Martín Vizcarra enfrentará su juicio sin ninguna restricción: cuánto falta para su sentencia y sus casos pendientes

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato y encargado del caso de Martín Vizcarra en segunda instancia, dijo a El Comercio que ese es el plazo en que estiman que terminará el juzgamiento. Esto es si se mantiene el actual ritmo de dos audiencias por semana y si la defensa del expresidente no incurre en una conducta “obstruccionista” que la pudiera retrasar.

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“Esperamos que el juicio del señor Martín Vizcarra, que está en una etapa final, pueda mantener el ritmo que corresponde a su investidura de expresidente, que pueda tener sesiones continuas, dentro de las cuales podemos tener un pronóstico de que deba concluir en no más de dos o tres meses”, indicó. Con esto, sostuvo que “finalmente se sepa la verdad en este caso y se determine la sentencia, que debería ser condenatoria, por la solidez y la abrumadora cantidad de evidencia de culpabilidad”.

El representante del Ministerio Público dijo que los dos o tres meses sería “el tiempo razonable” para llegar a la sentencia si la defensa del expresidente actúa “de buena fe” y “no implementa, como sí lo hemos estado observando, una defensa obstruccionista que pudiera dilatar el desarrollo del juicio”. “En ese sentido, pensamos que si hay audiencias continuas, deberíamos estar terminando en dos o tres meses como máximo”, agregó.

Martín Vizcarra dejó el penal de Barbadillo la tarde de este jueves, luego de que el Poder Judicial notificó la decisión de revocar su prisión preventiva al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El expresidente y su defensa esperaban que su salida fuera por la mañana, pero el trámite se extendió, lo que lo llevó a afirmar mediante su cuenta de X que lo estaban “reteniendo injustamente”.

Finalmente, poco después de las 3:00 p.m. Martín Vizcarra salió del centro penitenciario acompañado por su hermano Mario, por su abogado Erwin Siccha y por dirigentes de su partido. Sin él, en el penal para expresidentes solo quedan los sentenciados Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como el procesado Pedro Castillo.

La liberación de Martín Vizcarra es fruto de una orden judicial de segunda instancia, emitida por la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, por lo que ya no puede ser apelada por la fiscalía. Tampoco se podría volver a pedir que se le impongan reglas de conducta (comparecencia con restricciones), como no salir de Lima o pasar por un control judicial cada mes, ya que la Ley 32130 del Congreso estableció que estas deben tener como máximo de 36 meses, plazo que ya expiró en este caso.

“Está claro que para los jueces superiores ya no cabe ningún tipo de medida, porque las mismas han caducado por imperio de la nueva ley que promulgó el Congreso. Con ello, en este momento no cabe ninguna previsión legal que pudiera ser amparable; más allá de que pudiera suscitarse tal vez algún episodio nuevo promovido por el propio señor Vizcarra respecto a su conducta procesal, porque él, de cualquier forma, se encuentra del desarrollo de un juicio oral”, dijo Vela al respecto.

En otras palabras, solo se podría pensar en una nueva medida en su contra en caso surgiese algún elemento nuevo que hiciera suponer un riesgo concreto de fuga u obstaculización de la justicia. Más allá de eso, el fiscal indicó que por ahora se centrarán en llegar a la sentencia del juicio y que finalmente haya un pronunciamiento judicial respecto a la acusación contra Martin Vizcarra: haber recibido S/ 2,3 millones en coimas de las constructoras Obrainsa e ICCGSA por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, adjudicadas durante su gestión como gobernador regional (2011-2014).

Los dos o tres meses que tardaría esa sentencia se calculan “en tanto no exista conducta obstruccionista de parte de la defensa del señor Vizcarra” . Vela incluso consideró que el plazo podría ser menor si las audiencias fueran más frecuentes, pero apuntó que “siendo realistas”, debido a la carga de los jueces, lo razonable sería “concluir con el juicio oral en dos o tres meses”.

Sobre lo que falta dentro del juzgamiento, comentó que “estamos casi en un 60 o 70%” de la sustentación de pruebas documentales” de la fiscalía. “Estimamos que concluiremos con prontitud, pero después de eso hay que analizar también la prueba de la defensa del señor Vizcarra. Luego hay una estación, de carácter excepcional, en el que se podría determinar alguna prueba complementaria a propuesta de la defensa. El señor Vizcarra ha anunciado que sí tiene algunas de ellas”.

Luego de eso, se daría la declaración del propio Martín Vizcarra, los alegatos finales de las partes, la última palabra del acusado y, finalmente, la lectura de sentencia.

Los primeros dos pasos en ese camino, ya con el acusado en libertad, se darán en las próximas audiencias del juicio, programadas por el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional para el martes 9 y viernes 12 agosto. Mientras Martín Vizcarra estuvo en prisión preventiva, tal como reportó este Diario, su juicio avanzó con un promedio de dos sesiones por semana. Al menos por ahora, esa velocidad se mantiene.

A su salida del penal, el expresidente sostuvo que la resolución por la que sale de prisión determinó su prisión preventiva fue “absolutamente ilegal” y que demuestra que “dentro del sistema de justicia hay operadores políticos con otra agenda que es diferente a la de hacer justicia”. “Lo que viene ahora es continuar colaborando con la justicia. Voy asistir a todas las citaciones del Poder Judicial.”, dijo.

“Políticamente, seguiremos recorriendo todo el país llevando el mensaje de Perú Primero ”, afirmó. “Por supuesto que sí [voy a permanecer en el país]. No tengo impedimento para salir del país y voy a estar en el país. No me voy del país, no me voy a asilar, no me voy a fugar, porque tengo respeto a los que confían en mí, tengo respeto al sistema judicial peruano. Voy a estar aquí, es mi palabra de honor”, agregó.

Para la fiscalía, sigue existiendo riesgo de que el expresidente se fugue o pida asilo. No obstante, según declaró Rafael Vela, por ahora ese tema “ha concluido y nos debemos concentrar en lo que significa el desarrollo del juicio oral y su conclusión”. “Sin duda alguna, para el Ministerio Público siempre subsiste la preocupación que hemos expuesto a conocimiento de los jueces y son los jueces los que deciden. A veces nos dan la razón, en otras circunstancias no nos la dan y tenemos que ser también objetivos en la evaluación estratégica de cómo ahora lo prioritario debe ser la culminación del juicio”.

El penalista Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, comentó al programa ‘Tenemos que Hablar’ de El Comercio, consideró que el Poder Judicial hizo bien en revocar la prisión preventiva; pero remarcó que en las dos resoluciones frente a este pedido de prisión preventiva se considera que “hay suficientes elementos que acreditan el delito y la participación” del expresidente en el delito por el que se le acusa.

“Es muy poco probable que Martín Vizcarra logre una absolución en un caso como este. Su destino sería la prisión, aunque podríamos tenerlos todavía en libertad hasta que [el caso] se resuelva también en segunda instancia”, apuntó. Ello dependerá de que el juzgado a cargo de una eventual condena decida si esta se ejecuta de inmediato, como ocurrió con Ollanta Humala, o solo si es ratificada por un tribunal superior.

También a su salida del penal para expresidentes, Martín Vizcarra arremetió contra la figura de la colaboración eficaz, una figura clave en el proceso judicial, ya que permitió que directivos de Obrainsa e ICCGSA, así como su amigo, el exministro José Manuel Hernández, confiesen haber entregado las presuntas coimas y que hayan declarado en su contra durante el juicio oral.

El acusado pidió que se “revisen las sentencias de acuerdos de colaboraciones eficaces”, clasificándolas de “sumamente vergonzosas” y “absolutamente corruptas”. “Al empresario que tiene plata le perdonan todos sus actos delictivos, le perdonan todos los años de cárcel y permiten que su empresa siga trabajando”, sostuvo.

“Mientras sigamos haciéndonos de la vista gorda sobre el enorme daño que le han hecho al Perú [las empresas] Perú Odebrecht, Graña y Montero, Obrainsa, ICCGSA, que se han robado miles de millones de soles de todos los peruanos y que en colaboración con los fiscales les han perdonado todo, cambiando [ello] por acusaciones de tipo político”, aseguró. “El que tiene plata ni un día de cárcel, y yo sin condena, 22 días en la cárcel por denunciar a los corruptos”, agregó.

Durante su presidencia, en contraste con lo que dice ahora, Martín Vizcarra defendió el acuerdo que firmó el equipo especial Lava Jato con Odebrecht, cuyas delaciones alcanzaban a sus rivales políticos en el fujimorismo y otros sectores. Muestra de ello fue la suspensión de su viaje a Brasil en enero del 2018, cuando el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry (con quien también estaba enfrentado), removió del equipo Lava Jato a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez cuando estaban por cerrar el acuerdo de delación con la empresa brasileña y sus exdirectivos.

Al respecto, Vela sostuvo que “lo que dice el señor Vizcarra agravia todo el sistema de administración de justicia”, ya que los acuerdos de colaboración son aprobados por jueces del Poder Judicial, con participación del Ministerio Público, la procuraduría e incluso las defesas de las empresas que han participado en esos acuerdos, a cargo de conocidos estudios de abogados del país.

“Vizcarra termina haciendo uso de las mismas formas de ataque y cuestionamiento que hacen los políticos que suelen antagonizar con él. Su posición no es distinta a la que tiene la señora Keiko Fujimori, el señor Ollanta Humala, el señor Alejandro Toledo, el señor Pedro Pablo Kuchinski, el señor Vladimir Cerrón: es la misma defensa de los políticos que lo que buscan es atacar una herramienta sumamente valiosa en la búsqueda de la verdad, como es la colaboración eficaz”, dijo.

Agregó que “no sorprende que Martín Vizcarra, que se encuentra en un juicio oral en donde hay prueba predominante vinculada también a acuerdos de colaboración eficaz corroborados a nivel judicial, por supuesto, busque atacarlos en el mismo discurso concertado de quienes quieren sentirse impunes ante la justicia, en donde los políticos razonan que pueden ser diferentes a cualquier ciudadano y buscan criticar mecanismos fundamentales de averiguación de la verdad”.

Además del juicio actualmente en marcha, Martín Vizcarra tiene una segunda acusación en etapa de control judicial, la cual está próxima a derivar en un segundo juicio en su contra. Allí se le acusa por el delito de colusión simple y se piden 10 años de prisión en su contra.

Adicionalmente, enfrentó una investigación por el ‘Caso Swing’, en el que se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias, peculado y obstrucción a la justicia, todo por presuntos favorecimientos durante su gobierno al cantante Richard Cisneros. El plazo de esa indagación ya culminó y se espera que la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, decida pronto si archiva el caso o si presenta una acusación penal.

Por otro lado, el expresidente también tiene denuncias constitucionales en trámite en el Congreso, presentadas por el Ministerio Público, por presuntos delitos cometidos durante su gobierno. Estos son los casos Vacunagate (concusión), Pruebas Rápidas (colusión) y por el presunto nombramiento irregular del exprocurador general Daniel Soria; además de una investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por el caso Intocables de la Corrupción.

En el plano político, Martín Vizcarra cumple tres inhabilitaciones dictadas por el Congreso por infracción de la Constitución. La primera es por su vacunación a escondidas durante su gobierno y está vigente hasta el 2031; la segunda es por presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y está vigente hasta el 2027; y la tercera es por la disolución del Parlamento en el 2019, la cual está vigente hasta el 2035.

Las inhabilitaciones le impiden postular a un cargo o ser nombrado en el Estado, lo que no ha impedido que Martín Vizcarra se promocione como candidato presidencial para el 2026 con su partido, Perú Primero. Según determinó el Jurado Nacional de Elecciones, sin embargo, la inhabilitación también llevó a que se le revoque su inscripción en esa agrupación.

La defensa del expresidente ha recurrido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que, inicialmente mediante una medida cautelar, se le revoquen esas inhabilitaciones y pueda postular en el 2026; pero aún no obtiene respuesta. Adicionalmente, una condena en primera instancia en los próximos meses también lo dejaría sin posibilidades de ser candidato, gracias a una reforma constitucional que él mismo impulsó durante su gobierno.

Diciembre es el plazo límite para presentar las candidaturas presidenciales, entre ellas las de Perú Primero. Con Martín Vizcarra fuera del camino, todo apunta a que el candidato del partido sería su hermano, Mario Vizcarra. No obstante, pese a todo lo mencionado, la agrupación continúa promocionando al expresidente como su carta electoral para el 2026.