Las resoluciones a favor de Lilia Paredes y otras polémicas decisiones del juez Raúl Justiniano

El viernes pasado, el juez Raúl Justianiano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tomó una polémica decisión al rechazar por segunda vez un pedido fiscal de prisión preventiva contra la ex primera dama Lilia Paredes y sus hermanos, investigados por la presunta red criminal que habría operado en el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo.

Días atrás, el magistrado también había adoptado una postura controversial al denegar al Ministerio Público el requerimiento de incautación con allanamiento y descerraje de bienes inmuebles en el caso de Sada Goray y el Fondo Mivivienda, una entidad adscrita al sector Vivienda.

A continuación, un repaso de sus controvertidas decisiones.

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El 14 de agosto del 2022, Justiniano Romero desestimó el pedido del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de acceder a las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno para verificar si la cuñada del entonces presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, estuvo escondida en la sede del Ejecutivo cuando recibió una orden de detención preliminar a inicios de ese mismo mes por el Caso Anguía.

El magistrado declaró improcedente el requerimiento del fiscal Hans Aguirre Huatuco, miembro del equipo especial, con diversos argumentos, por ejemplo, señaló que el Ministerio Público no justificó las razones por que pretendía se aprobara su solicitud de acceder a las grabaciones de los días 8, 9 y 10 de agosto del 2022.

Asimismo, alegó que la resolución judicial con la que autorizó la detención de Yenifer Paredes no incluía recabar ningún registro fílmico, “menos las relacionadas con la residencia u otros vinculados al presidente de la República, la misma que debe gestionar ante el juez competente”.

Finalmente, señaló que con lo solicitado se pretendía investigar a Castillo y el juzgado que dirige no era competente para ese caso. El Ministerio Público apeló a la decisión y el Poder Judicial le dio la razón en segunda instancia.

Como se recuerda, el 9 de agosto del año pasado, personal de la fiscalía y la policía acudieron a Palacio para buscar y detener a Paredes, pero fueron impedidos de ingresar.

Las autoridades estuvieron más de una hora en la puerta de ingreso a la zona residencial de Palacio esperando que les permitieran cumplir la diligencia. Pero cuando lograron acceder, no encontraron a la cuñada del mandatario, quien se entregó a la justicia un día después.

Actos previos de inteligencia daban cuenta de que Paredes estuvo en Palacio al menos desde el 8 de agosto. Había llegado a Lima proveniente de Cajamarca días antes en un vuelo de Latam.

Es importante señalar que, días previos, el juez Justiniano Romero no quiso resolver el pedido de detención preliminar contra Paredes; el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero; y los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana con el argumento de que no tenía competencia para resolver el caso. En esa ocasión, el equipo especial apeló y una instancia superior le ordenó al magistrado pronunciarse.

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Posteriormente, el 14 de octubre de 2022 el juez Justiniano Romero rechazó la solicitud de impedimento de salida del país de Lilia Paredes y sus dos hermanos, quienes son investigados por presuntamente haber integrado una red criminal que operaba en el Ministerio de Vivienda.

La decisión alcanzó también a Walter y David Paredes, cuñados de Pedro Castillo, y al empresario Hugo Espino, quien se acogió a la confesión sincera ante la fiscalía en agosto pasado.

Para justificar su rechazo a dictar el impedimento de salida, el juez dijo que la fiscalía no justificó qué actos de indagación requerían necesariamente la presencia de los investigados en el país.

En diciembre, días después del golpe de Estado y sin impedimentos para dejar el país, Lilia Paredes viajó a México gracias a un asilo político otorgado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Paredes Navarro, según la fiscalía, en su rol de coordinadora de la presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo, habría dispuesto reuniones para que se dé el financiamiento de la obra en el distrito de Chadín (Chota, Cajamarca) en concertación con el exjefe de Estado para así ejecutar el programa criminal de adjudicarse mediante terceras empresas de fachada, como las de Hugo Espino, la ejecución de obras en dicho distrito.

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En diciembre, luego de que Lilia Paredes viajara a México, el Poder Judicial anunció que el juez Raúl Justiniano Romero evaluaría el 6 de enero de 2023 un nuevo pedido fiscal de impedimento de salida del país contra la exprimera dama Lilia Paredes. El Ministerio Público buscaba que la medida también alcance a los hermanos de la primera dama y al empresario Hugo Espino.

No obstante, ese mismo día, en la audiencia, la fiscalía retiró dicha solicitud y planteó prisión preventiva para Paredes y sus familiares. En el caso de Espino, el Ministerio Público optó por la comparecencia con restricciones.

Posteriormente, el Poder Judicial convocó para el pasado 9 de marzo la audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra la exprimera dama y tras postergar la sesión para el 29 de marzo, Justiniano Romero rechazó la medida.

Según informó este Diario, el magistrado argumentó que la fiscalía debió haber pedido previamente que se cambie la comparecencia simple que se había dictado meses atrás contra los investigados, en lugar de pedir de frente una prisión preventiva contra ellos. El juez dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio Público vuelva a solicitar el requerimiento de prisión preventiva.

El 10 de abril, la fiscalía presentó un nuevo pedido de prisión preventiva contra Lilia Paredes y sus hermanos, esta vez por un período de 28 meses.

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El requerimiento, solicitado bajo una medida de variación de su comparecencia simple por la de prisión preventiva, también alcanza a sus hermanos David Alfonso Paredes Navarro y Walter Paredes Navarro.

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional a cargo del juez Justiniano Romero, programó la audiencia para el lunes 24 de abril a las 10 de la mañana.

La fiscalía presentó 223 elementos de convicción para sustentar su requerimiento, entre ellos las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces como el N° 04-2022-EFICCOP y CE 03-2022-EFICCOP, testigos, documentos, actas, entre otros.

Además, estimó que la pena a imponer en su contra sería entre 8 años 10 años y 4 meses de cárcel por el presunto delito de organización criminal.

A ello, indicó el representante del Ministerio Público, se suma que Paredes Navarro no tiene arraigos y sobre su peligro de fuga que este es notorio al encontrarse asilada en México desde diciembre del 2020.

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En una resolución que data de mayo último, el juez Raúl Justiniano Romero rechazó el requerimiento fiscal de incautación con allanamiento y descerraje de bienes inmuebles de 14 personas implicadas en el caso Sada Goray y el Fondo Mivivienda.

Goray ejerció influencia para designar a los directores del Fondo Mivivienda con el objetivo de que estos favorecieran a su empresa, Marka Group, en un proyecto de construcción de inmuebles de bajo costo.

Para lograrlo, la empresaria pagó una coima de al menos S/4 millones a Marrufo, como reconoció en diciembre pasado en entrevistas que dio a Latina, Canal N y El Comercio desde el exterior.

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El pasado viernes 9 de junio, el juez Raúl Justiniano Romero, rechazó por segunda vez dictar prisión preventiva contra Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo asilada en México desde diciembre pasado. Lo mismo ocurrió en el caso de sus hermanos Walter y David Paredes.

La fiscalía había solicitado esta medida contra ellos tres, investigados por el Caso Anguía. En concreto, se pidió que se varíe la comparecencia simple (sin restricciones) que venían cumpliendo desde agosto del año pasado por una prisión preventiva.

Al momento de resolver el pedido, el magistrado recordó que uno de los requisitos para varia la comparecencia simple por una prisión preventiva es que hayan evidencia (elementos de convicción) nueva. Así, al analizar la evidencia presentada por la fiscalía, advirtió que toda esta databa de mediados del año pasado, cuando se formalizó investigación contra ellos solo bajo comparecencia simple.

En consecuencia, el juez consideró que no se cumplía ese requisito para la variación por prisión preventiva para los tres investigados. Adicionalmente, sostuvo que no se debía considerar el asilo político otorgado por México a Lilia Paredes como peligro de que se afecte la investigación en su contra. Por todo ello, declaró infundada la solicitud de la fiscalía.