La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) pidió al presidente de la República, Pedro Castillo, que se pronuncia ante las recientes declaraciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre un eventual cierre de minas en Ayacucho.
“A estas alturas el presidente tiene que ejercer su liderazgo porque claramente la Presidencia del Consejo de Ministros no ha aclarado ni rectificado esta situación”, dijo Óscar Caipo en declaraciones a Exitosa.
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“Es necesario que el presidente se pronuncie y siente posición con respecto a este tema tan grave”, añadió Caipo tras asegurar que “el daño” al sector minero “ya está hecho”.
El presidente de Confiep alertó que las cámaras de comercio internacionales e inversionistas extranjeros en el sector se han mostrado en contra de esta potencial medida.
“Si seguimos con comunicados como el que ha sido la respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros en las cuales ha ratificado que hay estas fechas que les han dado las empresas, quiere decir que el sector minero tiene fecha de caducidad en el Perú entre el 2022, 2023 o 2024, de acá a 2 o 3 años porque así dice la fecha del plan de cierre de minas y esto tiene implicancia no solamente para las empresas sino que más de 2 millones de trabajadores tendrían sus puestos de trabajo con fechas de caducidad”, indicó.
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La Confiep ha pedido también a la PCM que se aclare el plan de cierre de minas y que las solicitudes de las empresas para continuar operando puedan ser evaluadas y extendidas en caso cumplan con los requisitos establecidos.
“Tanto los viceministros de Gestión Ambiental como de Minería han reconocido que los planes de cierre de minas son instrumentos vivos dinámicos, no es una fecha definitiva. En función de que se encuentren más recursos y hayan solicitudes, estos se amplían si es que se cumplen con todos los aspectos legales y normativos”, puntualizó Caipo.
Desde que se dieron a conocer estas nuevas disposiciones, grupos antivacunas han compartido información con la que señalan que las futuras restricciones van en contra de sus libertades personales y atentan contra sus derechos fundamentales.
Constitucionalistas consideran que nuevas disposiciones son proporcionales y razonables por la pandemia del coronavirus. 
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