“Conteste, señor Martín Vizcarra”: los entretelones del tenso careo entre el expresidente y el fiscal que lo acusa

La última vez que el expresidente acudió a una sede judicial para una audiencia en su proceso por presuntas coimas de empresas constructoras, acabó siendo detenido allí mismo para cumplir prisión preventiva. Dos semanas después, la medida fue revocada en segunda instancia y, desde entonces, el proceso se desarrolló íntegramente de forma virtual.

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Eso cambió este lunes 20 y jueves 23 de octubre, cuando Martín Vizcarra volvió a presentarse físicamente en una sede de la CSNJPE, esta vez para su interrogatorio como acusado como parte de ese mismo proceso. Fue una de las últimas actuaciones en su caso antes de que el Cuarto Juzgado Colegiado de esa corte dicte su sentencia, prevista para noviembre. El fiscal Germán Juárez, su acusador, pide para él 15 años de prisión.

La declaración de un acusado es voluntaria y puede darse al inicio o al final del juicio. En el caso de Martín Vizcarra, el expresidente esperó hasta el final, luego de que todas las pruebas ya fueron evaluadas por el tribunal, para finalmente dar su testimonio. Los penalistas comentan que esto suele ser recomendado por los abogados: declarar con todas las pruebas ya actuadas, con todas las cartas sobre la mesa.

De la declaración que rindió en ambas audiencias, quedó claro que Martín Vizcarra quería ser escuchado por el tribunal que, en cuestión de semanas, podría condenarlo a prisión. Luego de cinco años de un complejo proceso judicial, esta era su primera oportunidad para explayarse ante los magistrados que decidirán si es inocente o culpable de corrupción. Era su oportunidad para convencerlos.

Quizás por eso, al expresidente se le notó algo nervioso y tenso al inicio de la sesión. Sentado solo en el banquillo de los acusados, separado de su abogado y a la mano izquierda del tribunal, su participación en la audiencia comenzó con una “declaración libre”. Esta inició con alusiones a su vacancia del 2020, en la que el Congreso tomó como justificación esta misma investigación por la que hoy está próximo a ser sentenciado.

En ese momento, el fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial Lava Jato, hizo su primera intervención. “Señora magistrada, este va a ser un interrogatorio para examinar al señor, no para hablar de temas políticos. Centrémonos en el tema”, dijo.

La juez Fernanda Ayasta, presidenta del tribunal y directora de debates del juicio, permitió que Martín Vizcarra continúe con la “introducción” de su declaración, dando la pauta de que no se extienda mucho ante de tocar directamente los temas por los que se le acusan: el pago de S/ 2.3 millones en coimas de Obrainsa e ICCGSA por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, adjudicadas durante su gestión como gobernador regional.

Al poco rato, la jueza hizo otra advertencia: que la declaración del acusado no podía apoyarse en documentos, apuntes o ayudas memoria. Martín Vizcarra había llevado y tenía entre sus manos en ese momento un fólder con varias hojas impresas, algunas de ellas con frases resaltadas.

“Así como a los testigos no se le permite ayuda memoria o documento, igual es con la declaración del procesado, porque, precisamente, es una declaración libre y espontánea”, le dijo. Vizcarra acató, pero quedó sorprendido, con las manos inquietas, ante lo precisado por la jueza.

De inmediato, Erwin Siccha, abogado del expresidente, dijo que “eso no es una ayuda memoria, sino son subtítulos para que él pueda seguir la hilación en su declaración”. “Yo lo entiendo, doctor, pero eso se puede prestar a una mala interpretación por parte de los demás sujetos procesales y puede haber objeciones”, replicó la jueza. Luego de esto, su “declaración libre” se extendió por casi dos horas.

La tesis del fiscal Germán Juárez contra Martín Vizcarra es que, a fines del 2013, dio “información privilegiada” a Obrainsa para que esta gane la licitación del proyecto Lomas de Ilo a cambio de que esta luego le pague un soborno de S/1 millón, presuntamente pagado entre enero y abril del 2014. También se le atribuye haber condicionado la firma del contrato para el proyecto de la ampliación del Hospital de Moquegua con ICCGSA a un acuerdo para que le den S/ 1,3 millón, pagos que se habrían realizado luego entre el 2014 y el 2016.

En ambos casos, el proceso de licitación estuvo a cargo de la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos); pero según la acusación fiscal, el Gobierno Regional tenía la última palabra respecto a la firma del contrato, lo que les daba un margen para condicionar a las empresas postoras.

La defensa de Martín Vizcarra, desarrollada a lo largo de su declaración y en las respuestas al posterior interrogatorio de la fiscalía, apuntó a establecer que no podía condicionar a las empresas, ya que el gobierno regional debía obedecer lo resuelto por la UNOPS respecto al ganador de las licitaciones para ambas obras

Por otro lado, afirmó que los exdirectivos de las empresas que hoy lo acusan de pedir y recibir sobornos, en realidad mintieron para canjear sus declaraciones por sentencias de colaboración eficaz que los libraron de ir prisión.

Luego de dos horas de defender esta posición, y luego de limpiarse el sudor del rostro en más de una ocasión, Martín Vizcarra finalmente comenzó a ser interrogado por Germán Juárez. El fiscal provincial y su fiscal adjunto, Osías Castañeda, habían escuchado atentamente lo dicho por el acusado y por ratos hacían comentarios entre ellos al oído.

Para esa hora, cerca del mediodía, el ambiente era más bien de calma. Durante los recesos de la audiencia, el trato entre las partes incluso era de una cordialidad propia de colegas. Todos ellos, al final, son abogados. Eso sí: el fiscal y el acusado nunca intercambiaron palabra ni saludo alguno. Esa distancia, transformada en tensión, se hizo evidente al poco rato durante el interrogatorio.

Al mediodía, Juárez comenzó interrogando a Martín Vizcarra por los otros procesos e investigaciones judiciales que tiene en marcha. Allí, reveló que tiene un proceso actualmente en desarrollo en Moquegua. Lo que no recordó, pese a la insistencia del fiscal, fue el delito por el que se le acusa allí.

-”Díganos ¿este es el único proceso que usted tiene?”, preguntó el fiscal.

-”A nivel de juicio oral, es el único”, respondió Martín Vizcarra.

-”¿Y en investigación?”

-”Tengo investigaciones posteriores a mi vacancia”

-”¿En Moquegua no tiene ningún proceso penal?”

-”Eh…cuando se dio la vacancia no tenía ningún proceso de investigación abierta. Por eso puedo relacionar directamente la vacancia con este proceso”.

-”¿Tiene algún proceso que se encuentra en control de acusación o en juicio oral en Moquegua?”

-”Sí, tengo un proceso…”.

-”¿Por qué delito?”.

-¿Ah?

-¿Por qué delito?

-”No, no recuerdo el delito. No, no sé…”

-“¿Peculado?”

-”No recuerdo, no recuerdo, pero en ese momento, en el 2020, no se había iniciado…”

-Conteste lo que le pregunto, por favor.

-No recuerdo...

-Muy bien. No recuerda. ¿Y aquí en Lima tiene procesos penales, investigaciones?

-Investigaciones sí. Todas las que han abierto ustedes.

-¿Y a raíz de hechos de cuando usted fue presidente?.

-Hay investigaciones, sí, efectivamente.

-¿Por qué delito?. ¿Nos podría decir o no recuerda tampoco?.

-No recuerdo, no recuerdo.

-Pero sí tiene investigaciones.

-Sí…

-Muy bien..

-Pero la única investigación que tomaron como análisis en el debate para mi vacancia fue esta.

Ante las objeciones de la defensa, se cambió de tema. El siguiente aspecto fue su relación con Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa que hoy lo acusa de pedir y recibir sobornos por Lomas de Ilo. Martín Vizcarra admitió que lo conoció en el 2003 y que “alguna vez” tuvieron comunicaciones telefónicas mientras se daba el proceso de adjudicación del proyecto.

Consultado por las fechas exactas, nuevamente no recordó, pero sí sostuvo que esas comunicaciones no tuvieron nada que ver con la licitación y que fueron más bien a modo de “saludo” por parte del empresario. Tampoco pudo recordar el número telefónico que usó para dichas llamadas.

Otro cruce entre el acusado y el fiscal se dio cuando este quiso dejar en claro que él, como gobernador regional, lideraba el Consejo Directivo del Proyecto Especial Pasto Grande, la unidad ejecutora a cargo del proyecto Lomas de Ilo.

-”Le he preguntado quién era el presidente del Consejo Directivo”, dijo Germán Juárez.

-El presidente del gobierno regional”, replicó Martín Vizarra.

-¿Y quién era el presidente regional en ese entonces?”

-”Dos horas estado hablando sobre mi rol como presidente regional…”, dijo Vizcarra, estirando las manos y esbozando una sonrisa

-”Conteste, señor Martín Vizcarra, ¿quién era el presidente regional?”, insistió el fiscal.

La jueza intervino, pero el expresidente, con un tono irónico, alcanzó a decir “¿no tiene más preguntas?”. “Señor Vizcarra, le pido que, cuando estoy dirigiendo el debate y voy a absolver la objeción o voy a intervenir, por favor guarde el silencio respectivo”, dijo la jueza. El exmandatario pidió disculpas y la magistrada le señaló al fiscal que ya estaba claro que él era el presidente regional y le pidió que pase a otras preguntas.

Más adelante, el acusado reconoció que pidió a Obrainsa que pague el alquiler de una avioneta para llevar funcionarios bolivianos (valorizado en S/ 30 mil) antes de que se concrete la firma del contrato. No obstante, dijo que UNOPS ya les había adjudicado la buena pro y que el pedido fue por un tema de “responsabilidad social” de la empresa.

Ese fue el último tema abordado en la sesión del interrogatorio del lunes. La audiencia se reanudó este jueves. Ese día, Martín Vizcarra se mostró más calmado en sus respuestas, que fueron en la línea ya establecida de sus defensa, aunque hubo otros momentos de tensión con el fiscal.

Cuando se le preguntó por las transferencias de dinero del Ministerio de Agricultura para el proyecto Lomas de Ilo, la defensa objetó una conclusión hecha por el fiscal como parte de su pregunta y el acusado alcanzó a comentar que Juárez tenía “mucha imaginación”. Nuevamente, la jueza le pidió evitar ese tipo de comentarios, pero el expresidente insistió que su interrogador estaba “interpretando una respuesta que no he dado”.

Durante el resto de la audiencia, Martín Vizcarra negó haber sido amigo del exministro José Manuel Hernández (otro colaborador y testigo de la fiscalía, quien declaró haber sido el intermediario para el acuerdo ilícito con ICCGSA para el pago de coimas y para la mayor parte de la entrega del S/ 1.3 millón). Según dijo, su relación fue solo profesional y era él quien solía enviarles mensajes. Añadió que solo fue a su casa en el distrito de La Molina, donde según la acusación se dio uno de los pagos, en un par de ocasiones.

A su turno, la abogada Karen Elespuru, representante de la procuraduría del Caso Lava Jato en el juicio, dijo que ante la “alta carga probatoria en contra del acusado”, ellos no iban a hacer preguntas. Luego de eso, Martín Vizcarra pasó a ser interrogado por su propio abogado.

En esa parte de su declaración, el expresidente sostuvo que entre el 2013 y 2015, años abordados durante el juicio, tuvo ingresos de utilidades de sus empresas familiares, sin especificar los montos, y que tenía una tarjeta de crédito a nombre de estas. El resto de preguntas apuntaron a reforzar su ya detallada tesis de defensa frente a la acusación.

Algunas de las preguntas fueron objetadas por el fiscal adjunto Osías Castañeda, quien las consideraba redundantes. Esto generó un nuevo momento áspero entre las partes, cuando Martín Vizcarra comentó, ante una objeción del fiscal, “eso todos lo sabemos” y su abogado añadió “eso está totalmente claro”. Castañeda reclamó a la juez por ambos comentarios.

“Con el doctor Juárez, más allá de la confrontación propia del juicio oral, todo esto ha estado fluyendo; pero cada vez que ha participado el señor Osías Castañeda siempre ha existido esta especie de, no sé, exabruptos, desde nuestra perspectiva y sin faltar el respeto, hasta animadversión hacia mi patrocinado”, dijo el abogado. “Lo que estamos cumpliendo es una labor. Descartamos cualquier animadversión. Si al abogado no le parece, es su apreciación”, respondió el fiscal.

El incidente ocasionó que la jueza advierta que, si no se superaba el incidente, se podía suspender la audiencia. Añadió que no se iban a permitir adjetivos calificativos ni peyorativos.

Al final de la audiencia, dos de los jueces que integran el tribunal también hicieron preguntas a Martín Vizcarra.

El magistrado Giovani Félix le preguntó si era habitual hacer pedidos a empresas como el de la avioneta hecho a Obrainsa. El expresidente dijo que fue algo “excepcional” y solo citó un pedido hecho a la minera Southern Cooper para invertir en educación como otro ejemplo. También le dijo que durante esos años no tuvo un número de teléfono personal, solo los que le daban las entidades donde tuvo cargos.

Palma luego le preguntó por la geolocalización que lo ubicó cerca al Jockey Plaza el día que supuestamente fue a la casa de José Manuel Hernández en La Molina. El acusado respondió que de allí fue a su casa en la avenida 2 de mayo, en San Isidro, asegurando que esta se encuentra “en la misma recta”.

A su turno, el juez Andy Rodríguez le preguntó cuáles eran los montos que recibió por utilidades de sus empresas en los años abordados y cuándo le pagaban. El acusado respondió que no tenía los montos exactos, pero estimó que fueron de “entre S/ 200 mil y S/ 300 mil soles anuales”, pagados en marzo de cada año. Añadió que podía solicitar dinero a la empresa para más gastos, pero que la manutención de su familia salía de su sueldo.

Concluido la declaración y el interrogatorio, que duró en total casi seis horas, el tribunal preguntó a la fiscalía y a la defensa si iban a presentar “prueba excepcional” antes de pasar a sus alegatos finales. Ambas partes anunciaron que sí. El debate para decidir si esta nueva evidencia será admitida para su análisis en el juicio se programó para este martes 28 de octubre

El fiscal Osías Castañeda indicó que esta prueba excepcional es “bastante relevante y guarda relación con lo que ha manifestado no solo el acusado”. Según dijo al tribunal, consistirá en “aproximadamente cinco o seis (pruebas) documentales, muy puntuales”.

A su turno, el abogado de Martín Vizcarra indicó que ellos plantearán que se interrogue a nuevos testigos y que se evalúan alrededor de diez nuevos documentos.

El juzgado primero decidirá si las pruebas son pertinentes para el juicio y si califican como “prueba excepcional”. Solo si las admiten, recién se pasará a su exposición y evaluación de fondo.

Por ahora, aún no hay fecha establecida para los posteriores alegatos finales. Todo dependerá de cuánta de esta “prueba excepcional” se admita la próxima semana. Lo que sí anticipó el juzgado es que los alegatos también se realizarán de forma presencial. Aunque sin interrogatorio de por medio, allí habrá un último cara a cara entre Martín Vizcarra y su acusador antes de la esperada sentencia.