Patricia Benavides: ¿Cuáles son los argumentos de su apelación contra su suspensión?

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinará si anula o no, la medida de suspensión en el cargo de fiscal suprema dictada contra Patricia Benavides; y con ello, reabrir la posibilidad de que se concrete su reincorporación al Ministerio Público (MP).

La mañana del jueves último, la defensa de Benavides Vargas interpuso el recurso de apelación contra la suspensión de 24 meses que ordenó el juez de investigación preparatoria, Segismundo León.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

La restricción se emitió en el marco de la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación, por el presunto delito de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, por presuntamente intervenir en un proceso vinculado a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

MIRA: Gobierno anuncia cuarta ampliación del Reinfo: Advierten complicidad con la minería ilegal

Horas después, la suspendida fiscal, junto a sus abogados Juan Peña, Jorge del Castillo, y Christian Salas, ofreció una conferencia de prensa en la que cuestionó la decisión judicial.

Benavides Vargas rechazó la suspensión en su contra, solicitada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al sostener que “se está instrumentalizando el Ministerio Público” y atropellando sus derechos fundamentales.

En esa línea, aseguró que Espinoza Valenzuela incurrió en una “desobediencia flagrante” al no ejecutar la resolución que emitió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a su favor.

“La señora Espinoza no cumplió con lo señalado en la resolución de la Junta Nacional de Justicia en la que se me restituía en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación, hay una desobediencia flagrante del cumplimiento de esa resolución y cómo hace un pedido al Poder Judicial señalando que se me suspenda como fiscal suprema y fiscal de la Nación ¿No les parece un contrasentido?”.

Patricia Benavides, exfiscal de la Nación suspendida

Juan Peña, uno de los abogados presentes en la conferencia, afirmó que la semana pasada habían solicitado que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se aparte de las investigaciones seguidas contra Benavides Vargas.

A través de un escrito, dijo, requirieron que la magistrada se “inhiba” de todas las investigaciones que tenía a su cargo contra su patrocinada, pero que hasta la fecha no habían recibido respuesta.

Por ello, anunció, presentaron un recurso de habeas corpus a fin de que sea apartada de las investigaciones y que todas las actuaciones que desarrolló en las carpetas fiscales vinculadas a Benavides Vargas, desde que se emitió la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a favor de su patrocinada; hasta la fecha en se resuelva la demanda constitucional, sean declaradas nulas.

“Estamos recurriendo a una tutela de derechos por vía constitucional para que sea destituida de las investigaciones que sigue a la doctora Benavides y que todas los actos que ha tenido desde el 13 de junio a la fecha que se resuelva ese habeas corpus, sean declarados nulos.”

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides

En horas de la mañana del jueves, Humberto Abanto, otro integrante del equipo legal de la suspendida fiscal, afirmó que una vez que se resuelva la apelación -a favor de su patrocinada- solicitarán a la Junta Nacional de Justicia que determine si la gestión de Benavides, como fiscal de la Nación, se puede extender más allá del término del período para el que fue elegida.

En declaraciones a RPP, el abogado precisó que al momento de ser electa como fiscal de la Nación, Benavides Vargas debía cumplir su gestión hasta el 1 de julio del 2025. No obstante, consideró que ante el intento de “profundizar” el agravio contra su patrocinada, por no haber sido restituida tal como dispuesto la JNJ, correspondería una “reposición de plazo”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Tribunal Constitucional contra Perú, estableció no solo la restitución (de los magistrados) cuando estaban con mandato vencido, sino la reposición del plazo perjudicado. Vamos a preguntarle a la Junta Nacional de Justicia, cuál de los criterios se aplicará; si el del caso Falconí Picardo establecido por el Tribunal Constitucional o el plazo de la Corte Interamericana.”

Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides

El Comercio accedió al escrito de apelación presentado por la defensa de Benavides Vargas, en el que se sostiene que existió una “falta de objetividad” en el requerimiento fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y que ello no fue materia de análisis por parte del juzgado.

“El caso se encuentra en manos de una funcionaria que evidentemente carece de objetividad para investigar a Liz Patricia Benavides Vargas, por lo que sus requerimientos van orientados a descartar a quien considera un obstáculo en su carrera fiscal.”

Apelación de Patricia Benavides

Y es que, para la defensa de la suspendida fiscal, la imputación contra su patrocinada de presuntamente liderar una organización criminal que habría actuado, con la finalidad de beneficiarse en el concurso de selección de fiscales supremos ante la Junta Nacional de Justicia, tendría como perjudicada a Espinoza Valenzuela, quien solicitó su suspensión temporal.

La apelación presentada por Benavides y su defensa legal cuestiona además otros aspectos como la falta de motivación de la resolución judicial, cuestionando la falta de elementos de prueba para sostener que lideraría una organización criminal, así como la falta competencia por parte del juzgado supremo de investigación preparatoria para dilucidar el pedido de suspensión, entre otros.

Así, señalan una vulneración del derecho a la prueba, pues afirman que los elementos de prueba, expresados por el magistrado Segismundo León, no alcanzan el estándar probatorio de “sospecha suficiente” para darlos por acreditados en grado de probabilidad.

Así, sobre el señalamiento de que su patrocinada habría buscado beneficiarse a través del abogado José Luis Castillo Alva y sus allegados; la defensa sostuvo que dicha premisa se sostiene únicamente en dichos y referencias, sin ningún elemento de convicción que corrobore la declaración de testigos protegidos y colabores eficaces.

Rechazaron también elementos de prueba, como una fotografía que mostraría a Benavides con los allegados de Castillo Alva en las oficinas del Ministerio Público, alegando que dicha imagen solo muestra una reunión, más no evidencia que una de las presentes sea la entonces fiscal de la Nación.

En esa línea, la apelación sostiene que el juez no valoró las pruebas de descargo que presentaron para desacreditar la vinculación que su patrocinada con los presuntos delitos imputados, argumentando que el aspirante a colaborador eficaz con identidad revelada Jaime Villanueva, ha declarado que Benavides no conocía las acciones de la JNJ sobre su persona.

“Como se puede apreciar, el JSIP únicamente ha utilizado como elementos de cargo únicamente los presentados por el titular de la acción penal, sin evaluarlos imparcialmente en su contenido total. Se aprecia que tales las declaraciones testimoniales resultan ser elementos de descargo de la responsabilidad atribuida a nuestra defendida. Se ignora deliberadamente que dichas declaraciones desvirtúan cualquier participación o injerencia en el desarrollo de las investigaciones y en el resultado de estas.”

Apelación de Patricia Benavides

Otro argumento expresado en la apelación, es la violación del “principio de legalidad procesal penal” debido a que la intervención del juzgado tendría que haberse dado, luego del procesamiento en sede parlamentaria debido a que Benavides Vargas tenía la condición de aforada (alta funcionaria).

Por ello, rechazaron el argumento judicial que señalaba que el juzgado estaba habilitado puesto que el requerimiento de suspensión fue antes de que se presente la denuncia constitucional contra Benavides en el Congreso.

“El auto apelado resulta contrario a ley procesal penal, debido a que la formalización y continuación de la investigación preparatoria, en el extremo que comprende a la ciudadana Liz Patricia Benavides Vargas, depende de que se surta el procedimiento parlamentario de acusación constitucional, en la vertiente de antejuicio político”, se indicó.

El documento de apelación también cuestiona una posible “contradicción” del juzgado al momento de resolver el pedido de suspensión señalando que la Junta Nacional de Justicia había habilitado a Benavides como fiscal suprema, y también como fiscal de la Nación, pese a que Espinoza Valenzuela venía desempeñando dicho cargo de manera ininterrumpida.

Por tanto, consideraron que si bien es cierto existe un “pronunciamiento válido” de la JNJ que ordena la restitución de Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación, ello “no ha sido ejecutado porque la requirente y los demás miembros de la Junta de Fiscales Supremos se han mostrado renuentes a obedecer el mandato restitutorio”.

Finalmente, alegaron la violación del principio de presunción de la inocencia, pues cuestionaron que el juez haya concluido que la exfiscal de la Nación, podría volver a “reiterar” presuntas conductas delictivas y que exista peligro para las investigaciones, basado simplemente en los hechos imputados contra Benavides Vargas.

“No puede admitirse que los hechos imputados sean al mismo tiempo el sustento del riesgo procesal, eso contraviene la exigencia de razonabilidad y de datos concretos que permitan concluir que la conducta del investigado generará un riesgo para la investigación. Sobre todo, considerando que el presente caso ya no se encuentra en el ámbito de competencia fiscal sino a espera de la decisión del Congreso de la República”, concluyeron.