El director del Instituto Peruano de Economía (IPE) señaló que el actual gobierno tiene la misión de sentar las bases para el próximo periodo. Consideró que deben revisar algunas medidas impulsadas desde el Congreso que afectan las arcas estatales.
- Esta mañana, la ministra de Economía, Denisse Miralles, reiteró que cumpliremos la meta fiscal de 2,2% este 2025. ¿Es posible realmente cumplirla?
Este año la economía ha venido creciendo a tasas más altas de lo que la mayoría había anticipado. Eso beneficia por el lado de los ingresos y es posible que se llegue cerca a la meta fiscal de 2,2% del PBI este año. La preocupación podría ser que, por llegar quizá faltando unas décimas, haya alguna suerte de contabilidad creativa —como ha ocurrido antes— con algunas transferencias del Banco de la Nación u otras operaciones. Lo que hay que cuidar es que, si se llega, sea por un esfuerzo real por contener el gasto y no resultado de mover cifras solo para alcanzar el punto.
- En este momento del año se debate y aprueba la Ley de Presupuesto, lo que siempre implica un riesgo (fiscal). ¿Existe preocupación por lo que pueda ocurrir con la Ley de Presupuesto?
Es un tema delicado porque estamos entrando al 2026, que es un año especial: ese presupuesto lo aprobará este gobierno, pero solo ejecutará una parte; del resto se encargará el siguiente gobierno que sea elegido. Eso hace que estos años sean particulares.
Ya hay un proyecto de presupuesto —si no recuerdo mal, de S/ 257.000 millones— y la estructura que se ha planteado desde el Ejecutivo, por monto, no se ve dramática ni preocupante. Sin embargo, cuando bajas al nivel de la composición, sí aparecen algunos problemas. Por ejemplo, el presupuesto se está volviendo más rígido que hace unos años, con mayor proporción del gasto en remuneraciones, y esos son temas que luego no puedes ajustar. Esto es importante porque hoy tenemos precios récord de minerales, del oro y del cobre, pero no sabemos cuánto durarán. No puede pasar que, luego de un ciclo de auge, queden gastos altos —sobre todo en remuneraciones que no puedes ajustar— y llegue una bajada fuerte de ingresos.
Ese tipo de estructura de gasto rígido, junto a un ciclo económico a la baja, han motivado los problemas actuales de Bolivia y Ecuador. Si bien aquí hemos sido más prudentes, sí es una preocupación que deberíamos atender. La preocupación fiscal podría empezar a ser más relevante en los siguientes años. No estamos acostumbrados a que sea importante, y eso nos hace más vulnerables, porque no tenemos una memoria reciente de crisis fiscales.
- El presidente Jerí ha sido enfático en decir que su gobierno será austero en gasto corriente. ¿Es realmente posible a estas alturas del año?
Sí. Mucho del presupuesto se juega en diciembre, el mes más importante en cuanto a gasto. Si hay un momento para ajustarse el cinturón, es ahora: noviembre y diciembre. Podría haber algún esfuerzo ahí. Ha habido algunas ayudas adicionales, como pagos extraordinarios de deuda que han ayudado a cerrar parte del déficit. Más allá de eso, ojalá que, a partir del próximo año, cuando el presidente Jerí tenga unos siete meses de administración, pueda empezar a poner algunas piezas en orden para tener un presupuesto más ordenado desde el 2027 en adelante.
- ¿Hay alguna medida clave?
El presidente del Consejo de Ministros ha manifestado en más de una ocasión que presentará este recurso al Tribunal Constitucional para reinterpretar el artículo 79, que limita la iniciativa de gasto del Congreso. Esto puede demorar un buen tiempo, pero si lo logra y genera una corriente de opinión favorable sobre la necesidad de mantener ese candado fiscal, será algo positivo. Eso se ha relajado hoy. Ojalá se pueda corregir pronto. Este gobierno, con los meses que le quedan, tiene una buena oportunidad para, por lo menos, presentar el caso, lo que sería una gran contribución a la estabilidad fiscal.
- De otro lado, el gobierno ha indicado que pedirá facultades delegadas, incluyendo la posible eliminación de algunos feriados. ¿Es esto oportuno?
En el Perú sí se nos ha pasado la mano con los feriados. Y no solo eso, sino con la idea de que el sueldo debe mantenerse igual o aumentar, independientemente de las horas trabajadas o de la productividad. Hemos divorciado la idea de que las mejoras salariales deben ser consecuencia de mayor productividad. Crear más feriados implica suponer que, con menos trabajo, se produce lo mismo, y eso no es verdad. Esa noción básica no ha calado lo suficiente —especialmente en el Congreso— y ese sentido común debería retomarse.
Desde un punto de vista populista, claro que nadie quiere trabajar más por el mismo sueldo, pero justamente por eso el legislador y el gobierno deben tomar decisiones responsables.Este podría ser un buen momento para hablar de flexibilidades laborales y más opciones que permitan que empleadores y trabajadores discutan directamente las condiciones de trabajo. Hoy el marco laboral es asfixiante [sobre todo para las grandes empresas] , con más de 2.000 páginas de normas. No tiene sentido. Podríamos aprovechar este debate sobre los feriados para abrir una conversación más amplia sobre condiciones laborales más flexibles y un intercambio más natural entre empleados y empleadores.
- Además del tema laboral, ¿qué otras cuestiones podrían o deberían incluirse en las facultades delegadas?
Algunos puntos importantes serían los temas de infraestructura —especialmente inversión pública— y el fortalecimiento del marco de asociaciones público-privadas (APP), como se discutió en CADE. Esto debe verse con responsabilidad fiscal, considerando el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No soy partidario de sacarlo demasiado de la ecuación, debe haber un control claro y responsable de parte del MEF. Sí, hubo impulso para cambiarlo. Pero hay que evaluar con cuidado, porque algunas modificaciones pueden tener efectos fiscales contingentes. Aunque no generen gastos inmediatos, pueden implicar responsabilidades futuras para el Estado, y ahí el MEF debe tener alertas claras.
Mucho de esto no será para el presente gobierno, pero eso también puede verse como una oportunidad: este gobierno no tiene que buscar popularidad ni preparar una base política para cinco años. Podría aprovechar para impulsar reformas necesarias, aunque impopulares, que podrían quedar como legado. Si este gobierno no las plantea ahora, será aún más difícil para el siguiente hacerlo.
