Iber Maraví pide al Congreso pruebas para su interpelación: ¿Es un requisito válido para el proceso?

El documento con el pedido del ministro se conoció el último lunes, aunque lleva como fecha el 22 de setiembre y, según el Congreso, se presentó dos días después. Sin embargo, precisamente el 24 de este mes, Maraví declaró a la prensa en Iquitos: “Estoy listo desde el primer día que me han preguntado, hace tiempo”. Cabe recordar, además, que el pleno del Parlamento acordó interpelarlo el 16 de setiembre.

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En el oficio dirigido a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, el ministro pidió se le remitan los “atestados completos” que lo involucraron en atentados terroristas perpetrados por Sendero Luminoso al inicio de la década de los 80 en Ayacucho.

También solicitó “copia de la pericia audiovisual” del contenido informativo de medios de comunicación que difundieron la documentación policial.

Incluso, plantea “que se precise el nombre de los medios de comunicación o redes sociales utilizadas como sustento, así como, la fecha y hora en que fueron difundidos”. Asimismo, pidió los documentos que acrediten sus presuntos vínculos con el Movadef y Conare, organizaciones radicales relacionadas con el grupo terrorista.

El Consejo Directivo del Congreso evaluará el pedido de Maraví en la sesión programada para este martes.

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Improcedencia

¿Es el pedido de Iber Maraví un requisito válido para que camine el proceso de interpelación? Ex oficiales mayores del Parlamento, consultados por El Comercio, advirtieron que tal requerimiento es improcedente y no va acorde al marco legal establecido para el procedimiento de control político que hace el Congreso.

El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes sostuvo que ni la Constitución, ni el reglamento del Parlamento ni la práctica parlamentaria exigen sustentar el pliego interpelatorio. Por tanto, subrayó que no es usual un pedido de tal magnitud y que, es más, no hay antecedentes al respecto. “El sustento son las preguntas formuladas, es todo lo que exigen la Constitución y el reglamento”, indicó.

A juicio del experto, la intención y estrategia de defensa que tendría Maraví es judicializar “un proceso típico de control político”; es decir, recurrir al Poder Judicial para que se suspenda el procedimiento legislativo de interpelación, que podría avanzar hacia una moción de censura dependiendo de las pretensiones desde el Legislativo.

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“Muy probablemente el acuerdo del Consejo Directivo no sea suspender o retrasar el proceso interpelatorio que se está cumpliendo de acuerdo a los plazos reglamentarios, sino simplemente hacerle saber al ministro que su pedido es improcedente porque es inexigible el sustento”, explicó.

José Cevasco, también ex oficial mayor, consideró que el Consejo Directivo debe hacer prevalecer los derechos de los congresistas al control político, pues de lo contrario —de aceptar la exigencia de documentación probatoria— “se generaría un pésimo precedente para la autonomía que tiene el Congreso”.

“El reglamento es claro. Lo que dice es que el Congreso tiene que remitir al ministro el pliego interpelatorio, el pliego de preguntas. En ninguna parte dice que el parlamentario debe sustentar, justificar, entregar pruebas. Además, los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Él no puede dar como condición o tratar que se desprenda como condición de que para ir a absolver preguntas se le tenga que alcanzar documentación probatoria. Está equivocado”, explicó.

¿Qué dicen concretamente el reglamento del Congreso y la Constitución? En resumen, resaltó Cevasco, “se le hace conocimiento [al ministro] de que el Congreso ha aprobado la interpelación y se adjunta el pliego interpelatorio”.

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Una acusación política

El promotor de la interpelación al ministro de Trabajo y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, calificó de “disparatado” al pedido de Maraví y refirió que este no tiene argumentos, pues se trata de un procedimiento parlamentario de control político que solo plantea preguntas y no de una acusación fiscal.

“El ministro está equivocado, esto no es un juicio, no estamos en el Poder Judicial. Estamos en un Parlamento en donde se le está haciendo una acusación política”, manifestó a este Diario.

Según agregó, el ministro buscaría “confundir, dilatar las cosas”. “Busca evitar acudir a la interpelación, evitar contestar. Está buscando evadir sus responsabilidades. Si él se niega asistir, tenemos la causal suficiente para censurarlo”, advirtió.

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