El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundado el pedido nueve meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra el inhabilitado excongresista Freddy Díaz Monago - investigado por el presunta violación sexual contra una trabajadora del Parlamento - al considerar que “no se acreditó peligro procesal” del sospechoso y que se halló “contraindicios” en las pericias psicológica y toxicológica de la carpeta fiscal.
En lugar de la prisión preventiva, Checkley dictó comparecencia con restricciones contra Díaz Monago. El abogado José Ugaz, defensa legal de la trabajadora del Congreso, cuestionó que el magistrado sustentara su decisión en un prueba psicológica que señala que “no se encuentra daño en la víctima”. Asimismo, anunció que tanto fiscalía como él han apelado a esta resolución judicial, que espera que se revierta en segunda instancia.
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“Ese examen lo hicieron dos psicólogas [de Medicina Legal] de la fiscalía y señala que ella no ha sufrido ningún impacto emocional. Esto ha sido desmentido por dos examenes psiquiátricos y un examen psicológico hechos de manera privada, que han determinado que mi patrocinada sí ha tenido un impacto grave. Entonces, o ese certificado lo han hecho dos psicólogas absolutamente incompetentes, o es producto de una práctica corrupta. No hay otra explicación”, dijo Ugaz a El Comercio.
Entre las reglas de conducta impuestas para Díaz Monago, está la obligación de mantener su domicilio en Lima y pedir permiso al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria si es que quiere viajar.
Asimismo, deberá presentarseal juzgado cada quince días para dar cuenta de sus actividades y control judicial. Además, se le prohibió comunicarse con los testigos y peritos, así como con la presunta agraviada. También deberá pagar una caución conómica ascendente de S/. 10.000.
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—Más cuestionamientos—
En diálogo con este Diario, la exministra de la Mujer Ana Jara también calificó la decisión de Checkley de “preocupante” al considerar que “el delito [por el que es investigado Díaz Monago] es bastante grave” y, a su juicio - sí ameritaba una medida como la prisión preventiva.
“Me preocupa el hecho de que el juez considere que la comisión delito no está debidamente acreditada debido a un peritaje psicológico, cuando hay otros certificados del médico legista que dan cuenta que ha habido moretones en la víctima”, expresó Jara.
El caso de Díaz Monago data de julio de 2022, fecha en la que una trabajadora del Poder Legislativo denunció que fue abusada sexualmente por el entonces congresista de Alianza para el Progreso dentro de su despacho en el jirón Azángaro (Cercado de Lima).
Tras conocerse los hechos, APP lo expulsó de sus filas y la Comisión de Ética del Congreso inició una investigación que derivó en la suspensión de 120 días del exlegislador.
El pasado jueves, el pleno del Congreso inhabilitó a Díaz por 10 años para ejercer la función pública. Ello tras un pedido de reconsideración de la votación, en la que dos días antes había sido blindado. Aquella situación desencadenó una ola de críticas.
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