Elecciones 2026: Informe de fiscalización concluye que Roberto Sánchez “habría infringido el principio de neutralidad”

Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1 concluyó que el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) “habría infringido el principio de neutralidad” en periodo electoral, luego que “Cuarto Poder” revelara que utiliza a los trabajadores de su despacho para su campaña a la Presidencia.

Según el documento al que accedió este Diario, al parlamentario se le atribuye “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”.

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Refiere que destinar tiempo y recursos estatales a fines proselitistas “desnaturaliza la función pública y rompe el principio de neutralidad, que para el presente contexto, el caso se produce con un proceso electoral convocado”.

“El hecho ocurrido en los exteriores del Establecimiento Penitenciario Barbadillo constituye un uso indebido de recursos públicos, al configurarse como un acto destinado a favorecer la promoción de la campaña electoral del congresista Roberto Helbert Sánchez Palomino, situación se enmarca en lo dispuesto en el sub numeral 32.1.2 del Numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento, al tratarse de una actividad de carácter proselitista, y se subsume en la prohibición prevista en el literal b) del artículo 33 del mismo reglamento, dado que la citada actuación no corresponde a una actividad oficial, en concordancia con el artículo 346, inciso b) de la Ley Orgánica de Elecciones”, detalla.

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“Por lo tanto, se configuraría el uso indebido de recursos públicos que no solo contraviene la exigencia constitucional de dedicación exclusiva del servicio prestado a la nación, sino las prohibiciones establecidas en la normativa electoral”, agrega.

Asimismo, afirma que el hecho descrito se adecua al tipo penal de peculado por uso, previsto en el artículo 387 del Código Penal, al implicar el empleo indebido de un bien público para beneficiar a un tercero, fuera del marco de actividades oficiales, y que la configuración del tipo penal dependerá de la acreditación del elemento subjetivo del dolo.

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Precisa que bajo esa premisa, subsiste la necesidad de determinar la existencia de infracciones administrativas y, eventualmente, de responsabilidades penales, con lo cual se recomienda elevar el informe al pleno del JEE de Lima Este 1, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

“En ese sentido se recomienda, en base a lo mencionado en los párrafos precedentes, se recomienda, remitir los actuados al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, conforme al principio de legalidad y al deber de colaboración con la justicia”, subraya.

Se defiende

Al respecto, el congresista Roberto Sánchez aseguró que los funcionarios de su despacho captados en actividades proselitistas se encontraban con licencia sin goce de haber y que a su juicio, los hechos imputados no son ilegales ni constituyen falta administrativa.

“Los trabajadores que aparecen en la actividad no han irrogado ni un solo sol de gasto porque han tenido licencia sin goce de haber por ese día”, expresó en declaraciones a Canal N.

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“Un trabajador, por más que fuera servidor del Estado, que pide licencia sin goce de haber, ¿está impedido de mostrar lo que cree, lo que siente? Evidentemente que no, eso no es ilegal, no es ninguna falla administrativa”, agregó.

Sánchez Palomino también defendió la contratación de Gian Marco Castillo, sobrino del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), como trabajador de su despacho al enfatizar que no tiene ningún impedimento legal.

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“Él, en el aspecto legal, administrativo, no tiene ningún impedimento para su derecho al trabajo, que es constitucionalmente legible. Si es que al señor periodista no le gusta, piña pues, yo cumplo la ley, cumplo lo que corresponde”, acotó.

El caso

Según reveló “Cuarto Poder” el último domingo, funcionarios de confianza del legislador Roberto Sánchez fueron grabados realizando actividades distintas para las que fueron contratados por el Congreso de la República, pese a encontrarse en horario laboral.

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Uno de ellos es Gian Marco Castillo, sobrino del golpista expresidente y que labora como coordinador del despacho de Sánchez Palomino desde abril de este año, con un sueldo de S/3.146 mensuales.

El sobrino del exmandatario fue captado el pasado 27 de noviembre en pleno horario de trabajo en los exteriores del penal Barbadillo de Ate para promover la liberación de su tío, recientemente condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

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Otro trabajador del despacho de Roberto Sánchez captado en los exteriores del penal Barbadillo de Ate el pasado 21 de noviembre es Ernesto Zunini Yerren, secretario general nacional de Juntos por el Perú.

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