31083, que establece un régimen especial facultativo para la devolución de fondos a los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados por la ONP.
La demanda fue presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, la cual alega que la medida publicada por insistencia por el Congreso de la República afecta las siguientes normas:
Los artículos 10º, 11º y 12º sobre el derecho a la pensión y el carácter intangible de los fondos para el pago de pensiones.
En el documento, la agrupación legislativa resalta que esta ley fue “promovida en el Congreso” desde abril “a efectos de atender la grave situación económica por la que atravesaban (y siguen atravesando) los aportantes y exaportantes a la ONP en el contexto de pandemia, en el que muchos perdieron su trabajo y requieren recursos económicos para poder subsistir”.
Destaca que la norma fue aprobada “por insistencia y promulgada a través de la Ley 31083, sin embargo, el Ejecutivo en un gesto injusto e insensible presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”.
La bancada Nueva Constitución solicita, en esa línea, que se dispongan “todas las acciones administrativas necesarias para fortalecer la defensa legal del Congreso” ante el órgano constitucional, a fin de “hacer justicia con más de cinco millones de aportantes, exaportantes y pensionistas de la ONP”.
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