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La Sala Penal Nacional dictó la detención preliminar del empresario Rodolfo Orellana y de su abogado Benedicto Jiménez. Esto, a pedido de la fiscal de lavado de activos Marita Barreto.
Orellana viene siendo investigado actualmente por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, entre otros. Aquí están comprendidos los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera que revelan un significativo desbalance patrimonial del empresario.
"SE PONDRÁ A DERECHO"
En comunicación con este Diario, el vocero de Orellana, Carlos Camacho, señaló que este pedido de detención "es un atropello" y obedece a presiones.
"No ha habido audiencia, no ha habido ninguna citación para ninguno de los dos (Orellana y Jiménez). Ni siquiera ha llegado un documento de citación. No hemos sido notificados de nada", señaló Camacho, quien precisó que todas las investigaciones en contra del empresario se habían unificado y estaban a cargo de la fiscalía de lavado de activos.
Según dijo, Orellana se estaba enterando por los medios de este pedido y estaba reunido con sus abogados para evaluar su situación. También aseguró que el empresario se encontraba en Lima, que "no se va a escapar" y que se pondrá a derecho, pero no precisó en qué momento.
NO SON LOS ÚNICOS
A través de un comunicado, el Poder Judicial informó que la Sala Penal Nacional dictó la prisión preventiva contra 23 procesados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. También confirmó que Benedicto Jiménez fue detenido esta tarde.
La medida fue dictada por la jueza Juana Mercedes Caballero, titular de la mencionada sala.
"La Policía Nacional ya tiene la orden de captura contra Rodolfo Orellana. Se supo que ya se emprendió una operación de búsqueda a nivel nacional", dice la nota.
Y agrega que en la víspera, el Poder Judicial declaró improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por Jiménez a favor de Orellana.
EL DATO
Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del 2012, Orellana y sus 'socios' utilizaron el sistema financiero para recibir de terceros dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita por la suma total de US$2.329,179 (entre junio de 2002 y 2011).
