Jorge Ramírez anotó que el pago de la reparación de Odebrecht incluye a sus ex funcionarios, entre ellos Barata. (Foto: Dante Piaggio/ El Comercio)
Jorge Ramírez anotó que el pago de la reparación de Odebrecht incluye a sus ex funcionarios, entre ellos Barata. (Foto: Dante Piaggio/ El Comercio)
Rocío La Rosa Vásquez

explica por qué el acuerdo de colaboración eficaz con , que acaba de ser validado por el Poder Judicial, era lo más conveniente para la justicia peruana.

— ¿Qué lo convenció para firmar junto con el Ministerio Público el acuerdo de colaboración con Odebrecht?
Porque convenía a los intereses del Estado, porque aseguras la información en las pruebas brindadas por la empresa, que servirán para una eventual condena a los responsables por delitos de corrupción, sean funcionarios o empresarios. Por otro lado, aseguras el pago de la reparación civil. Estamos ante delitos de poder que no cualquier ciudadano puede cometer.

— ¿Cuál hubiera sido el riesgo si no se firmaba?
El riesgo es no conocer la verdad de los delitos cometidos en cuatro proyectos [Interoceánica Sur, línea 1 del metro de Lima, Vía Evitamiento Cusco y Costa Verde Callao]. La mayoría de los procesos del Caso Odebrecht se basa en la prueba aportada por ellos. El peligro es que, si no hubiera acuerdo, ellos se van del país, quiebran, no les interesa ya dar información, con lo cual no habría sanción para los responsables de estos hechos. Los procesos se caerían por falta de pruebas.

— ¿Está garantizado el pago de la reparación civil?
Estamos asegurando el pago de la reparación civil con un fideicomiso que se va a alimentar de tres fuentes: se le va a retener el 5% de los ingresos que tenga, ya sea en contratos públicos o privados; no va a tener reparto de utilidades hasta que pague la reparación y estas irán al fideicomiso. Y si la empresa decide vender sus activos, que supere los 3 millones de dólares, se le retiene el 25% del precio de venta. Se buscaba que la empresa siga funcionando porque conviene que siga en el país para seguir colaborando con la justicia. Otro escenario es que se vayan, que no colaboren y se genere impunidad.

— ¿Había la posibilidad de que se declaren en insolvencia y se vayan del país?
El riesgo es que, si se hubiera declarado en insolvencia, iba a Indecopi a un proceso concursal. En ese escenario, si no tuviéramos una sentencia [homologación], no tendría yo derecho a sentarme en la junta de acreedores, hubiera tenido que pasar cinco o seis años, que acabe el proceso, ya íbamos a llegar demasiado tarde. Además, el mismo monto de reparación [S/610 millones] se iba a obtener ya sea el día de hoy o acabando el proceso penal de acá a cinco o seis años.

— ¿El acuerdo se puede hacer público o hay un riesgo?
Existe el acuerdo de que esto pueda hacerse público. A veces los acuerdos de colaboración eficaz, por un tema de seguridad, permanecen en reserva hasta el juzgamiento. Pero acá se ha preferido señalar que este acuerdo pueda hacerse público a partir de su aprobación judicial.

— ¿A quién le corresponde hacerlo público?
Si es una sentencia, correspondería al Poder Judicial, cuyas sentencias generalmente son colgadas en su página web.

— ¿Qué aclaraciones se incorporaron al acuerdo?
El Ministerio Público, la empresa y la procuraduría ad hoc decidimos aclarar aspectos como la personalidad jurídica de la empresa colaboradora. Así cambie de nombre, se fusione, sea absorbida o se venda, la nueva empresa asumirá las obligaciones como la reparación civil. En segundo lugar si el procurador que está viendo un arbitraje no llega a un acuerdo con la empresa, este va a poder hacer uso de las pruebas [brindadas como parte de la colaboración] en el proceso arbitral contra la empresa.

— ¿Qué pasa si más adelante se acredita la responsabilidad penal de Odebrecht en otros proyectos que no están en el acuerdo?
Si eso se acreditara, el monto de la reparación puede ser incrementado.

— ¿Por qué no se ha castigado a Odebrecht con la inhabilitación para seguir contratando con el Estado después de todo el daño ocasionado en el país?
Acá hay dos opciones, o la quiebras o le permites seguir entregando información, pruebas. En el primer caso, los resultados a nivel penal no hubieran sido los que estamos viendo. Las detenciones preventivas, por ejemplo. Si la quiebras no tendría ningún interés en seguir contribuyendo a la justicia peruana. La pregunta sería qué incentivos había para la empresa para que siga colaborando. Si le permites operar, le das incentivos a que siga colaborando.

— ¿Si no pagan la reparación van a poder seguir contratando con el Estado?
Si no pagan la reparación, el acuerdo será revocado. Por otro lado, esa eventualidad subsiste como en todo proceso de negociación, pero nosotros hemos tratado de minimizar estos riesgos con este fideicomiso. Si ven la realidad de otros países, en Brasil ya están contratando con el Estado, ya están operando en Estados Unidos. Además, en el supuesto negado que la matriz quiebre en dos o tres años, los nuevos propietarios no pueden desconocer las deudas de sus unidades comerciales.

— ¿Qué requisitos tendrá que cumplir para poder contratar con el Estado?
Son tres condiciones: que esté al día en sus obligaciones sociales, que haya refinanciado su deuda en un plazo de diez años, y en el caso de Odebrecht ya pagó la deuda tributaria exigible a la fecha, y que esté inmerso en un proceso de colaboración eficaz. Dependerá de la empresa que cumpla con estos requisitos cuando se presente a un concurso público. Ya el Ministerio Público ha decidido otorgarle la posibilidad de contratar con el Estado, pero quien tiene que evaluar estos requisitos es la entidad a cargo del proceso de contratación.