Fuerza Popular evaluará si pide auditoría a gobierno de Balcázar tras concluir transferencia

El partido Fuerza Popular, de la presidenta de la República electa Keiko Fujimori, evaluará, una vez que concluya el proceso de transferencia de poder, si solicita o no a la Contraloría General de la República auditar el gobierno de José María Balcázar, según refirió el portavoz de esa agrupación en la cámara de diputados, Arturo Alegría.

Balcázar, congresista elegido por Perú Libre, juró como mandatario en febrero último, tras la censura a José Jerí por el llamado “chifagate”.

“Todo es evaluable. Sin embargo, más allá de hacer los controles, eso lo va a determinar el proceso de transferencia, [cuando tengamos] un reporte sobre cómo se recibe el Estado, luego de eso, se tomará una decisión”, manifestó Alegría en comunicación con El Comercio.

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El actual congresista, además, dijo que la prioridad del fujimorismo es activar mecanismos para mostrar “un cambio en la gestión del Estado” en los primeros 100 días del gobierno de Fujimori Higuchi.

También criticó que la administración de Balcázar continúe realizando cambios y nombramientos en altos puestos del Ejecutivo, cuando ya solo le quedan dos semanas en el poder y a pesar de la solicitud de su partido para que cese con este comportamiento.

“No entendemos la lógica para aplicar cambios direccionales en el Estado, si lo haces es porque tienen en mente implementar una política pública. Pero qué tipo de política pública se puede implementar en dos semanas. No hay razón alguna para hacer nombramientos. Nos llama mucho la atención. Y seguro es un pago de favores”, expresó.

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Al ser consultado sobre si en la reunión que Fujimori Higuchi sostendrá con Balcázar el jueves en Palacio de Gobierno, ella le pedirá no continuar con designaciones, Alegría respondió que todas las acciones que se adoptan desde la Oficina de la presidenta electa, como la carta enviada por Marco Vinelli, cuentan con el respaldo de ella.

“Esperemos que, del otro lado, que de parte de Balcázar exista el entendimiento suficiente y el acceso a este pedido”, subrayó.

De otro lado, Alegría dijo, a título personal, que el presidente de la República saliente no debe tomar una decisión sobre la situación legal del exmandatario Pedro Castillo, quien en las últimas semanas ha presentado una serie de solicitudes para recibir un indulto y gracia presidencial común.

Castillo fue condenado en primera instancia, en noviembre último, a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del golpe de Estado que anunció en televisión nacional el 7 de diciembre de 2022, que derivó en su detención en flagrancia y vacancia por incapacidad moral permanente.

“A título personal, el señor Balcázar no debe tomar una decisión de este tipo en medio de un proceso tan corto de gobierno”, refirió Alegría.

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El congresista fujimorista consideró que Castillo Terrones no es un preso político y que su cárcel se justifica por el golpe de Estado que anunció.

“La atención de la presidenta electa, cuando asuma, va a estar orientada a combatir la inseguridad y el fenómeno de El Niño, eso es lo que nosotros vamos a priorizar”, concluyó.