Luego de que se declarara el Estado de Emergencia en el Perú, una de las figuras más consultadas durante este momento convulso es la inviolabilidad de domicilio, algo que deja de ser válido durante la situación actual del país. Es por eso que en esta nota te contaremos qué es lo que significa esta forma política que se aplica en decretos como los que se viene ejecutando en este momento a nivel nacional.
Según se precisa en los medios de comunicación y de acuerdo con la Constitución Política del Perú, las personas tienen el derecho de la inviolabilidad del domicilio, que señala:
“Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley”, se puede leer.
Esto quiere decir que nadie puede entrar a tu casa sin tu consentimiento o el de los propietarios, esto con el fin de proteger el espacio físico privado de los ciudadanos. Menos podrán registrar o realizar alguna investigación sin alguna orden judicial.
Sin embargo, un ciudadano puede perder el derecho de inviolabilidad de domicilio cuando existe una orden judicial, flagrante delito o peligro latente para la perpetración de un delito.
“Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie”, se explica.
Cabe precisar que el plazo máximo para el Estado de Emergencia no debe exceder los sesenta días. En caso de prórroga, deberá emitirse un nuevo decreto.
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Perú vive una vez más una crisis política luego de que el miércoles, el ex presidente Pedro Castillo, anunciara la disolución del Congreso y la conformación de un ejecutivo de emergencia, la reorganización del sistema judicial y la convocatoria de una asamblea constituyente; todo esto antes de ser interceptado cuando supuestamente se dirigía a pedir asilo político en una embajada.
Fue así que Dina Boluarte se convirtió en presidente del Perú.
Las medidas tomadas por el entonces presidente Castillo fueron consideradas mayoritariamente como un golpe de Estado, incluso por Dina Boluarte, quien ocupaba la vicepresidencia en ese momento y que fue electa en 2021 en la candidatura que encabezaba el ahora investigado.
En este sentido, la nueva presidente pidió evitar “conflictos que pongan en riesgo” la “hermandad” de los ciudadanos.
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“Estoy atenta a preocupaciones y demandas sociales y ofrezco mi mano abierta para atender justos reclamos”, dijo en referencia a las pequeñas manifestaciones que se han reproducido en distintos puntos del país en rechazo al Congreso.
Sin embargo, muchas de las exigencias que se realizan dentro del interior del país no solamente serían por el rechazo al Congreso, sino también a un pedido popular: un llamado a nuevas elecciones generales, algo que hasta el momento Dina Boluarte no se ha referido y que al ser consultada habría destacado que se debe cumplir el mandato completo.
Por su parte, además, Dina prometió “seguir reactivando el país”, la nación del mundo con más muertes por COVID-19, “y atender las necesidades más urgentes para los ciudadanos”.
“Quiero asegurarles que he trabajado arduamente para conformar un gabinete ministerial por la unidad y consolidación democrática que esté a la altura de lo que requiere el país. Un Gobierno que trabaje por la reactivación económica y justicia social, y nos encamine por la senda del progreso”, subrayó.
Finalmente, aseguró que “el Gobierno de unidad nacional será para todos los peruanos” y sostuvo que mantendrá el “diálogo” para la “concretización del crecimiento económico y la cohesión social”.
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El Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, decretó este miércoles el Estado de Emergencia, a nivel nacional, por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en su contra, en tanto el expresidente Pedro Castillo seguirá detenido, al menos, 48 horas más.
Tal como adelantó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, el decreto supremo que declara el estado de emergencia fue publicado este miércoles en una edición extraordinaria de la gaceta de normas legales.
En su primer artículo, precisó que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Durante el estado de emergencia, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, detalló en su segundo artículo.
Respecto a la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el decreto precisó, en su artículo cuarto, que se efectúa conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza de los militares.
En sus considerandos, la norma recordó que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación”.
En este caso, el Ejecutivo adoptó esta medida después de unos cuatro días de violentas manifestaciones y vandalismo en varias regiones del país con el saldo de ocho fallecidos, más de 200 policías heridos y un número indeterminado de detenidos y civiles lesionados.
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