A pesar de que Vizcarra declaró numerosas veces que él no tenía ninguna intención de participar en las elecciones del 2021, que la Constitución se lo prohibía y que no buscaría cambiar las reglas de juego para beneficiarse, la sombra de duda se mantuvo hasta ayer, cuando anunció, papel en mano, la publicación del decreto supremo que convocaba a las elecciones generales.
Así, Vizcarra se dispone a ingresar al último año de su atípico gobierno. Sin embargo, el panorama que deberá enfrentar no es auspicioso. Una reciente escalada en el conflicto con el Congreso augura una mayor turbulencia política en la segunda mitad del año. Lo que empezó como una relación fría y distante, sin presencia del oficialismo en el Parlamento, se ha convertido en una relación tensa y resentida. Desde el inicio el gobierno falló en tender puentes con el Congreso. Si bien los escasos votos del Partido Morado fueron su único aliado, la mayor parte de las bancadas no buscaba atacar proactivamente al Ejecutivo. Los problemas surgían más bien de la falta de articulación entre las agendas de ambos poderes y de una competencia por ganarse el favor ciudadano a través de medidas –voy a usar un eufemismo– ‘populares’.
Ahora, tras la reprimenda presidencial por las pésimas decisiones adoptadas en el último pleno de la legislatura pasada, que incluyen barrabasadas del tipo de la anulación del antejuicio para todos los altos funcionarios, el Congreso tiene todos los incentivos para pasar a la ofensiva. “Hasta a Vizcarra lo hemos dejado sin inmunidad. Ya se ca... ese con...”, se escuchó muy elegantemente decir a un parlamentario tras la aprobación del mentado proyecto de ley. La frase, que hace rememorar el florido lenguaje utilizado en el chat fujimorista del Mototaxi del Congreso anterior, marca la pauta de un resentimiento que se gesta dentro del Legislativo. Ya sabemos cómo va esa película.
Hay dos diferencias sustanciales con el capítulo anterior de este culebrón que no parece tener fin. La primera, a favor del Ejecutivo, es que este Congreso tiene menos peso político que el anterior y que enfrentarse abiertamente al popular Vizcarra podría generarle un costo que no es conveniente en un período preelectoral. Un pedido de vacancia, por ejemplo, es muy poco probable en este escenario. La segunda, a favor del Congreso, es que, al ser el último año de gobierno, Vizcarra pierde la carta del cierre constitucional del Parlamento como arma para controlar a su oponente. Su mejor y único aliado será, como siempre, el respaldo ciudadano, del cual dependerá más que nunca.
Faltan nueve largos meses antes de las próximas elecciones presidenciales, meses en los que parece que los peruanos tendremos que sobrevivir al juego político de nuestros gobernantes.
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