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La gestión del expresidente Pedro Castillo no solo estuvo marcada por las indagaciones penales que le inició la Fiscalía de la Nación por presuntos actos de corrupción. En paralelo, a múltiples miembros de su gabinete ministerial también se les abrieron investigaciones preliminares por la presunta comisión de delitos que van desde organización criminal y la rebelión, hasta el peculado y la obstrucción a la justicia.
Así, al menos once exministros del gobierno castillista están siendo investigados por hechos ligados a sus gestiones como altos funcionarios. Por lo tanto, están o estuvieron bajo la protección del antejuicio o ‘inmunidad’.
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Las pesquisas son de la Fiscalía de la Nación, específicamente del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Por ello, cuando culminen, se deberá definir si se archivan o si presentan denuncias constitucionales ante el Congreso para levantar sus antejuicios y que la indagación pueda seguir como investigación preparatoria. Cuando esta acaba, se define si se presenta una acusación penal ante el Poder Judicial (PJ).
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El pleno definirá este miércoles si levanta el antejuicio a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez para que pueden seguir siendo investigados por el golpe de estado.
La mayoría se relaciona con la presunta organización criminal que, para la fiscalía, encabezó Pedro Castillo dentro de su gobierno. Esta supuesta red tuvo ‘brazos’ desplegados en ministerios o para ejecutar propósitos como el de obstruir a la justicia. Otras se vinculan al golpe de estado del 7 de diciembre y el posterior proceso por rebelión y conspiración; y otro grupo es por presuntas irregularidades protagonizadas por ministros al margen de la figura del mandatario.
Los exministros bajo investigación
1
Walter Ayala, exministro de Defensa
Investigación por organización criminal, tráfico de influencias, abuso de autoridad y patrocinio ilegal (Caso Ascensos)
El primer caso es el de Walter Ayala. En noviembre del 2021, se abrió una investigación al entonces ministro de Defensa por las presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Días después, el abogado renunció al cargo.
Las pesquisas fueron inicialmente por presunto abuso de autoridad y patrocinio ilegal. Eventualmente, el caso pasó a ser parte de la tesis de la presunta red liderada por Castillo y su brazo en el Mindef. Así consta en la denuncia constitucional que presentó ante el Congreso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para poder seguir investigando a Castillo.
Según pudo conocer El Comercio, la investigación a Ayala hoy también es por organización criminal y trafico de influencias. El exministro niega estos cargos y rechaza ser parte de una red ilícita.
2
Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones
Investigación por organización criminal y colusión (caso MTC)
El siguiente fue Juan Silva. Su investigación por colusión se abrió en mayo. Si bien ya había renunciado a ser ministro de Transportes y Comunicaciones meses antes, el antejuicio se extiende hasta cinco años después de dejar de ser alto funcionario. Esto lo protegió por meses de que se le dicten medidas como una prisión preventiva.
En junio, la fiscalía obtuvo una orden de detención preliminar contra Silva, quien pasó a la clandestinidad. Hoy, se le considera parte del brazo en el MTC de la red y también se le imputa organización criminal. Tras levantársele su antejuicio, el PJ le dictó prisión preventiva por el último 9 de marzo.
3
Jorge Luis Prado, exministro de la Producción
Investigación por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo
En julio del 2022, la Fiscalía de la Nacióna abrió una investigación al entonces titular de Produce en torno a la contratación de su sobrino Edwin Chávez Prado como coordinador regional del ministerio en la región Ica.
Según el dominicial “Punto final”, el familiar del ministro cobró S/21.000 por una orden de servicio sobre el “fortalecimiento organizacional en actividades productivas” que se realizó de manera remota en Ica.
La orden de servicio fue girada el 16 de febrero, el mismo día en que Chávez tramitó su inclusión en el registro nacional de proveedores. El contrato fue renovado el 30 de mayo por otros S/21.000.
Prado Palomino continuó como ministro de la Producción del gobierno de Pedro Castillo hasta noviembre del 2022, cuando Betssy Chávez asumió la presidencia del Consejo de Ministros y se renovó el gabinete.
4
Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Investigación por organización criminal
A Geiner Alvarado se le abrió investigación en agosto del 2022, junto a Pedro Castillo, por organización criminal en torno a presuntas irregularidades en el Ministerio de Vivienda.
El caso se derivó de la investigación a Yenifer Paredes y Lilia Paredes, cuñada y esposa del expresidente, por contratos relacionados a obras de saneamiento en Anguía (Chota) y otras municipalidades. Días antes, había dejado esa cartera para asumir el MTC.
Al mes siguiente del inicio de esta indagación, Geiner Alvarado fue censurado por el Congreso.
Para Alvarado, a quien el Congreso le levantó el antejuicio juan a Pedro Castillo y Juan Silva, también se pidió prisión preventiva como a ellos. Sin embargo, el PJ rechazó la solicitud y le concedió libertad con restricciones. La fiscalía apeló e insistirá en su pedido en segunda instancia.
5
José Gavidia, exministro de Defensa
Investigación por peculado
El 11 de julio del 2022, la Fiscalía de la Nación comenzó una investigación preliminar al entonces titular del Mindef por la presunta comisión del delito de peculado de uso, tras revelarse que usó un avión de las Fuerzas Armadas para trasladar a sus tres hijas.
Previamente, el dominical Punto Final había emitido un reportaje en el que mostró que el 14 de marzo de ese año, José Gavidia viajó a una actividad oficial en Huánuco, junto con sus tres hijas, dos de ellas menores de edad.
El viaje fue en un avión Fokker con placa AE-565 hasta Huánuco, donde participó en el inicio del año escolar. La ceremonia, según el reportaje, solo duró 3 horas, pero Gavidia y su familia permanecieron 3 días en esa región. El ministro alegó que se vio obligado a viajar con ellas y que no podía "eludir su responsabilidad como padre". Al mes siguiente, renunció al cargo.
1
Aníbal Torres, exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Ministros.
Investigación por organización criminal y por rebelión
En septiembre del 2022, el entonces titular de la PCM fue incluido en la carpeta fiscal donde se investiga a Pedro Castillo por presunta organización criminal y encubrimiento personal.
Su inclusión en la investigación fue a partir de las declaraciones de Karelim López sobre los presuntos actos de obstrucción de Aníbal Torres cuando era ministro de Justicia, cargo que ocupó antes de asumir como jefe del Gabinete.
De acuerdo a su testimonio, Aníbal Torres quería que Bruno Pacheco, el exsecretario del Despacho Presidencial implicado a las investigaciones a Pedro Castillo, abandone el país. Pacheco estuvo prófugo entre marzo y julio del año pasado.
Torres se mantuvo como jefe de la PCM hasta noviembre, cuando fue reemplazado por Betssy Chávez. Poco después, paso a ser asesor principal en la PCM, cargo en el que se mantuvo hasta el golpe de estado y la caída del gobieno castillista.
La fiscalía también lo investiga por su presunto rol en el golpe de Estado. En esas pesquisas, testimonios lo ubican junto a Pedro Castillo antes y después del discurso del golpe de estado. Se pidió su prisión preventiva por ese caso, pero por su edad y saluda, de optó porque esté en libertad con restricciones.
2
Félix Chero, exministro de Justicia y Derechos Humanos
Investigación por organización criminal
Junto a Aníbal Torres, el entonces ministro de Justicia, Félix Chero, también fue incluido en la referida investigación por organización criminal.
En su caso, la inclusión de debió al testimonio de otro colaborador eficaz, quien dio cuenta de presuntos intentos para contactar al investigado Zamir Villaverde cuando este estaba recluido en el penal de Ancón,
El abogado se mantuvo al frente del Minjus y como uno de los ministro más cercanos a Pedro Castillo hasta el golpe de estado. Tras este, renunció al cargo y no ha tenido mayores apariciones en la escenario político desde entonces.
3
Jorge López Peña, exministro de Salud
Investigación por enriquecimiento ilícito
El 26 de octubre, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Jorge López Peña, quien solo dos día antes había sido cesado como ministro de Salud, como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
Días antes, el dominical Punto Final reveló que seis trabajadores del Ministerio de Salud habían depositado, en conjunto S/ 98 400, a la cuenta bancarias de la exconviviente del ministro; y que un empresario del sector salud también efectuó un depósito por US$ 70 mil. La fiscalía incautó el departamento adquirido con ese dinero.
Ese reportaje fue emitido el 23 de octubre. Esa misma noche, Pedro Castillo anunció vía Twitter que "en aras de demostrar absoluta transparencia" en su gobierno, había decidido dar por concluida las funciones del entonces titular del Minsa.
4
Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo
Investigación por obstrucción a la justicia y por rebelión
A inicios de noviembre, la Fiscalía de la Nación dispuso ampliar una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por presunta organización criminal, a fin de comprender al entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo como supuesto autor del delito de obstrucción a la justicia.
Esto ocurrió luego de que un colaborador eficaz de la fiscalía aseguró que Sánchez había prometido a Bruno Pacheco que entregaría S/8.000 mensuales a la esposa de este a cambio de que no testificara ni aportara pruebas contra el mandatario. El también congresista fue el único ministro que se mantuvo en su cargo durante todo el gobierno castilista.
Adicionalmente, es investigado por rebelión y conspiración en torno al golpe de Estado del 7 de diciembre. Según la tesis fiscal, el exministro habría dicho "por el país" a Pedro Castillo tras su discurso, a manera de apoyo a su mensaje. Esto es negado por él.
La fiscalía presentó una denuncia constitucional para poder procesar a Sánchez y otros exministros por este caso. Este miércoles, el pleno del Congreso definirá si accede a ese pedido y si aprueba la acusación constitucional para levantarles el antejuicio.
5
Betssy Chávez, exministra de Trabajo, de Cultura, y expresidenta del Consejo de Ministros.
Investigación por negociación incompatible y tráfico de influencias, investigación por rebelión, e investigación por enriquecimiento ilícito
El 14 de noviembre, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en contra de la entonces ministra de Cultura por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. Esto referido a supuestos actos cometidos cuando era ministra de Cultura.
La investigación se dio luego de que el dominical programa Cuarto Poder denunciara que facilitó la contratación de dos familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante con quien se le vincula sentimentalmente.
Al mes siguiente, fue incluida en la investigación a Pedro Castillo por rebelión y conspiración en torno al golpe de Estado. La tesis fiscal, basada en testimonios de personas que estuvieron el 7 de diciembre en Palacio y otras evidencias, es que Chávez coordinó la transmisión del mensaje golpista y que estuvo junto a Castillo y Aníbal Torres antes y después del mensaje.
Para poder seguir investigando a ella y a otros ministros implicado en el caso, la fiscalía presentó una denuncia constitucional contra todo ellos. El Congreso votará este miércoles si aprueba la acusación constitucional y les levanta el antejuicio.
Finalmente, el Ministerio Público informó este mes sobre el inicio de una investigación a Chávez por presunto enriquecimiento ilícito. Este caso se relaciona con la adquisición de un inmueble en Tacna, región a la que representa como congresista.
6
Willy Huerta, exministro del Interior
Investigación por rebelión y conspiración
El último titular del Mininter del gobierno de Pedro Castillo está incluido en la investigación en torno al golpe de estado. La tesis fiscal es que Willy Huerta le dio su teléfono al expresidente para que este llame al jefe de la PNP y le ordene "cerrar el Congreso" y detener a la fiscal de la Nación, añadiéndole que el ministro le iba a explicar los motivos.
El penalista Andy Carrión comentó a El Comercio que a cifra de ministros investigados es llamativa por sí misma, pero también por el poco tiempo que duró el gobierno de Castillo (menos de un año y medio). “Esto podría confirmar la existencia de una organización criminal, no se puede tener a todos los ministros investigados o con sospechas de haber cometido algún ilícito.
“En algunos puede haber habido cierto grado de coordinación del presidente, en otros quizás algunos actuaron de manera individual, como el caso, me parecería, del ministro de Salud, pero eso no desmerece la imputación de organización criminal. El hecho numérico sí podría aportar para concluir que ha sido un gobierno que quiso tomar el poder para cometer delitos, más allá de, teatralmente, presentar supuestos cambios ofrecidos”, declaró.
Por otro lado, opinó que en el caso del exministro Walter Ayala y los ascensos, ya habría elementos para una pronta presentación de una denuncia constitucional de parte de la fiscalía ante el Congreso. “Existe ya una investigación por los ascensos, que sirvió también para realizar la imputación [a Pedro Castillo] por organización criminal”, señalo.
