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MARIO MEJÍA (@mariomejiah)
El procurador anticorrupción Christian Salas reveló hoy que su despacho tiene bajo sospecha a más de un centenar de personas que estarían vinculados de alguna manera con la presunta organización criminal que encabeza el presidente del gobierno regional de Áncash, César Álvarez.
"Mi oficina tiene un promedio de cien personas y 25 empresas bajo indagación. Toda esa información la pude recolectar cuando estuve en el Santa con un equipo especial", dijo a la prensa en torno a la investigación sobre los actos de corrupción denunciados en Áncash.
Sin embargo, Salas Beteta no quiso mencionar nombres por ahora. "Son indagaciones propias de mi oficina. Estamos en eso desde hace varias semanas. Hay varios hechos que podrían destaparse, pero mientras no encuentre indicios razonables que me permitan sustentar una imputación, no puedo lanzar nombres ni precisar las conductas delictivas", indicó.
El abogado del Estado manifestó que la tesis que tiene su oficina es que "estamos ante una organización criminal en la cual estaría involucrado el presidente del gobierno regional".
De todos los sospechosos, dijo que se había identificado con nombres a unas 16 personas que tendrían posibles nexos con esa organización. Por eso la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado a la fiscalía que en el proceso donde se ventila el caso de La Centralita, y en el cual solo hay siete investigados, se amplíe la indagación contra esas 16 personas. Entre ellas figuran los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, y el empresario Martín Belaunde Lossio.
"Esperamos que la Fiscalía amplíe de una vez. Estamos perdiendo valioso tiempo. Lo solicitamos hace cuatro semanas y hasta ahora no tenemos respuesta", acotó.
NO ES CENTRO DE 'CHUPONEO'
Salas precisó que 'La Centralita' no era un centro de 'chuponeo', como muchos afirman, sino "un lugar donde se editaba información, audios y videos para ensalzar la gestión de Álvarez y atacar a sus opositores", expresó tras la suspensión de la audiencia del caso diarios chicha.
Dijo que, según la declaración de un testigo clave, el abogado Rodolfo Orellana era el encargado de remitir esa información al local 'La Centralita'.
Según ese testigo, agregó Salas, el empresario Martín Belaunde Lossio habría prestado el nombre de su empresa Ilíos Producciones para encubrir lo que realmente se hacía en ese local.
En otro momento, Salas descartó que en las investigaciones se haya mencionado los nombres del presidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia. "No hay ninguna relación con ellos", dijo.
