El gobierno de Dina Boluarte dispuso transferir hasta S/ 30 millones al presupuesto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la principal agencia de inteligencia del estado peruano, según se publicó este jueves en una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. El presupuesto anual orginalmente previsto para este órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) era de S/ 73 millones, por lo que esta asignación representa un aumento de más del 40%.
La resolución firmada por la presidenta Dina Boluarte, el titular la PCM, Gustavo Adrizanzén, y el ministro de Economía, José Arista, señala que la justificación de la transferencia es “para financiar gastos asociados a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que incluye además el control, investigación y sanción de dichas acciones”. También se detalla que la propia DINI envió un oficio a la PCM para solicitar la “transferencia de partidas” con ese objetivo.
LEE TAMBIÉN | Juan José Sntiváñez: La historia sobre la “reunión privada” que se pidió a un congresista en medio de una pesquisa por audios
Según el portal del Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto inicial de la DINI para el 2024 fue de S/ 73,474,461, cifra que no había sido modificada hasta la fecha. De ese total, el 58.8% ya figura como ejecutado.
El presupuesto que fue asignado para el año en curso para la DINI ya era el más alto desde que inició el gobierno de Dina Boluarte. De hecho es el más alto de los últimos años.
En el 2023, tuvo un presupuesto final de S/ 62,262,552; mientras que en el 2022, fue de S/ 68,418,154. En esos años, su presupuesto modificado terminó siendo menor a sus presupuestos iniciales de S/ 71 millones y S/ 70 millones, respectivamente. Es decir, en vez de aumentar en el transcurso de esos años, se le redujo.
En los años previos también se manejaron cifras que no superaron los S/ 70 millones: S/ 64 millones en el 2021 y en el 2020; S/ 69 millones en el 2019; S/ 66 millones en el 2018 y el 2017; y 65 millones en el 2016.
El Comercio consultó a la PCM, a través de su área de Imagen, para tener más detalles respecto a los motivos de la asignación de los S/ 30 millones. Si bien indicaron que se haría la consulta, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Evolución del presupuesto de la DINI (Fuente: Transparencia Económica del MEF)
Año | Presupuesto inicial | Presupuesto modificado | Porcentaje de ejecución |
---|---|---|---|
2024 | S/ 73,474,461 | S/ 73,474,461 (a esto se sumarían los 30 millones asignados) | 58.8% (actualizado al 18 de septiembre) |
2023 | S/ 71,632,276 | S/ 62,262,552 | 94.4% |
2022 | S/ 70,068,002 | S/ 68,418,154 | 99.2% |
2021 | S/ 64,465,722 | S/ 64,465,722 | 99% |
2020 | S/ 64,882,492 | S/ 64,994,092 | 96.5% |
2019 | S/ 69,326,469 | S/ 69,244,334 | 99.3% |
2018 | S/ 66,385,407 | S/ 66,920,076 | 99.6% |
2017 | S/ 66,812,000 | S/ 65,259,578 | 99.9% |
2016 | S/ 65,554,499 | S/ 61,814,838 | 100% |
2015 | S/ 64,962,021 | S/ 66,523,174 | 98.8% |
¿Qué es la DINI y qué funciones cumple?
La DINI es la principal agencia de inteligencia del Estado peruano. Se creó en diciembre del 2006 y tiene entre sus antecesores al desaparecido Servicio Nacional de Inteligencia (1960-2000), así como al Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica (2001-2006).
La dirección fue creada con la Ley N° 2866, promulgada en los últimos meses del gobierno de Alejandro Toledo. En diciembre del 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, esa ley se derogó y se reemplazó con el Decreto Legislativo N° 1141, con el que se le encargó ejercer la rectoría del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). Allí está agrupados todos los órganos de inteligencia del Estado, como los del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
En su portal institucional, la DINI señala que su rol es producir “inteligencia estratégica confiable y oportuna” para la formación y ejecución de políticas de alcance nacional, con el objetivo de “garantizar la vigencia de los derechos humanos, la defensa de la soberanía nacional, el bienestar general y el desarrollo integral de la nación”.
“Contribuimos a la protección de las capacidades nacionales frente a las amenazas que afectan a la seguridad nacional. Buscamos generar ventajas estratégicas para que el Presidente de la República y el Consejo de Ministros tomen decisiones y anticipen amenazas y riesgos a la seguridad y desarrollo nacional”, indican.
En otras palabras, la información recogida por la agencia es directamente para Palacio de Gobierno y para la PCM. Danilo Guevara, exjefe de la DINI, detalló a El Comercio que la DINI se avoca a producir “inteligencia estratégica, inteligencia de alto nivel, destinada a estudiar, esclarecer, investigar y proporcionar inteligencia sobre los grandes asuntos del Estado, dejando a los órganos operativos (Policía y Fuerzas Armadas) la inteligencia operativa”.
“No captura delincuentes ni desarticula bandas. Lo que clásicamente deberían hacer es estudiar un fenómeno en su parte macroestructural y en lo que puede constituir una amenaza al Estado peruano [...] El nivel de inteligencia estratégica produce inteligencia que debe ser consumida por el presidente y los ministros. No es inteligencia táctica, no investiga los hechos, investiga los fenómenos”.
Rubén Vargas, exministro del Interior, recordó que las competencias de la DINI respecto a la criminalidad organizada fueron “recortadas significativamente” durante el gobierno de Ollanta Humala, durante el cual la agencia estuvo involucrada en un escándalo de seguimiento a políticos y periodistas. “Desde ese momento, no puede realizar inteligencia táctica, operativo, sino solo inteligencia estratégica. Es decir, análisis de factores de las amenazas a la seguridad nacional, a partir de la información que proveen los órganos del sistema”.
“El argumento para este presupuesto adicional, que sería para la lucha contra el crimen organizado, escapa largamente a sus competencias actuales. La competencia para luchar contra el crimen organizado es directamente del sector Interior. [No se justifica] en absoluto. La DINI hace inteligencia estratégica, no inteligencia operativa o táctica”.
En esa línea, consideró que el Ejecutivo debería dar una explicación y que la Comisión de Inteligencia del Congreso también debería pedir respuestas. “Tiene que generarnos sospecha y preocupación porque se le estaría asignando una cantidad de presupuesto significativo para un ámbito de acciones en que no tiene atribuciones”.
Por su parte, Guevara consideró que el aumento de presupuesto hecho por el gobierno es “inusual” y que se trata de un monto “muy alto”. Añadió que esto sería positivo siempre y cuando forme parte de una estrategia integral contra la delincuencia que sea comunicada a la opinión pública y no se trate de una acción aislada, como parece ser.
“La transferencia nos lleva a suponer que estarían involucrando a la DINI en acciones que competen a la inteligencia operativa, acciones tácticas”, dijo. “Me parece que no hay claridad en las estrategias. El estado debe poseer una estrategia integral de lucha contra la delincuencia, que debe ser difundida al público. Una estrategia integral confiere funciones a cada organismo del Estado y los organiza para que haya una lucha armónica contra la delincuencia”.
Por ahora, indicó que esta aparenta ser “una medida aislada más, porque no se nos explica qué es lo que tiene que hacer la DINI a partir de esa estrategia que debería existir”. “Los secretos son en el acto operativo. Nadie puede conocer las fuentes, los procedimientos; pero sí tenemos el derecho de concocer qué función le cabe a la DINI en el marco de la estrategia que el gobierno tiene que formular y tiene que difundir. Si no lo está, uno dice: ¿qué va a hacer la DINI con esos fondos?”
La DINI tiene una Dirección Nacional, que actualmente encabeza Luis Máximo García Barrionuevo, contralmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú. Es el jefe de la dirección desde enero del 2024. Fue nombrado en lugar de Roger Arista, quien estuvo en ese cargo desde enero del 2023. Antes, durante las primeras semanas del gobierno de Dina Boluarte, la entidad estuvo a cargo de Juan Carlos Liendo.
Adicionalmente, la agencia cuenta con una Dirección Ejecutiva, una Dirección de Inteligencia y una Dirección de Contrainteligencia.
La agencia no ha estado libre de polémicas durante el gobierno de Dina Boluarte. En julio pasado, el exjefe de la DINI Roger Arista afirmó que el prófugo exgobernador regional Vladimir Cerrón, ex socio político de la presidenta Dina Boluarte, mantenía comunicación con altos funcionarios de Palacio de Gobierno -a través de congresistas- para evitar su captura.
En un testimonio brindado al dominical Panorama, Arista afirmó que el prófugo enviaba través de sus intermediarios, mensajes a Ernesto Vílchez, secretario general de la Presidencia. Según su versión, intentaba presionar para evitar que sea ubicado y capturado por la Policía.
“Sí (se comunicaba con Vílchez), pero directamente no, a través de congresistas. (Era) para presionar que no se le busque, para eso era. Por ahí era el motivo de esas comunicaciones, protegerlo a él”, manifestó. “El propio señor Cerrón, cuando se entregue o cae, va a pasar lo mismo que con Fray Vásquez. Él va a decir quién, cómo y dónde lo ayudaron a fugar y esconderse. Ahí va a venir el problema”, dijo.
Palacio de Gobierno ha negado esta y otras versiones que lo vinculan con supuestas ayudas al prófugo. “Negamos enfáticamente interferencia alguna en la búsqueda, ubicación y captura de cualquier persona prófuga de la justicia”, afirmaron en un comunicado a inicios de mes.
Por otro lado, el diario La República informó en mayo pasado que el excontralor Nelson Shack denunció que dos vehículos supuestamente vinculados a la DINI espiaban su casa, lo que habría sido informado al entonces jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola. Ello llevó a que la Procuraduría General del Estado presente una denuncia contra el exministro por “el presunto uso indebido de vehículos y recursos humanos asignados a la DINI, dirección adscrita a la PCM”.
En respuesta, el exprimer ministro rechazó haber participado en un supuesto ‘reglaje’ o haber tenido conocimiento de ello. En tanto, desde el Ejecutivo indicaron que los hechos estaban bajo investigación.