La presidenta Dina Boluarte solicitó al Poder Judicial desestimar la posibilidad de que se conozca su historia clínica, reveló “Cuarto Poder” este domingo.
El pedido de la presidenta se dio en el marco de la investigación fiscal en su contra por presunta omisión de actos funcionales y abandono del cargo, por someterse a una intervención quirúrgica en 2023 sin informar que, debido a ello, presuntamente quedó incapacitada para ejercer el cargo de manera temporal.
Boluarte se opuso a que el médico Mario Cabani y los otros doctores de la Clínica Sanna rompan su secreto profesional, de acuerdo con “Cuarto Poder”.
Según el dominical, el pedido lo realizó en una audiencia llevada a cabo el último viernes 4 de abril en el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. La diligencia fue encabezada por el juez supremo Juan Carlos Chekcley.
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Con ello, la mandataria busca frenar la autorización judicial que permita a sus doctores contar, con total libertad, los detalles sobre las intervenciones a las que se sometió en junio de 2023.
La cita fue virtual, se inició a las 10 a.m. y duró dos horas. Participaron un grupo reducido de personas: la presidenta, el médico Mario Cabani, sus abogados, los representantes del Ministerio Público y médicos de la Clínica Sanna, precisó “Cuarto Poder”.
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Boluarte tomó la palabra por aproximadamente 10 minutos para defenderse de los cargos que le imputa la fiscalía, que fueron sustentados por los representantes del Ministerio Público.
La jefa del Estado inició su presentación, según fuentes de “Cuarto Poder”, desvirtuando la tesis fiscal del supuesto abandono de cargo. Alegó que la noticia de la cirugía fue revelada como una “cortina de humo” por Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, con el objetivo de distraer a los legisladores de las imputaciones contra el exprimer ministro.
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Para ella, el extitular de la PCM sería el responsable de esta investigación. Sin embargo, le pidió al juzgado tomar en cuenta que luego habría sido él mismo quien confirmó ante el Ministerio Público que ella no hizo abandono de trabajo.
“No me generó ningún tipo de incapacidad para ejercer mis funciones como presidente constitucional de la República, porque el acto médico no me lo impidió”, indicó.
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“La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta”, añadió.
En la audiencia también habló de las supuestas firmas falsas de los decretos supremos que habría revelado un testigo protegido. Al respecto, dijo que es una “elucubración del Ministerio Público, que sólo busca en realidad sacar un as bajo la manga".
La mandataria acusó al Ministerio Público de cumplir “el rol de pescador, porque no persigue el delito, sino sale a ver qué pesca”.
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“Una persona incapacitada que está impedida de determinar funciones intelectuales, motoras, de circulación no suscribe 91 normas que ahora dicen que fueron falsificadas. Ya no saben qué más inventar”, aseveró.
Según fuentes de “Cuarto Poder”, durante la audiencia a puerta cerrada, Boluarte solicitó en varias oportunidades que no se conozca su historia clínica y los pormenores de sus cirugías. Le pidió al juez supremo cautelar su privacidad.
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“En esta audiencia en particular, están haciendo uso y abuso de poder. Pretenden violentar asuntos propios y privados de mi atención, de mi salud. Por eso, he ingresado a la audiencia para pedir a su despacho que cautele la privacidad de mis atenciones médicas”, señaló.
“Señor juez, en mi opinión personal esta denuncia es inconstitucional. Solicito a su despacho que cautele mi derecho a mantener en privado mis documentos que engloban mi atención médica”, agregó.
El médico Mario Cabani también habló por cerca de 3 minutos. Según las fuentes del dominical, mostró su disposición ante el juez supremo de contar toda su verdad si así se lo ordena la justicia y si la magistratura suprema le permite –legalmente- revelar los procedimientos que se llevaron a cabo la noche del 28 de junio.
El gran ausente en la diligencia fue Juan Carlos Portugal, abogado principal de Boluarte. La sustentación de su defensa estuvo en manos de otros dos abogados. El argumento que esgrimieron fue que los artículos 114 y 115 de la Constitución no especifican puntualmente que la presidenta tenga que comunicar al Congreso y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) algún tipo de intervención.
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Por tanto, según la defensa de Dina Boluarte, no contempla ninguna obligación de comunicar al Congreso si se somete o no a una cirugía. Por tanto, desde su punto de vista no habría omisión de funciones ni abandono de cargo.
Además, consideraron innecesario levantar el secreto de los médicos de la Clínica Sanna porque, según argumentan, los hechos materia de investigación son del 28 de junio del 2023, fecha posterior al tratamiento que recibió Boluarte Zegarra en esta clínica.
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